Una denuncia por compras no autorizadas en la ciudad de Posadas, Misiones, terminó revelando una situación más compleja de lo esperado. Lo que parecía ser un caso de estafa doméstica derivó en una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil, con dos personas detenidas en el marco de una investigación conducida por la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones, con intervención de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.
Todo comenzó días atrás, cuando un vecino denunció ante las autoridades que alguien había realizado consumos digitales utilizando su tarjeta de crédito. Los movimientos, que incluían compras en plataformas de delivery y servicios online, no coincidían con sus registros personales. La investigación apuntó rápidamente a una mujer de 36 años que trabajaba como empleada doméstica en su domicilio.
Según la información recabada por los efectivos policiales, la acusada habría fotografiado los datos de la tarjeta de sus empleadores y utilizado esa información para realizar consumos a su nombre. Con una orden judicial en mano, los agentes allanaron la vivienda de la sospechosa y secuestraron varios elementos, entre ellos productos que habrían sido adquiridos utilizando los datos sustraídos. La mujer quedó demorada mientras se analizaban los dispositivos electrónicos incautados.
Fue precisamente en ese proceso técnico donde emergió un nuevo giro en el expediente. Durante el análisis del contenido de los celulares, el personal especializado de Cibercrimen detectó archivos y capturas de pantalla que incluían imágenes vinculadas al abuso sexual infantil. Dicho contenido, indicaron fuentes del caso, provenía del teléfono celular perteneciente a la pareja de la mujer investigada.
Ante estos hallazgos, el Juzgado de Instrucción N.º 7 ordenó un segundo allanamiento, que se concretó el mediodía del miércoles 4 de junio en el barrio San Onofre, donde residía el hombre de 52 años. En el procedimiento participó el fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche. Durante el operativo se incautaron pendrives, celulares y otros dispositivos electrónicos, y se procedió a la detención del implicado, quien quedó a disposición de la Justicia.
La causa continúa en etapa investigativa. No se descarta que la mujer haya accedido al contenido hallado o incluso participado en su almacenamiento o distribución. Al mismo tiempo, se intenta determinar si la modalidad de estafa con tarjetas pudo haber sido replicada en otras viviendas donde la acusada prestaba servicios como empleada.
Por el momento, ambos se encuentran bajo investigación. Las pruebas recolectadas, entre ellas los dispositivos secuestrados, serán peritadas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los delitos imputados. Las actuaciones continúan bajo reserva judicial.
Condenaron a un docente y al portero de una escuela por tenencia de material de abuso sexual infantil
Durante el día jueves, la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), bajo la dirección del Fiscal General Fernando Rivarola, logró obtener cuatro condenas por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil en línea.
El primer caso surgió a partir del operativo nacional Red Federal en Alerta, a través del cual se detectaron tres objetivos en la provincia del Chubut: dos en Comodoro Rivadavia y uno en Trelew.
En ese contexto, fue identificado y procesado un docente identificado como D.A.T., quien trabajaba tanto en una escuela como en el área de supervisión educativa. Fue condenado por el delito de tenencia simple de material de abuso sexual infantil de menores de 13 años, en dos hechos en concurso real.
La pena impuesta para el ex docente fue de un año y ocho meses de prisión en suspenso, lo que implica que no será de cumplimiento efectivo salvo que incurra en nuevos delitos o incumpla las condiciones impuestas.
El segundo juicio concluyó con la condena de P.E.V., de 62 años, por tenencia de material de abuso sexual infantil de menores de 13 años, agravada por la finalidad de distribución. La sentencia fue de dos años de prisión, aunque no se precisó en el parte oficial si se trata de cumplimiento efectivo o condicional.
Por su parte, el tercer caso se resolvió mediante la vía del juicio abreviado, una modalidad que permite acortar los tiempos del proceso judicial a cambio del reconocimiento de los hechos por parte del imputado.
En este expediente, A.G.M., de 26 años, fue hallado culpable de tenencia con fines de distribución de MASI, y recibió una pena de ocho meses de prisión en suspenso.
Finalmente, el cuarto juicio concluyó este lunes con un veredicto de culpabilidad contra R.S.D., de 43 años, quien se desempeñaba como portero de una escuela. Fue declarado responsable de distribución y tenencia agravada de material de abuso sexual infantil.
La pena aún no fue determinada: el tribunal fijó una audiencia para el 9 de junio de 2025, fecha en la que se celebrará la audiencia de cesura para establecer el monto y modalidad de la condena, que —según lo adelantado— será de cumplimiento efectivo.