En diez días, el INDEC difundirá el número de la inflación de octubre. Es el dato que espera Olivos para coronar el clima de máximo optimismo que está viviendo, por las señales de los mercados entre los motivos principales. Eso mismo, naturalmente, se traduce en el cálculo político y allí asoman temas que no tienen que ver con la marcha de la economía sino con su concepción de fondo, nutrida además por el cuadro de fisuras en la oposición y medidas como el paro del transporte. El oficialismo fortalece entonces el análisis según el cual puede avanzar como si jugara sólo. No es el eco que llega desde el Congreso, tampoco desde las provincias. Y es bastante más que el Presupuesto lo que está en discusión.
Desde el oficialismo -y en especial desde Economía- se deja trascender que junto con las medidas específicas que viene tomando, fuertemente fiscalistas, un factor determinante del impacto externo sería la imagen que transmite el Presidente con decisiones como los vetos a las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento educativo. Es decir, el punto casi excluyente estaría allí, y no en la construcción política, empezando por la necesidad de mantener un mínimo de alianzas para asegurar, justamente, la capacidad de veto y, más por supuesto, para avanzar con proyectos propios.
El esperado dato del IPC opera centralmente en el imaginario del oficialismo. Parece claro, a contramano de la lectura lineal de variadas encuestas, que la inflación sigue siendo un tema sensible para buena parte de la sociedad aunque no figure ahora -se dice que por efecto de la desescalada- en la tabla de principales preocupaciones registradas por los sondeos. Por eso mismo, los movimientos de precios en el rubro de alimentos, en el final de octubre, constituyen una señal anotada no sólo por consultores económicos.
La mayoría de los consultores coincide en que el mes pasado afirmó la tendencia a la baja del índice de inflación y los pronósticos sobre el próximo informe del INDEC rondan en los 3 puntos porcentuales. Las estimaciones más optimistas hablan de un IPC incluso por debajo de esa cifra. Eso mismo, además de síntomas de cierta mejora, despareja, en algunos sectores productivos, o el freno de la larga caída, alimentan las consideraciones políticas, aunque parecen pesar más el frente externo, con el Riesgo País como expresión.
La evaluación política que se deja trascender expone la cerrazón en el círculo de Olivos, expresada en el discurso -las cargas presidenciales ofensivas– y también en la idea según la cual los vetos transmiten sólo firmeza y no riesgos: resulta difícil imaginar ese ejercicio en continuado, desde estos días hasta la elección legislativa del 2025. Supondría un desgaste -para todos, también para la oposición- pero antes expondría un Congreso dominado por la agenda de la oposición dura y con arrastre de espacios etiquetados como dialoguistas.
Valen la pena reparar en lo que está sucediendo en Diputados. Se destacan al menos tres temas en estos días, con interrogantes para lo que queda de sesiones ordinarias: la privatización de Aerolíneas Argentinas, la ofensiva para bloquearle a Javier Milei la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia, y -con negociaciones que superan los límites legislativos- el Presupuesto 2025.
Después de un mes con el tratamiento frenado en la Cámara baja, el oficialismo logró negociar y reponer esta semana la iniciativa que abre el camino a la privatización de AA. Y lo hizo, de manera significativa, en los umbrales del paro de transporte, promovido básicamente por Pablo Moyano y los jefes sindicales de la empresa aérea estatal. Ese avance tuvo varias lecturas sobre los acompañamientos y gestos que allanaron el camino y, también, sobre los límites o condiciones para llevarlo al recinto antes de fin de mes.
El proyecto que logró dictamen de mayoría en Diputados fue motorizado por LLA, el PRO, el bloque mayoritario de la UCR, parte de la CC y otros legisladores. Antes de juntar las firmas hubo que garantizar el plenario de comisiones. La mirada se corre entonces a la convergencia de Encuentro Federal y el nuevo espacio radical, que decidió participar aunque con texto propio de privatización parcial. Si no se afirma una línea de negociación entre esos dos conjuntos, parece imposible la sanción de un proyecto. El peronismo/kirchnerismo sostiene el rechazo cerrado.
Algo en un punto parecido, pero de alcance mucho mayor, refleja el trámite del Presupuesto. Y es un ejercicio que va en sentido contrario del discurso del veto. Las tratativas incluyen y exceden al Congreso, porque el Gobierno busca acuerdos con los jefes provinciales, que en bloque o por separado plantean demandas similares: la consideración de deudas de diferente origen (obras públicas, viejo pacto fiscal, entre otras) y de sus necesidades financieras. Por lo demás, el año electoral asoma para todos.
El oficialismo deja circular en paralelo que no tiene extremada necesidad de aprobar el Presupuesto y advierte que hasta le sería más cómodo y funcional administrar con una nueva prórroga presupuestaria, de enorme margen para el manejo discrecional. No es el único gesto en esa dirección.
En tren de advertencias, desde el Gobierno anticipan que Milei vetaría otra ley que agita la oposición dura y descoloca al resto de los jugadores. Se trata del proyecto para limitar -y en el caso de este gobierno- impedir el uso de los DNU. Con impulso y votos de Encuentro Federal, UxP y el bloque radical escindido hace días, logró dictamen de mayoría y buscará llevarlo al recinto de Diputados si mantiene el conglomerado atado en el plenario de comisiones.
El cuadro exhibe algunos trazos casi groseros. El proyecto apunta a dejar sin efecto un DNU si es rechazado por una sola Cámara del Congreso o transcurren 90 días sin ratificación legislativa. Está hecho a medida para impedir que el oficialismo sostenga un DNU. Revierte la ley de Cristina Fernández de Kirchner que, en tiempos de poder, buscó exactamente lo contrario: hacer casi imposible voltear un decreto de esas características.
En esta pulseada, la UCR buscó una diagonal y -dato central- el PRO evitó mostrar su carta, vital para el caso de que el texto se convierta en ley y Milei mueva sus fichas para vetarlo. Desde las cercanías de Mauricio Macri y en la bancada de diputados hace rato señalan la falta de correspondencia del oficialismo con los gestos “amarillos” de acompañamiento.
¿Cómo moverá sus fichas el oficialismo? Resulta claro que necesita una construcción política amplia para avanzar con proyectos propios (Presupuesto) o compartidos con otros espacios (AA). Eso podría evitarle además algunos disgustos y costos. Y de lo contrario, precisa una alianza mínima para sostener un veto, ahora en la hipótesis del bloqueo a los DNU. La realidad política no se agota en los gestos del Ejecutivo y, por lo demás, es más compleja que el Congreso. Esa lectura no escapa al mundo de la economía.