El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha instado este miércoles a la Comisión a realizar un control más exhaustivo de las ayudas estatales que conceden los Estados miembro ya que, desde 2020, las partidas se han incrementado considerablemente sin que Bruselas disponga de información suficiente sobre las medidas introducidas ni sobre el impacto de las ayudas en la competencia.
Además, las normas vigentes en cada Estado miembro para conceder ayudas a sus industrias son dispares, lo cual puede influir negativamente en el mercado único, pues los distintos países no cuentan con los mismos medios financieros, advierten los auditores europeos en un informe publicado este miércoles.
Aunque en la UE, por lo general, las ayudas estatales a las empresas están prohibidas porque pueden distorsionar la competencia en el mercado único, en los últimos años, la Comisión Europea ha establecido tres marcos temporales para permitir a las capitales apoyar a las empresas afectadas por la crisis: el primero, a raíz del inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020; el siguiente, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en 2022, y, más recientemente, en 2023, con el fin de apoyar el Pacto Verde Europeo.
«Aun en tiempos de crisis, la UE debe mantener la ayuda estatal bajo control para proteger nuestro mercado interior y garantizar la competencia libre y leal», ha asegurado el auditor responsable del informe, George Hyzler, quien ha destacado que «es necesario ofrecer garantías a los ciudadanos de que la ayuda estatal es realmente esencial, y de que las soluciones a corto plazo no perjudican, en última instancia, a nuestro mercado interior».
Los auditores consideran que la Comisión reaccionó con prontitud a la necesidad de los Estados miembro de recurrir a este tipo de ayudas para remediar las perturbaciones económicas causadas por la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania, lo que triplicó el gasto en ayudas estatales en la UE de unos 120.000 millones de euros antes de la crisis, a más de 320.000 millones de euros en 2020 y 2021, y a casi 230.000 millones de euros en 2022.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de que las condiciones para la asignación de las ayudas estatales no siempre estuvieron bien definidas ni se centraron suficientemente en las empresas más gravemente afectadas.
Además, la Comisión simplificó sus procedimientos de control de las notificaciones de casos de ayuda estatal realizadas por los Estados miembro, lo cual dio lugar a evaluaciones más rápidas, aunque algunas decisiones se adoptaron pese a la ausencia de información más completa sobre los mecanismos de financiación que se establecían.
Durante las crisis, los auditores reprueban que la Comisión también redujo su supervisión de las ayudas estatales y subrayan que, a día de hoy, no ha introducido un enfoque estructurado para detectar casos de ayudas no notificadas.
Asimismo, apuntan que la UE cuenta actualmente con un conjunto «complejo» de normas sobre ayudas estatales que no siempre es coherente ni está respaldado suficientemente por análisis económicos, algo que también puede perjudicar el funcionamiento eficaz del mercado interior, ya que los países más ricos pueden simplemente gastar más que los demás y así distorsionar la igualdad de condiciones.
Por último, los auditores alertan también de que actualmente no existe suficiente transparencia sobre la identidad de los perceptores de ayuda estatal, ya que los Estados miembro no facilitan datos completos y fiables sobre la ayuda real que conceden, lo que dificulta el control de estas ayudas por parte de la Comisión.
RESPUESTA DE LA COMISIÓN
En respuesta, el Ejecutivo comunitario ha indicado que, «en una situación de emergencia, el tiempo apremia y la prioridad es contrarrestar los efectos destructivos de la crisis», lo que «puede implicar un compromiso entre la eficacia y la precisión de las medidas, en comparación con el planteamiento que puede aplicarse en épocas que no son de crisis».
No obstante, la Comisión considera que «ha alcanzado el equilibrio adecuado a este respecto, al incluir salvaguardias para mitigar los posibles efectos negativos, por ejemplo limitando los importes de las ayudas y fomentando las ayudas reembolsables menos distorsionadoras».
En cualquier caso, ha avanzado que de cara al próximo mandato, «se basará en las experiencias de los marcos de crisis para desarrollar un nuevo marco de ayudas estatales que acelere el despliegue de las energías limpias, la descarbonización industrial y garantice una capacidad suficiente de fabricación de tecnologías limpias».