El comisario Andrés Gómez Gordo ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional haber tenido conocimiento o haber participado en las supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían realizado sobre cargos y diputados de Podemos.
Así lo señalan a Europa Press fuentes jurídicas presentes en su declaración, que explican que el comisario sólo ha respondido a preguntas de su letrado, que se ha limitado a preguntarle por si tenía conocimiento de esos hechos y por el cargo que ocupaba entonces en la Policía.
Gómez Gordo, según estas fuentes, ha aclarado que en 2015 y 2016 estuvo un tiempo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional como inspector jefe y que posteriormente recaló en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
LA QUERELLA DE PODEMOS
Cabe recordar que la causa, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5, nació a raíz de una querella interpuesta por Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado Santiago Pedraz desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
El juez quiere saber si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y si esas pesquisas se tradujeron en accesos a bases de datos policiales sobre los mismos.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez– «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Jorge Fernández Díaz –exministro del Interior con el PP–, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Hasta la fecha han declarado ante el juez como investigados Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago. Todos han negado haber realizado u ordenado esas supuestas investigaciones prospectivas.