El avance del contrabando de productos tecnológicos genera cada vez más preocupación en la industria de la electrónica argentina. Las denuncias y datos sectoriales indican que diversos rubros, en especial teléfonos móviles, relojes inteligentes y accesorios, enfrentan graves distorsiones ocasionadas por el crecimiento de este fenómeno, que tiene consecuencias sobre la competencia formal, el empleo y la recaudación impositiva nacional, según advierten empresarios y especialistas.
Durante el 2025, fabricantes, marcas líderes y grandes cadenas de retail implementaron medidas más estrictas para combatir la instalación de productos sin el debido respaldo legal. En ese período, empresas y organismos públicos coordinaron investigaciones que derivaron en 26 allanamientos concretados entre abril y septiembre en la ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. El resultado marcó un récord en decomisos: 750 equipos, 230 relojes inteligentes, 330 cargadores y 200 TV Box, además de consolas de videojuegos, tablets, notebooks y centenares de accesorios.
La cotización total de los productos secuestrados superó los $1.250 millones, una suma que visibiliza el impacto económico del delito. Además, los procedimientos incluyeron la incautación de efectivo tanto en moneda local como en dólares estadounidenses, confirmando el flujo de capital que mueve el circuito clandestino. Las cifras aportadas por la Unión Industrial Argentina (UIA) y referentes del sector ilustran el nivel de sofisticación de quienes comercializan tecnología fuera del marco legal.
Según contaron fuentes de la industria electrónica, dos de los operativos relevantes ocurrieron en barrios cerrados de alto poder adquisitivo como Nordelta y Hudson, en la Provincia de Buenos Aires. Allí se encontraron depósitos ilegales repletos de dispositivos recién ingresados, lo que demuestra una diversificación de los puntos de almacenamiento y una adecuación a controles tradicionales implementados en zonas de frontera o en el circuito céntrico porteño.
La UIA sostiene que la problemática traspasa el mero efecto comercial, ya que se observa un perjuicio directo sobre el empleo formal y el ingreso de recursos fiscales que permiten sostener servicios públicos y políticas industriales. A nivel declarativo, las entidades remarcan: “El contrabando de productos tecnológicos continúa siendo una de las principales amenazas para la competencia leal y la recaudación fiscal”.
Según las fuentes, uno de cada cuatro teléfonos celulares comercializados en Argentina ingresa por rutas ilegales. El flujo se incrementa por semana en momentos de alta demanda, con cifras que oscilan entre 30.000 y 40.000 dispositivos. Este fenómeno no se limita a teléfonos: se extiende a todo el universo de la electrónica portátil.
Pérdida de recaudación
La magnitud de las pérdidas fiscales inquieta a empresas y autoridades: sólo en 2024, la evasión impositiva relacionada con el contrabando tecnológico superó los USD 400 millones. Tal estimación se construyó a partir de tributos evitados y recortes en los aportes obligatorios a la seguridad social, dos variables que ponen en jaque el financiamiento estatal y la consolidación de la base registrada.
El circuito ilegal aprovecha la facilidad que brindan las plataformas electrónicas para la venta masiva de artículos no homologados. Fabricantes y cadenas legítimas monitorean con atención los principales sitios, donde detectan ofertas sospechosas de dispositivos a precios imposibles de igualar por el canal formal. Las denuncias contra vendedores anónimos permiten el avance de investigaciones judiciales y la baja de publicaciones, aunque el operativo digital enfrenta a diario intentos de reemplazo y camuflaje.
“De cara al Black Friday, las empresas del sector ya están monitoreando activamente las principales plataformas de venta online para identificar publicaciones sospechosas y denunciar a los vendedores que operan con productos de contrabando o sin la debida homologación, reforzando así su aporte a la transparencia del mercado y a la protección del consumidor”, dijeron las fuentes.
Según fuentes corporativas, uno de los logros recientes reside en la articulación sostenida entre empresas, cámaras sectoriales y organismos estatales. Las compañías proveedoras de tecnología diseñaron sistemas de alerta temprana y comparten información clave respecto a patrones de importación, logística de acopio y rutas preferidas por los distribuidores ilegales. Desde la perspectiva privada, tales experiencias refuerzan la convicción de continuar robusteciendo los canales formales para garantizar la protección de los consumidores.
En cuanto a los efectos inmediatos, los actores del mercado formal denuncian distorsiones de precios y afectación en los márgenes de ganancia, factores que impactan en la cadena laboral por las limitaciones para sostener puestos y salarios. El comercio ilícito de notebooks, TV Box, y accesorios vulnera también el desarrollo de nuevas tecnologías y el financiamiento de procesos de innovación local. Los datos suman presión para respuestas integrales que incluyan reforzamiento aduanero, controles logísticos e inclusión del universo digital en la fiscalización oficial.
La preocupación empresarial recae tanto en la baja de ventas regulares como en el daño al valor de marca, especialmente cuando circulan dispositivos que no cumplen con las normativas de calidad y seguridad. Las compañías advierten que la compra fuera del circuito formal implica riesgos directos para quienes adquieren los artículos, desde problemas de funcionamiento hasta ausencia de garantía oficial.
El sector privado reafirma su compromiso para seguir colaborando con las autoridades en el fortalecimiento de los controles y la concientización sobre los perjuicios del comercio ilegal, que afecta tanto a la industria nacional como a los consumidores. De cara al próximo Black Friday, las empresas del sector ya están monitoreando activamente las principales plataformas de venta online para identificar publicaciones sospechosas y denunciar a los vendedores que operan con productos de contrabando o sin la debida homologación, reforzando así su aporte a la transparencia del mercado y a la protección del consumidor.