El transporte de cargas en Argentina atraviesa un momento de fuerte preocupación ante la proximidad del vencimiento del plazo establecido por el Decreto 196/2025. El 19 de mayo vence el plazo para que las provincias adhieran a la reformada Ley Nacional de Tránsito 24.449, y aún hay varias jurisdicciones que no han completado ese proceso. De no mediar prórrogas ni soluciones inmediatas, la falta de un marco normativo común podría afectar la circulación de vehículos pesados y poner en riesgo la cadena logística en distintas regiones del país.
La advertencia proviene de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que encendió las alarmas sobre las posibles consecuencias de esta demora. “La adhesión provincial no es un trámite administrativo, es una condición esencial para garantizar la circulación segura y homogénea entre jurisdicciones. Si no se logra, se pone en riesgo la actividad económica desde el origen de la cadena logística hasta el consumidor final”, afirmó Cristian Sanz, presidente de la entidad.
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la exigencia de que las licencias profesionales —categorías C, D y E— sean emitidas por las provincias que hayan adherido formalmente a las normas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, todos los conductores de vehículos de más de 3.500 kg deberán aprobar un examen psicofísico y realizar una capacitación obligatoria. Sin la adhesión de las provincias, estas licencias podrían no ser válidas fuera de sus límites, generando problemas en la operatividad del transporte.
Posible impacto en los consumidores finales
“Esto podría derivar en demoras en los viajes, multas injustificadas, conflictos administrativos y, en el peor de los casos, la paralización de los servicios logísticos”, explicó Sanz. La falta de coordinación entre jurisdicciones también implicaría un aumento de los costos operativos, lo que impactaría directamente en el precio final de los productos.
“El transporte se encarece y lo termina pagando el consumidor. Pero además, se complica el abastecimiento de productos esenciales como alimentos, medicamentos o ropa”, añadió el titular de FADEEAC.
Ante este panorama, la federación viene impulsando una agenda activa de diálogo con autoridades provinciales y municipales para acelerar el proceso de adhesión. En los últimos días se realizaron reuniones con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, en un intento por alinear a las autoridades locales con los objetivos del sector.
Para la entidad empresaria, lo que está en juego no es solamente la continuidad del servicio, sino también una oportunidad histórica para elevar los estándares del transporte de cargas en el país. “No se trata solo de cumplir con una norma, sino de dar un salto de calidad. La nueva ley propone una mejora concreta en la seguridad vial y una mayor profesionalización de la actividad”, destacó Sanz.
Una gestión contrareloj
Desde FADEEAC enfatizan que el tiempo corre y que cada día sin adhesión representa un riesgo mayor. “La aceptación por parte de las provincias de la normativa nacional garantiza reglas claras y homogéneas para todo el sistema. Es una condición necesaria para cuidar la seguridad vial, dar previsibilidad al transporte de cargas y sostener la actividad productiva del país”, concluyó el presidente de la federación.
Mientras el sector espera señales claras desde las provincias, el reloj avanza. Y con él, la urgencia de asegurar que la logística argentina no quede trabada por falta de articulación normativa.