Desde el 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro lleva adelante un operativo despiadado de represión contra la población venezolana con el que intenta aplastar a toda oposición pacífica a su gobierno. Así lo evidencia en su último informe la misión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear la situación en Venezuela, en el que se exponen “violaciones graves de derechos humanos” sin precedente, que incluyen “detenciones arbitrarias masivas, torturas y violencia sexual” dentro de lo que se configura en el derecho internacional como “crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”.
Por lo menos 1848 personas fueron detenidas en el período postelectoral, según la ONG Foro Penal, entre las que se encuentran dirigentes opositores, ciudadanos comunes, y más de un centenar de menores de edad. El reporte de la ONU advierte de por lo menos 25 personas asesinadas a causa de disparos de armas de fuego, incluidos niños.
Estos actos son parte de un mecanismo planificado para silenciar voces e instaurar el terror en la población en el que es evidente un “alineamiento entre los distintos poderes del Estado para hostigar a la sociedad civil”, dijo a LA NACION Francisco Cox, abogado penalista chileno y uno de los miembros del equipo del Consejo de la ONU que durante años ha documentado la represión del régimen venezolano.
En conversación telefónica con este medio, Cox alerta sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado y mecanismos de represión nunca antes vistos para acallar a cualquier persona que consideren opositora en el camino a la toma de posesión de un nuevo mandato, tras la proclamación de un triunfo electoral que no fue comprobado y que es disputado por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.
-El informe menciona que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para “aplastar toda oposición pacífica a su mandato”. ¿Qué mecanismos de represión han visto en el período postelectoral que nunca antes habían registrado en Venezuela?
-Justo antes del período electoral emitimos otro informe en el que registramos que la estructura represiva fuerte del Estado estaba latente. Había algunas expresiones de tortura, detenciones selectivas a líderes sociales y parte de la oposición, o el doble uso de las instituciones legítimas como los fiscales tributarios para perseguir a medios de comunicación, caducar concesiones radiales, o clausurar espacios de reunión de la oposición. Lo que ocurre a partir del 28 de julio en la noche es que esos aparatos represivos que estaban latentes se activan de manera muy rápida. Se disparan las detenciones selectivas junto con detenciones masivas indiscriminadas que tenían como objetivo personas que participaban en protestas postelectorales o que apenas estaban cerca de la zona, simplemente circulando y por el aspecto o por ser gente joven se los detiene. Otra novedad que detectamos es que, desde que lo estudiamos de 2014 a 2024, por primera vez las autoridades reportaron números de detenidos mucho más altos que los que reportaban las ONG de derechos humanos. Había un diferencial entre la cantidad de detenidos reportada por el propio presidente Nicolás Maduro o el fiscal general [Tarek William] Saab y las organizaciones.
-¿A qué lo atribuyen?
-No tenemos las razones concretas de por qué sucedió esto, pero sí algunas hipótesis. Una muy clara es la posibilidad de querer generar un temor en la población y por lo tanto, a la vieja usanza de los gobiernos autoritarios, el mensaje es “usted no se meta en estas cosas porque puede terminar detenido”. Otra que tenemos que investigar es si el gobierno estaba dando una instrucción implícita del número estimado de detenidos al que tenía que llegar la tropa. En esta línea, se engarza razonablemente con el hecho de que el fiscal general tenía un listado de delitos que iba a imputar antes de las detenciones. Generalmente, en un Estado de derecho, la fiscalía investiga y luego dictamina los delitos aplicables a cada persona. Pero acá lo que vimos es una especie de menú de delitos previo a que se detuvieran a las personas, y luego esos delitos se le etiquetaban a determinadas personas. Tanto los controles de detención como la formulación de cargos se llevaban adelante de manera masiva y telemática, sin singularizar la participación de cada una de las personas detenidas.
-Según el reporte obtuvieron información sobre la detención de 158 menores de edad.
-Eso es otra cosa preocupantemente novedosa, la cantidad de niños, niñas y adolescentes detenidos por las fuerzas de seguridad. Para que tenga una idea, tuvimos que reenfocar nuestro informe general para observar esta situación que se empezó a generar después de las elecciones. Nos encontramos investigando en este momento cómo viven estos menores en detención.
-Siendo la detención de menores algo nuevo de la maquinaria represiva con la que opera el régimen. ¿Qué mensaje cree que busca dar el régimen con esto?
-A mí me parece que esto es como una escalada más para infundir temor en la población con el fin de que no manifieste sus opiniones contrarias. Cuando nosotros hablamos de la oposición en nuestros reportes hablamos de opositores y a los que el gobierno “percibe como tales”. Con eso queremos indicar que necesariamente no son todos políticos, sino que pueden ser personas que en las redes sociales hacen algún tipo de crítica al gobierno, aunque sea menor, ni siquiera un juicio de valor sobre si tiene que seguir o no en el poder. Ya alguna crítica sobre la transparencia del proceso es motivo de posible detención a ojos del régimen. En este período podemos concluir finalmente, con base razonable para creer, que se produce el delito de persecución.
-¿Qué tipos de violaciones a los derechos humanos han registrado en el período postelectoral?
-La tortura, donde por supuesto está incluida la violencia de género ya que hemos documentado casos de violencia sexual. La detención arbitraria, tanto la masiva e indiscriminada, como la selectiva. No solo detenciones de líderes reconocidos a nivel nacional, pero también personas que participaron en la esfera local en roles de testigos de mesa. Eso ha sido muy llamativo. También, algo que siempre se ha producido en Venezuela pero que ahora se extendió mucho, es impedir a las personas detenidas a acceder y a elegir a sus abogados, e incluso algunos abogados siendo detenidos a la hora de ejercer su función. Se incrementó este alineamiento entre los distintos poderes del Estado para hostigar a la sociedad civil, que es la que probé. Toda esta conjunción de factores hace muy difícil la denuncia [contra el régimen] y que los venezolanas puedan expresarse libremente o tener una vida normal.
-¿Todas estas violaciones a los derechos humanos llegan desde las esferas del Estado en conjunto con grupos paraestatales, como los “colectivos”?
-Lo estamos investigando, pero en las primeras imágenes del período postelectoral se ven zonas en las que las fuerzas de seguridad se repliegan y dejan lugar para que entren grupos civiles. Es difícil acceder a esta información, pero efectivamente se observa esta sincronía del Estado de dejarlos participar sin ningún tipo de control ni resguardo. Se les ve a civiles disparando al lado de fuerzas policiales y no hay detención ni investigación de estas personas y esto sin dudas genera mayor temor en la población.
-Recientemente se liberaron decenas de detenidos, ¿por qué cree que el régimen tomó esta decisión?
-No lo sabemos, ni siquiera tenemos certeza del número. Todo lo que está ocurriendo ahora es lo que estamos investigando. Pero hay que tener en cuenta que está siendo muy difícil que la gente pueda atreverse a hablar. Esto también ha sido una práctica permanente del Estado venezolano: libera a la gente de la cárcel, los dejan sujetos a medidas cautelares en las que esta prohibido hablar de su caso y, si lo hacen, eso puede ser considerado por la autoridad judicial como infracción grave y por lo tanto arriesgan a volver a la cárcel. Así es como mantienen el control de que no se siga informando.
-De cara al 10 de enero ¿temen que la maquinaria represiva se endurezca?
-Estamos atentos. También estamos preocupados por las citaciones [a declarar al Ministerio Público, la última la de un coordinador de la ONG Provea]. Cada una de esas citaciones genera temor de que esa persona pueda ser detenida arbitrariamente. En cuanto a la supuesta investigación contra María Corina Machado, en nuestros informes hemos dado cuenta del uso del sistema de justicia como parte de la política de aplastamiento de la oposición. En cualquier sistema occidental de derecho, si [la persona citada] no concurre a una citación de la autoridad, da pie para que soliciten una orden de arresto al juez. En este caso, uno concurre sin saber la condición, los antecedentes, obviamente es preocupante porque no sabes en calidad de qué vas, ¿de testigo o de imputado? Si vas en calidad de imputado, entonces te deberían dar acceso a la información del cargo por el que te están imputando. En Venezuela el sistema de justicia es funcional a la política de Estado, sin duda es preocupante. Y ahí la comunidad internacional tiene un rol que cumplir. Y cuando digo la comunidad internacional digo las embajadas alojadas en Caracas.
-¿Se refiere a que deberían dar asilo?
-Claro. Argentina y Brasil jugaron un rol muy importante en los días posteriores y previos a la elección. Brasil puso diferencias políticas de lado por un principio mucho mayor. Uno esperaría que otros países de la región que siguen con sus misiones diplomáticas dentro de Venezuela cumplan un rol parecido. Y quizás, podríamos esperar que puedan acompañar, por ejemplo, a las personas citadas a declarar. Que en el fondo la comunidad internacional cumpla su rol de protección y no solamente el de constatación de violaciones de derechos humanos.
-En esta línea, ¿qué diría ante el asedio a la embajada Argentina en la que hay seis opositores refugiados?
-Es importante que la comunidad internacional cumpla con sus obligaciones de dar protección a las persona que son objeto de persecución. Toda la comunidad internacional debe instar al pleno respeto de las inmunidades diplomáticas. Es un pilar fundamental del derecho internacional.
-El electo presidente de Estados Unidos Donald Trump promete llevar adelante deportaciones masivas al llegar a la Casa Blanca, que incluiría a venezolanos. ¿Podría implicar violaciones a los derechos humanos?
-Hay un principio básico que es el de no devolver a un país donde te pueden perseguir o torturar. Y si es que hay personas que han recibido asilo deberían estar protegidas. Respecto a los migrantes, principalmente a los venezolanos, hay que tener en cuenta que no se les puede poner en riesgo su integridad física o su vida con una deportación a Venezuela.
-¿Cómo es la realidad de los periodistas que siguen trabajando desde Venezuela y reportando sobre el régimen?
-La situación de los periodistas en Venezuela es sumamente difícil. Hay palabras y temas prohibidos. Y cualquiera que cruce esa línea le cierran el medio de comunicación o se les inicia una investigación en su contra que termina en el Tribunal de Terrorismo, que es un tribunal que parece una extensión del gobierno de Venezuela con muy baja imparcialidad e independencia respecto al poder Ejecutivo, por delitos como “traición a la patria”.