CALI, Colombia.- Hace dos años, en la COP15 que se realizó en Montreal, 196 países y grupos de países, se comprometieron –entre otras 22 metas más establecidas en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal– a cumplir el objetivo 30×30, es decir alcanzar el 30% de áreas protegidas terrestres y marinas antes de 2030. Desde entonces, los avances han sido insuficientes.

Según datos del monitor de progreso de esa meta de SkyTruth y Bloomberg Ocean Iniciative, en 2022 apenas el 14,6% de la Tierra estaba protegida. Ahora, el 14,7% y, si se mantiene este ritmo de crecimiento, para 2030, en lugar de tener el 30% de las áreas protegidas a nivel mundial, será apenas la mitad. Y los océanos lo tienen más difícil. Mientras que en la superficie terrestre el 14,7% tiene protección, en el caso del océano este número es solo 8,3%.

Los océanos son fundamentales para garantizar la vida humana en la Tierra. Son grandes capturadores de carbono y calor. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), absorben el 23% de las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2) producidas por la actividad humana y el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Representan el ecosistema más grande del mundo y son el hábitat de un millón de especies.

Durante la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP16, se llegó a un importante primer paso para garantizar la conservación de los océanos: el acuerdo para actualizar las Áreas Marinas de Importancia Ecológica (EBSA) tanto en aguas de jurisdicción nacional como en las internacionales.

“Lo que teníamos [hasta antes de que se alcance este acuerdo] era una primera tanda de áreas identificadas. En lo que los países no lograban ponerse de acuerdo era en cómo actualizar o cómo identificar áreas nuevas”, explica Andreas Hansen, director de Políticas de Océanos Globales de The Nature Conservancy sobre esta negociación que se extendió durante ocho años. Y agrega: “Los argumentos que complicaban las negociaciones eran cuestiones de soberanía como, por ejemplo, quién puede describir un área como biológica y ecológicamente como importante y, qué pasa cuando alguien define un EBSA en un país que no es el propio”.

Esta decisión –fundamental en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal– establece la conformación de un grupo de expertos mundiales, que basándose en criterios científicos, deberán detectar y describir EBSA. El acuerdo incluye, además, la participación activa de pueblos indígenas, comunidades locales y otros grupos en el proceso de conservación y cuenta con el financiamiento de países como Alemania, Canadá y Suecia para realizar talleres científicos y técnicos.

“El océano es un ecosistema dinámico y afectado por el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Por eso, es fundamental poder actualizar el listado de áreas marinas de importancia ecológica y biológica”, sostiene Hansen en diálogo con LA NACIÓN.

Este lunes un grupo de filántropos ya había anunciado un fondo de US$51,7 millones para acelerar el desarrollo de la creación de áreas protegidas marinas en altamar de alta calidad. Todas estas son grandes noticias para la conservación de los océanos y resultan en que especialistas la califiquen como la COP de Biodiversidad “más azul” de la historia.

Pero, ¿cómo alcanzar efectivamente la protección?

El océano es un problema común entre naciones. Solo un tercio es jurisdicción de los países, los dos tercios restantes son considerados altamar y solo un 1% está completamente protegido. Y las especies marinas, especialmente las migratorias, no entienden de delimitaciones. Los especialistas señalan que la falta de normas y coordinación del pasado han dejado estos ecosistemas vulnerables a la sobreexplotación.

Es por eso que, la adopción del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés) en 2023 en las Naciones Unidas, también conocido como el Tratado de Altamar, fue histórica. Y se espera que en un futuro haya sinergia entre este tratado internacional y las nuevas EBSA detectadas. “La detección de estas áreas no implica ninguna obligación sobre su manejo y allí es donde el BBNJ entra en acción”, explica especialista en Gobernanza de los Océanos Nichola Clark de The Pew Charitable Trusts sobre el flamante acuerdo al que se llegó esta semana en la COP16.

El BBNJ provee un marco legal para poder crear áreas marinas protegidas en altamar. Por eso, es clave para alcanzar a la meta 30×30. El BBNJ ya fue firmado por 105 países, entre ellos la Argentina, pero para que entre en vigor se necesita que 60 países lo ratifiquen y, por ahora, solo 14 lo hicieron. Al menos una nación de cada continente firmó y ratificó el BBNJ, excepto por América del Norte. Es interesante saber que, si un país firmó no puede tomar acciones contrarias al tratado y eso ya representa una gran obligación asumida por gran parte del mundo.

En los pasillos y eventos de la COP16, aquí en Cali, la polución, la presencia de microplásticos, la minería en aguas profundas, el aumento de la temperatura y la sobrepesca son señaladas como las grandes amenazas de las que es necesario preservar a los ecosistemas marinos.

Organizaciones que buscan proteger el océano comenzaron una campaña con el objetivo de lograr que otros 46 países ratifiquen BBNJ antes de la próxima conferencia sobre océanos de Naciones Unidas en junio de 2025. Una vez ratificado, deben pasar 120 días para que el tratado efectivamente entre en vigor y la esperanza es que lo haga a fines de 2025. De esta forma, se contaría con al menos cinco años para la crear áreas marinas protegidas —un proceso que se espera sea lento— y alcanzar la ambiciosa meta 30×30.

Cómo se beneficiaría la Argentina

La Argentina firmó el BBNJ o Tratado de Altamar el 18 de junio de 2024, pero aún no lo ratificó. Para que eso ocurra, se necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso. Este tratado internacional le brindaría un marco legal al país para poder actuar sobre una de las principales amenazas que enfrenta el Mar Argentino: la sobrepesca más allá de la milla 200 frente al Golfo de San Jorge entre las provincias de Chubut y Santa Cruz.

La concentración de buques extranjeros que pescan principalmente calamar al límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) se explica porque este es un sitio con menos de 200 metros de profundidad en altamar y gran biodiversidad marina. “Actualmente la Argentina no tiene la competencia para actuar al respecto y el problema es que la naturaleza no entiende de límites”, sostiene Laura Lapalma, coordinadora del Proyecto de Biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Según Lapalma, la sobrepesca es solo una de las dos grandes amenazas que enfrenta el Mar Argentino. La otra ocurre dentro de la jurisdicción nacional: la exploración offshore. “Avanza aceleradamente con distintas autorizaciones que presentan su evaluación de impacto ambiental con serios vacíos de información, contradicciones y faltan certezas científicas”, alerta. Y denuncia: “Cada evaluación de impacto ambiental se hace por cada lote que se autoriza, pero no hay una evaluación estratégica de cómo van a impactar acumulativamente estas exploraciones al Mar Argentino”.

¿Cuál es el grado de protección del Mar Argentino?

Actualmente, la Argentina cuenta con tres áreas protegidas marinas y 72 marino-costeras que preservan 16.609.305 hectáreas de la plataforma submarina, es decir, el 7,11%. Y este número podría crecer.

Un proyecto de ley de 2022, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca crear un área protegida bentónica —es decir, del lecho del mar y no la columna de agua— en el Agujero Azul, la misma zona donde se concentra la mayor parte de la pesca fuera de la ZEEA. Esto es posible ya que en 2019 se incorporó la extensión de la plataforma argentina (ley N°27.757) y el país tiene soberanía del lecho marino hasta la milla 350.

La creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul permitiría preservar aproximadamente al 8% de la plataforma continental extendida. Sin embargo, si el Senado no lo trata antes del fin de este período parlamentario, perderá estado legislativo.

En los últimos dos meses se desarrollaron dos reuniones informativas y el proyecto de ley se encuentra a la espera de obtener un dictamen favorable de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Edith Terenzi, senadora nacional por Chubut de Cambio Federal, y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ezequiel Atauche, senador nacional por Jujuy de La Libertad Avanza.