Los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron ante la jueza Loretta Preska un escrito para que rechace la suspensión del fallo que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago por la expropiación realizada en 2012, según informó el especialista Sebastián Maril. En septiembre de 2023, la magistrada había condenado al país al pago de más de USD 16.000 millones en concepto de indemnización, en uno de los fallos de mayor impacto económico en la historia judicial argentina.
En su presentación, comentada por Maril en X, los beneficiarios sostuvieron que Argentina no tiene posibilidades serias de revertir la decisión en la instancia de apelación. “La República no es probable que tenga éxito en apelar la orden de transferencia”, manifestaron ante la jueza Preska, desestimando los argumentos del Estado sobre la necesidad de aguardar la resolución del tribunal de segunda instancia, de acuerdo con el medio fuente.
Los demandantes también advirtieron sobre la existencia de iniciativas legislativas tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia, aun si se concediera la suspensión solicitada por Argentina. El escrito destaca que “la semana pasada se presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso Nacional argentino, identificando a Su Señoría por su nombre y buscando prohibir el cumplimiento de la orden de transferencia”. Para los abogados de Burford Capital y Eton Park, este proyecto parlamentario revela la intención explícita de eludir el pago dispuesto por la Justicia de Estados Unidos, aun si la Corte de Apelaciones no revierte el fallo.
El escrito presentado ante Preska también se detuvo en declaraciones públicas del gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía Axel Kicillof, a quien los acreedores mencionaron como uno de los principales responsables políticos de la expropiación de YPF en 2012. Según el texto entregado, Kicillof calificó los fallos judiciales en Estados Unidos como “un sinsentido legal” y “absolutamente absurdos”, y cuestionó en términos enfáticos la legitimidad del proceso judicial. “Estas manifestaciones confirman la voluntad de las autoridades argentinas de desacatar las órdenes judiciales e impedir su cumplimiento efectivo”, argumentaron Burford Capital y Eton Park en el documento presentado al juzgado.
La postura de los acreedores contrasta con el pedido realizado la semana pasada por el Gobierno argentino ante la jueza Preska. Argentina solicitó suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. En su presentación, el Estado argumentó que no puede vender ni transferir las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso, ya que se trata de un activo estratégico sujeto a una ley específica para su desprendimiento. También sostuvo que no hay riesgo en cuanto a la disipación de activos durante la apelación, porque la propiedad accionaria está regulada por la legislación interna y bajo control estatal.
En la Casa Rosada, fuentes oficiales indicaron que no establecerán negociaciones con el fondo Burford Capital hasta contar con una resolución judicial definitiva y consideran que entregar la mayoría accionaria de YPF representaría “un daño irreparable” para el patrimonio nacional. Además, aseguran que aún disputarán el monto final del laudo, calculado en más de $16.000 millones, argumentando que existen razones legales para reducirlo incluso a “algunos cientos de millones de dólares”.
El conflicto por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la estatización del 51% de la petrolera mediante una ley sancionada por el Congreso. Los fondos Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigar de Petersen Energía y Eton Park Capital Management frente a la quiebra de estas empresas, que habían sido accionistas minoritarias en YPF y reclamaban compensaciones por el modo en que se ejecutó la estatización. Argumentaban que el Estado incumplió las condiciones previstas en el estatuto de la petrolera para la compra forzosa de acciones.
La sentencia de septiembre de 2023 de la jueza Preska estableció la obligación para Argentina de pagar más de $16.000 millones por daños y perjuicios, ubicando el litigio entre los reclamos judiciales más importantes contra el Estado argentino. La orden actual dispone que el país entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago si no transfiere el dinero, detalló el medio fuente.
Por otra parte, el escrito de Burford Capital y Eton Park no fue el único pedido presentado contra la suspensión de la sentencia. El fondo Bainbridge también había solicitado previamente a la jueza Preska que no conceda la suspensión del fallo, en su propio litigio contra Argentina. En su caso, la demanda apunta al cobro de bonos en default desde 2001, por un monto aproximado de $95 millones. Brainbridge argumentó que el Estado argentino no ha demostrado voluntad de pago y que otorgarle más tiempo solo prolongaría el incumplimiento de sus obligaciones.
Hasta el momento, el futuro del caso depende de la decisión que adopte la jueza Preska en las próximas semanas acerca de si concede o no la suspensión del fallo mientras se tramita la apelación. El desenlace tendrá consecuencias directas sobre la estrategia del Gobierno para evitar la ejecución inmediata de la sentencia y sobre la posibilidad de negociar el monto de la indemnización por la expropiación de YPF.