Desde tiempos inmemoriales, la figura del delincuente ha sido parte de la historia de la humanidad. En la Edad Antigua, culturas como la egipcia y la mesopotámica ya tenían registros de robos y actos de violencia que alteraban el orden social. Las leyes de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales, dejaban en claro la preocupación de los antiguos pobladores por imponer castigos estrictos a quienes quebrantaban las normas.
En la Roma clásica, los ladrones y asesinos eran sentenciados con penas como el destierro, la muerte o incluso la crucifixión, que servía tanto de castigo como de advertencia para el pueblo. Durante la Edad Media, la justicia en Europa empleaba severas torturas y ejecuciones públicas para quienes cometían crímenes graves.
Con el tiempo, los métodos de castigo y los sistemas legales evolucionaron, aunque los delitos han persistido de diversas maneras. Lo que también ha perdurado es una forma de sanción instaurada en los albores de la República: el fusilamiento, un acto que suele aplicarse a quienes han cometido traición a la patria.
Antes de establecerse el fusilamiento, los delincuentes eran sentenciados a la horca. Esto cambió cuando un personaje histórico firmó el decreto que abolía dicha práctica.
El personaje histórico que abolió la horca
Don José de San Martín fue quien abolió la horca en el Perú. Este importante militar y político jugó un papel medular en la independencia de Argentina, Chile y Perú. Junto a Simón Bolívar, es una de las figuras más importantes de la lucha por la libertad en América Latina. El libertador dirigió sus esfuerzos hacia Lima, el centro del poder español, y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821.
En el libro “Antología de la independencia del Perú” se encuentra el texto publicado en la Gaceta del Gobierno, el primer periódico oficial del Perú independiente, el cual fue el encargado de validar las leyes promulgadas. Una de estas fue la abolición de la horca.
“El Protector del Perú. He acordado y decreto. 1. Queda abolida en el Perú la pena de horca, y los desgraciados contra quienes pronuncie la justicia el fallo terrible, serán fusilados indistintamente”, se lee en la Gaceta del Gobierno. Este texto se publicó en el medio impreso el 3 de enero de 1822.
En la página también se menciona que aquellos condenados a muerte por crímenes graves como la traición o la sedición serán ejecutados de la misma manera, pero sus cuerpos serán colgados en la horca para que el castigo sea más impactante.
El libertador eliminó la horca al firmar el decreto. Este hecho también fue señalado por José Hurtado Pozo, autor del libro “Pena de muerte y política criminal”. “En 1822, San Martín decreta la abolición de la horca, la reemplaza por el fusilamiento y dispone que los fusilados sean colgados para impresionar y sirva de escarmiento”, indicó.
Durante el Virreinato del Perú, la horca fue uno de los castigos aplicados a quienes cometían delitos graves. Este método, importado desde Europa y empleado por el sistema de justicia español, se usaba como una herramienta de control y advertencia pública, con la intención de disuadir futuras transgresiones.
Juan Carlos Torres Venegas escribió un artículo titulado “Poder y justicia penal en Lima: 1761-1821″, en el que relata los acontecimientos de ese periodo. En esta ocasión se seleccionó un fragmento que gira en torno a la horca.
“Los condenados a la horca eran sacados de la cárcel de la Real Audiencia: por ejemplo, un campesino indio de nombre Pedro Ventura, sentenciado a la horca por el homicidio de su esposa, era llevado con las manos atadas en la cola del caballo, además de llevar una soga en el cuello, siendo ejecutado por el verdugo de indio Juan Guerra; el pregonero da cuenta de sus fechorías en las calles e invita a que vean el suplicio, el cuerpo del condenado se queda como escarmiento, durante todo el día, en la plaza pública de Lima para luego ser arrojado al mar el 1 de noviembre de 1729″, escribió.
El fusilamiento, un castigo que se mantiene hasta nuestros días
El 20 de enero de 1979, Julio Vargas Garayar, suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de 26 años, fue ejecutado por fusilamiento. ¿La razón? Fue condenado por traición a la patria, acusado de realizar espionaje en beneficio del gobierno chileno, encabezado entonces por Augusto Pinochet.
Este acto estuvo respaldado en el artículo 54 de la Constitución Política del Perú de 1933. “La pena de muerte se impondrá por delitos de traición a la patria y homicidio calificado, y por todos aquellos que señale la ley”, se precisa.
En la actual Carta Maga (1993) también lo contempla, aunque incorpora una figura adicional. “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”, reza el artículo 140.