}Desde 2015, al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia de la dictadura venezolana, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), divulgado este lunes. La organización advierte que las autoridades penitenciarias retrasan deliberadamente la atención médica de los detenidos, lo que ha resultado en desenlaces fatales evitables.
“Desafortunadamente, en nuestras prisiones, las autoridades esperan al último momento para atender al detenido, sin importar el cuadro clínico que presente, y el desenlace son pérdidas de vidas humanas”, denunció el OVP en el informe titulado «Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramienta de tortura».
Según el documento, en muchas ocasiones los diagnósticos médicos en prisión son incorrectos o tardíos. Enfermedades tratables terminan en muertes por falta de intervención oportuna. Cuatro de los 22 fallecidos identificados por el OVP habían sido detenidos tras las protestas ocurridas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados, fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional.
Las urnas de los detenidos fallecidos fueron “selladas y custodiadas por los mismos funcionarios, hasta que los sepultaron”, indicó el OVP. Además, sus familiares fueron presionados para no dar declaraciones a los medios. “Inferimos, con la intención de que no continúen denunciando las arbitrariedades”, añadió la organización.
Ante este panorama, el OVP exigió al régimen venezolano garantizar una alimentación adecuada, atención médica oportuna, traslado inmediato en casos de emergencia y el acceso a medicamentos. También solicitó investigaciones independientes y transparentes sobre las muertes bajo custodia, así como reparación para las víctimas y garantías de no repetición.
Mientras la dictadura de Nicolás Maduro sostiene que en Venezuela no existen presos políticos, y que los detenidos son responsables de “hechos punibles”, múltiples organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición documentan una represión sistemática contra el disenso, que incluye detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, desapariciones forzadas y tortura.
Una de esas organizaciones, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), también emitió un comunicado, en el que alertó sobre una “dinámica perversa de puerta giratoria”. Aunque en los últimos días se concretaron algunas excarcelaciones, nuevas detenciones políticas continúan ocurriendo, según el comité.
“Nos preocupa profundamente que, mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias”, señaló Clipp. La organización afirmó que esta situación mantiene a numerosas familias venezolanas bajo un estado de angustia y persecución constante. “La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familias venezolanas”, añadió.
Clipp reportó que de las 80 liberaciones anunciadas recientemente por la dictadura, solo han podido verificar 59 excarcelaciones efectivas, todas bajo medidas restrictivas, como presentación periódica ante tribunales, prohibición de salida del país y limitaciones en la expresión pública. “Estas personas nunca debieron estar detenidas. Su encarcelamiento responde a un patrón sistemático que configura crímenes de lesa humanidad”, advirtió la organización.
Además, el comité aseguró que varios detenidos continúan en desaparición forzada, y algunos de ellos llevan casi un año en aislamiento absoluto, sin contacto con sus familias ni acceso a sus abogados. “Esta situación constituye una forma de tortura, tanto para los detenidos como para sus seres queridos, y un mecanismo deliberado de generación de terror”, señaló Clipp.
El pasado viernes, la dictadura chavista confirmó la excarcelación de un grupo de presos políticos, en el marco de una negociación internacional que involucró al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Como parte del acuerdo, el régimen de Maduro también recibió a 252 migrantes deportados desde Estados Unidos, alojados en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a cambio de liberar a varios detenidos en Venezuela, incluyendo diez ciudadanos estadounidenses.
Clipp y OVP coincidieron en que, más allá de estas liberaciones puntuales, el sistema penitenciario en Venezuela continúa siendo utilizado como una herramienta de represión política y control social, contraria a los principios del debido proceso, los derechos humanos y la legalidad internacional.
(Con información de EFE)