Tras un extenso proceso judicial que se prolongó por más de cuatro años, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, bajo la titularidad del juez Fernando D’Alessandro, dictó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino.
La resolución marca el cierre definitivo de la compañía, que no logró alcanzar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su millonaria deuda ni consiguió inversores interesados en rescatar la firma durante la etapa final del proceso.
La decisión judicial implica el cese inmediato de las actividades y el inicio de la liquidación de activos. El magistrado fundamentó la medida en la carencia de condiciones para sostener el concurso preventivo, que se encontraba abierto desde noviembre de 2021. Al no obtenerse las adhesiones necesarias de los acreedores y ante el fracaso del mecanismo de cramdown (salvataje), la Justicia procedió a la instancia de quiebra, manteniendo además la inhibición general de bienes sobre la sociedad.
Activos y pasivos en la mira judicial
Tras la sentencia firme, la sindicatura tiene ahora la tarea de inventariar un patrimonio que, aunque diezmado, conserva piezas de valor estratégico para el mercado. El proceso de remate no se limitará únicamente a los inmuebles remanentes, sino que abarca un abanico de activos de distinta naturaleza. En primer lugar, se destaca el patrimonio intangible: las marcas Garbarino y Compumundo poseen aún un alto nivel de reconocimiento, lo que podría atraer a inversores interesados en relanzar los nombres bajo nuevas estructuras operativas o plataformas digitales.
En el plano industrial, la Justicia pondrá a disposición las unidades productivas que el grupo posee en el sur del país. Se trata de los establecimientos Tecnosur y Digital Fueguina, plantas radicadas en Tierra del Fuego que en el pasado fueron el motor de ensamblado de la firma, pero que hoy se encuentran en un estado de parálisis total. Estos activos representan uno de los puntos más complejos de la liquidación debido a su ubicación geográfica y la infraestructura tecnológica que contienen.
Asimismo, la desarticulación del holding alcanza a otras unidades de negocios que alguna vez diversificaron los ingresos de la familia fundadora y luego de la gestión de Rosales. El proceso judicial absorberá los restos de la financiera Fiden y los activos vinculados a la unidad de turismo, Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido dictada a mediados del año pasado. De esta manera, el juzgado busca consolidar todos los recursos posibles para conformar la masa de fondos que, eventualmente, se distribuirá entre la larga lista de acreedores que esperan el cobro de sus acreencias desde 2021.
El fracaso de la última instancia
La declaración de quiebra se precipitó tras el agotamiento de los recursos legales previstos en la Ley de Concursos y Quiebras. El mecanismo de cramdown, que funcionaba como la última instancia para transferir la administración de la cadena a manos de terceros, concluyó sin resultados positivos. A pesar de que la firma Vlinder se había anotado en el registro oficial para evaluar la compra de las acciones y ensayar un plan de pagos, el plazo de cinco días otorgado por el tribunal en agosto expiró sin que se materializara una propuesta concreta de reestructuración.
Esta parálisis en las negociaciones también arrastró a Compumundo, el brazo informático del holding. El juzgado aplicó el mismo criterio de liquidación para esta unidad de negocios, que ya arrastraba un historial de intentos de venta fallidos. Un antecedente clave ocurrió en 2021, cuando el grupo intentó desprenderse del 51% del paquete accionario de la cadena de tecnología mediante una subasta pública con un piso de $58 millones; en aquel entonces, la convocatoria no atrajo a ningún oferente, prefigurando el escenario de desinversión que ahora desemboca en su cierre definitivo.
La crónica de la crisis
En medio de una crisis que tiene llevaba más de seis años y la llevó a cambiar de manos, apenas tenía tres locales abiertos, de las 200 sucursales que llegó a tener en todo el país. En su momento de esplendor registró 4.500 empleados.
En noviembre de 2021, antes del concurso, la empresa envió 1.800 telegramas de despido a sus empleados, tras meses con sus locales cerrados y sin pago de salarios. Ante el reclamo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, el ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por quince días, suspendiendo la efectividad de los despidos mientras se intenta negociar una solución.
Unos meses antes, la cadena había pasado a manos de Carlos Rosales, titular del grupo asegurador Prof y directivo de San Lorenzo en ese momento. Rosales no logró revertir la crisis financiera de la cadena y la pandemia de COVID-19 precipitó los planes del empresario de mantener entre 10 y 15 sucursales en todo el país.
La deriva financiera de la empresa se intensificó tras la fallida negociación de venta en abril de 2021, cuando la única propuesta concreta, encabezada por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard, se desplomó antes de concretarse.