La justicia argentina emitió este martes una alerta roja a Interpol contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios, acusados de cometer delitos de lesa humanidad. En la nómina se destaca el ministro de Relaciones Exteriores y militar de alto rango del país caribeño, Diosdado Cabello.
La alerta fue elevada por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del expediente, en línea con el pedido de captura que el magistrado ordenó a fines de septiembre, por instrucción de la Cámara Federal porteña. Así se lo confirmó a LA NACION uno de los abogados de la querella en la causa, Tomás Farini Duggan.
“Lo que hizo el juez [Ramos] fue transmitirle a Interpol que tiene que ‘anotar’ las órdenes de captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 30 funcionarios más del gobierno de Venezuela”, señaló el letrado.
La alerta roja, sin embargo, no es vinculante. Interpol –que no tiene un cuerpo de policías propio y depende de las fuerzas de sus países miembros– debe decidir si toma o no la alerta del juez Ramos. La querella tiene previsto presentarse ante la policía internacional como víctima y presionar para que esto ocurra.
“En el caso de Maduro es muy difícil [la detención], por las inmunidades parlamentarias que tiene respecto de él, pero de todas maneras lo vamos a intentar. Hay que dar esta lucha para que se anoten las alertas rojas”, expresó Farini Duggan.
“Creo que es importantísimo que un país donde hay una justicia independiente, como la argentina, haya dicho que lo que ocurre en Venezuela es que no hay un gobierno, sino que hay una banda armada que comete actos de terrorismo de Estado”, valoró.
Aún si Interpol tomara nota del pedido de la justicia argentina, los distintos Estados que integran y componen al organismo tampoco están obligados a capturar a Maduro y sus funcionarios, según le explicaron a este medio fuentes con acceso a la causa. En algunos Estados miembros, la alerta roja es vinculante y en otros opera como si fuera una recomendación para actuar.
El juez Ramos fue instruido a librar la orden de captura por la Cámara Federal, luego de que los jueces de la Sala I, Mariano Llorrens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, escucharan en una audiencia el testimonio de quienes fueron presentados como víctimas del régimen venezolano.
Los camaristas concluyeron que hubo un plan sistemático de represión y desaparición de personas por parte de las autoridades venezolanas encabezadas por Maduro, por los menos, desde 2016.
Al día siguiente de que Ramos dictara la orden contra Maduro y sus funcionarios, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó en respuesta la orden de captura del presidente Javier Milei; su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La causa contra Maduro fue promovida en el país bajo el principio de “jurisdicción universal”, anclado en la Constitución: “cuando el delito se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”, dice el artículo 118.
La causa tuvo el impulso inicial de la Clooney Foundation Justice, una organización internacional que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su pareja, Amal Clooney, una abogada especializada en derechos humanos.
El expediente fue luego unificado con la causa que impulsaba en paralelo el Foro para la Democracia en la Región (Fader), del que forma parte el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, cuya captura también solicitó Venezuela.