Una catástrofe natural de la envergadura de la DANA que comenzó el pasado 29 de octubre requiere de una movilización ingente de fondos públicos para reparar los millonarios daños económicos. “Desde Hacienda vamos a autorizar a la Comunidad Valenciana la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite sin límite alguno de recursos”, prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 2 de noviembre. Por el momento no se conocen más detalles, aunque el Ejecutivo detallará algunos en el Consejo de Ministros de este martes, entre los que se encuentran la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para aprobar ayudas económicas y otras medidas por parte de la Administración central. Afectará a las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reclamaba a última hora del lunes al Gobierno 31.402 millones de euros para aplicar 136 medidas de choque por los efectos de la DANA en la provincia de Valencia. Se trata de un importe nunca visto para un plan de recuperación regional y que prácticamente iguala el Presupuesto de la región de 2024. Entre las ayudas que solicita al Gobierno, pide que se complete con 15.000 euros la ayuda de 6.000 euros que la Generalitat va a dar a cada afectado que haya perdido su casa para su reconstrucción o rehabilitación y 1.464 millones para ayudar a la compra de vehículos y completar las prestaciones del Consorcio de seguros.
Ningún territorio está preparado para financiar un suceso de la magnitud de esta DANA, la más grave en víctimas mortales en España en lo que va de siglo, pero la Comunidad Valenciana parte de una situación fiscal de por sí complicada, con déficits reiterados y deuda elevada. Se trata de la comunidad autónoma con más déficit, un 0,87% hasta agosto de 2024, y un 2,45% al cierre de 2023. Gran parte de estos desequilibrios se deben a que Valencia está infrafinanciada desde hace más de una década: según los últimos cálculos de Fedea, La Rioja, región mejor financiada en 2022, contó con 865 euros más por unidad de necesidad que Valencia y con 898 más que Murcia. Esto, sumado a otros motivos de gestión política, ha llevado a que Valencia acumule una deuda del 41% de su PIB, la mayor ratio a nivel autonómico.
En los últimos días, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado 250 millones de euros en ayudas directas a los afectados y la Diputación de Valencia ha sumado otros 25, pero, ¿de dónde puede salir el dinero en una región que ya de por sí tiene más gastos que ingresos? Fundamentalmente del auxilio del Estado o incluso de entidades supranacionales. Según explica Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide y colaborador de Fedea, “posiblemente se acuda al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como principal fuente de ingresos”.
El académico considera que es la vía más rápida y generosa en volumen de dinero, pero tomarla implicaría aumentar más la deuda de la Comunidad Valenciana con el Estado, que a junio de 2024 se encontraba en 52.783 millones, el segundo valor más elevado, solo por detrás de Cataluña (75.813 millones). Esta opción ahondaría más en el problema de la deuda pendiente de condonar de algunas CCAA, situación que les impide volver a financiarse en los mercados a medio plazo.
“Tendrán que hacerse modificaciones presupuestarias y casi nunca en estos casos se hacen subidas de impuestos. En el 99% es emisión de deuda pública”, explica Martínez. Más improbable es aún en el escenario actual la subida de impuestos, teniendo en cuenta las deducciones fiscales aprobadas por Mazón desde su llegada a la Generalitat. La AIReF las cuantifica en 495 millones de euros como consecuencia de las bajadas en IRPF (-270); de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (-212) y del descuento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (-19).
Otra opción es que la Comunidad Valenciana recurra a su Fondo de Contingencia, un mecanismo para atender desastres naturales y que se dota con los presupuestos de cada región. No obstante, según los Presupuestos de Valencia de 2024, el fondo se nutrió para este año con solo nueve millones de euros, por lo que no cubre ni el inicio de los paquetes de ayudas anunciados. De manera adicional, la Generalitat ha puesto en marcha una cuenta de donaciones para que empresas y particulares apoyen a los afectados por la DANA, aunque todavía no ha informado de cuánto dinero lleva recaudado ni de cuándo o en qué se pretende gastar.
Además, el Gobierno central aprobará un paquete de ayudas previsiblemente este martes en Consejo de Ministros a la vez que contempla acudir al Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE), un mecanismo creado durante las inundaciones del verano de 2002 en Europa central para intervenir en caso de catástrofes naturales graves. Según se detalla en la página del Ministerio de Hacienda, desde entonces se ha utilizado el fondo para 80 catástrofes en 24 países por un importe acumulado total de más de 500 millones de euros.
Impacto en el déficit y reglas fiscales
Dada la intensidad y la persistencia de la DANA, no es posible todavía calcular el volumen de ayudas que se requerirán en los distintos territorios, aunque seguramente superará con creces las inversiones para la última catástrofe de grandes dimensiones, la del volcán de La Palma. Según el último informe publicado por el Gobierno de España y el de Canarias, de 2023, se entregaron más de 600 millones de euros en ayudas directas para la emergencia y la reconstrucción de la isla.
La única cifra conocida por el momento para la DANA es la estimada por el Ministerio de Transportes, que cuantifica en 2.600 millones de euros la inversión necesaria por parte de varias administraciones solo para restaurar la red de carreteras y ferroviaria afectada. Este esfuerzo en el gasto hará que la Comunidad Valenciana y el resto de administraciones empeoren sus cuentas públicas justo en el año de vuelta de las reglas fiscales europeas. No obstante, Martínez cree que no supondrá un problema fiscal.
En primer lugar, porque “las reglas fiscales internas españolas no están operativas” al no tener objetivos de déficit vinculantes legalmente (no han logrado aprobarse en el Congreso), por lo que opina que “quizás se puede hacer casi cualquier cosa”. Además, si el Gobierno quisiera modificar el objetivo de déficit existente en una comunidad autónoma, tendría que llevar el planteamiento al Congreso y ser aprobado. En segundo lugar, las reglas fiscales europeas contemplan una cláusula de escape para incumplir los objetivos por situaciones sobrevenidas como las catástrofes naturales o sanitarias. Aun así, Martínez sigue viendo factible la consecución del 3% de déficit para 2024. “La recaudación sigue manteniéndose relativamente vigorosa y ha habido correcciones al alza en el crecimiento (…) Se complica un poco, pero no creo que sea determinante”, opina.