El diario británico Financial Times publicó un artículo en el que asegura que el programa económico que promueve Javier Milei podría verse alterado por un “tsunami de juicios” contra el Estado ante tribunales internacionales. La situación devendría de “las prolongadas disputas legales de la Argentina con muchos de sus antiguos inversores” que tienen “miles de millones de dólares en daños y perjuicios en juego”.
Según señala el texto, “demandas por decisiones tomadas por gobiernos anteriores, desde expropiaciones hasta cambios en los pagos de bonos, están avanzando en tribunales de Estados Unidos y Europa, y los demandantes están presionando al gobierno para que negocie.
La nota menciona declaraciones del director de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril, quien afirmó que “desafortunadamente para Milei, un tsunami de sentencias que se ha ido acumulando durante dos décadas ahora se está desatando, con fallos finales en todos los casos [importantes] que deben resolverse en su mandato de cuatro años”.
“Mientras Milei dice que pagará las obligaciones de su país, a puertas cerradas los funcionarios advierten que el gobierno luchará hasta el final para reducirlas y proteger los escasos recursos de Argentina”, agregan en el análisis.
En esa línea, citan las cifras de las que habló el consultor y señalan que “las indemnizaciones en los casos en curso contra la Argentina podrían ascender a 31.000 millones de dólares sin intereses”. No obstante, destacan que fuentes del Gobierno aseguraron que esos números son “altamente especulativos” ya que “incluyen más de 12.000 millones de dólares en indemnizaciones estimadas por reclamos sobre los cuales los jueces aún no se han pronunciado”.
De la misma manera, aluden a la sentencia por 16.000 millones de dólares que un tribunal de Nueva York impuso por la expropiación de YPF. Frente a eso, resaltan que “mientras la Argentina está apelando, argumentando que la decisión fue defectuosa y que la indemnización fue “groseramente inflada”, el tribunal está sopesando si obligar a la Argentina a entregar el 26% de las acciones de YPF que posee el gobierno de Milei como pago, mientras espera una decisión de los tribunales superiores.
“También se están acumulando silenciosamente otras reclamaciones. El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido se negó a escuchar la apelación de la Argentina a una sentencia de 1500 millones de dólares por cambios en la forma en que el país calcula el PBI, que redujeron los pagos de sus bonos vinculados al crecimiento. El gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución”.
Además, recuerda que “un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de 340 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno argentino en 2008″.
La administración de Milei, continúa la nota, “ha sido profundamente crítico de los gobiernos peronistas de izquierda que tomaron las decisiones políticas controvertidas y se ha comprometido a superar la reputación de la Argentina como un moroso serial. A modo de ejemplo, mencionó declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aseguró que “el compromiso es trabajar cada día para volver a ser un país serio a los ojos del mundo”.
Sin embargo, el influyente diario económico resalta que “la Argentina no tiene dinero para pagar”. “El banco central del país tiene reservas insignificantes de divisas y ya enfrenta interrogantes sobre cómo hará para pagar más de 14.000 millones de dólares en deuda soberana que debe a los tenedores de bonos y a los prestamistas multilaterales el año próximo”.
En este escenario, indican que “las autoridades argentinas dicen que agotarán las posibilidades legales para proteger el erario público, tanto en los casos sin sentencia definitiva como en los juicios por un valor de casi 2400 millones de dólares en los que ya no se puede apelar la decisión, pero sí se puede impugnar su ejecución”.
“Ejerceremos nuestro derecho a proteger nuestros activos como lo haría cualquier soberano. A nadie le gusta mantener abiertos los litigios, pero tenemos muchas exigencias sobre nuestros recursos, especialmente dadas las limitaciones del sector fiscal, de las que los acreedores judiciales son muy conscientes”, dijo un funcionario del gobierno al sitio europeo.