La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) identificó unos 110.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas a partir de operativos de fiscalización catastral realizados en la Costa Atlántica, entre Pinamar y Cariló.
El relevamiento abarcó más de 200 viviendas de alta gama y 25 edificios que, pese a estar edificados, figuraban como terrenos baldíos tanto en barrios cerrados como en urbanizaciones abiertas.
Entre los casos más relevantes detectados por la Agencia se repiten irregularidades en urbanizaciones cerradas y complejos inmobiliarios como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura.
En estos desarrollos, ARBA advirtió un patrón recurrente: las edificaciones se declaran recién al momento de los operativos de fiscalización, a pesar de tratarse de proyectos de alto valor.
En el relevamiento también apareció un edificio de alta categoría en el centro de Pinamar: una torre de nueve pisos, con unidades de hasta tres ambientes, cocheras subterráneas, locales comerciales en planta baja y una terraza con vista panorámica. Pese a contar con 6.900 m² construidos, en los registros catastrales figuraba como terreno baldío.
Un caso similar se detectó en la zona de La Frontera, donde un edificio de cuatro pisos acumulaba 2.000 m² sin declarar. Ante estas irregularidades, ARBA avanzó con las notificaciones correspondientes para que los responsables regularicen su situación impositiva.
De acuerdo con los avisos de venta, el precio de mercado del metro cuadrado en estos emprendimientos supera en promedio los 2.500 dólares, un nivel que refleja la elevada capacidad contributiva de los propietarios que omitieron declarar las mejoras edilicias.
En este contexto, el titular de ARBA, Cristian Girard, señaló: “Nuestro objetivo es combatir la evasión empezando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria para que quienes más tienen, aporten lo que corresponde”.
“Cuando se detectan construcciones de lujo declaradas como baldíos, se está afectando la equidad del sistema y perjudicando al conjunto de quienes sí cumplen, algo a todas luces injusto”, agregó.
Ya en 2024 ARBA había detectado en Pinamar más de 70.000 metros cuadrados construidos sin declarar, correspondientes a 17 edificios y 215 casas de lujo, la mayoría registrados como terrenos baldíos. Una vez identificadas estas irregularidades, se intimó a los responsables a regularizar su situación bajo amenaza de multas de hasta $25 millones.
Operativos similares previos en Mar del Plata hallaron más de 120.000 metros cuadrados sin declarar en propiedades residenciales y edificios.
Girard destacó además que la Provincia impulsa una política de fiscalización inteligente, basada en la articulación entre presencia territorial y el uso de herramientas tecnológicas.
En ese sentido, afirmó: “Recaudar con progresividad es clave para financiar la inversión pública en escuelas, hospitales, rutas y servicios que benefician a toda la comunidad”.
Vale recordar que recientemente ARBA puso en funcionamiento M2, un sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora desarrollos de inteligencia artificial. La nueva herramienta acorta de manera significativa los tiempos de detección, notificación y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial.
A diferencia de esquemas anteriores, M2 centraliza en una única plataforma digital los procesos de detección, análisis inteligente, notificación y respuesta de los contribuyentes, lo que permite que la información relevada se convierta de forma inmediata en acciones de regularización, con menos demoras administrativas y una gestión más eficiente de cada caso.
El sistema habilita descargos automatizados, validaciones en línea, la presentación de la Declaración Jurada Web de Avalúo y la regularización voluntaria de las diferencias identificadas.
La incorporación de inteligencia artificial ampliará de manera sustancial la capacidad operativa del organismo, tanto para identificar construcciones no declaradas como, especialmente, para lograr su regularización efectiva.
Con esta estrategia, el gobierno bonaerense busca promover el cumplimiento voluntario, reducir los costos administrativos y reforzar la eficiencia del control tributario.