Nuevos detalles sobre el caso de Diana Lorena Vélez Raigosa, madre de 40 años, y sus hijos, María Camila y Juan Carlos Hincapié Vélez, de 21 y 17 años respectivamente, dieron un giro inesperado a la investigación. Los tres fueron hallados sin vida el 11 de septiembre en su vivienda en el barrio La Isla, generando gran conmoción entre sus vecinos. Inicialmente, la Fiscalía sugirió un posible suicidio colectivo por envenenamiento, una hipótesis que causó impacto y controversia en la comunidad.
Sin embargo, el 31 de octubre, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aclaró que los resultados de Medicina Legal y la Policía Judicial arrojaron una nueva perspectiva: “Gracias a las investigaciones, a lo dictado por el Instituto de Medicina Legal y la Policía judicial, se puede corroborar que se trató del suicidio de la madre, pero que previamente lo que había ocurrido era un doble homicidio de ella con sus dos hijos”. Así, el caso pasó de un supuesto suicidio colectivo a ser investigado como doble homicidio seguido de suicidio.
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Entre los elementos encontrados en el lugar se hallaron un tarro de cianuro y una carta en la que la madre mencionaba que los gastos funerarios ya estaban cubiertos y solicitaba que se encargaran de los tres cuerpos. Esto apuntó a una planificación previa del trágico desenlace.
El padre de los jóvenes, César Augusto Hincapié Dávila, que había declarado en septiembre que sus hijos “eran jóvenes con sueños y metas” y que confiaba en su inocencia respecto al suicidio, expresó entonces su desconcierto y dolor: “No hay palabras ni actos que logren describir el dolor y el desconcierto por la trágica muerte de mis hijos”.
Condena a extranjero por asesinar a mujer y esconder su cuerpo en carpintería
En Medellín, un crimen atroz que estremeció a la comunidad en 2019 finalmente tuvo un cierre. Johan Antonio Perozo, ciudadano venezolano de 37 años, fue condenado a 35 años y 4 meses de prisión por el asesinato de Paula Andrea Restrepo, que se habría negado a pagarle 10.000 pesos. La condena fue emitida por un tribunal que evaluó las pruebas presentadas por la Fiscalía, las cuales demostraron con claridad la responsabilidad de Perozo en el brutal homicidio. Este crimen, ocurrido en una carpintería del centro de la ciudad, marcó un capítulo trágico en la historia de violencia local.
El fatídico suceso tuvo lugar en la madrugada del 12 de mayo de 2019, cuando Perozo y Restrepo se encontraban en el taller. Una discusión entre ambos se intensificó cuando la mujer se negó a entregarle el dinero exigido. Según la investigación de la Fiscalía, la negativa de Restrepo desató la furia del hombre, quien procedió a estrangularla. Lo que sucedió después del homicidio escaló aún más la brutalidad del crimen: Perozo, con la ayuda de un menor de edad, ató el cuerpo de la víctima de pies y manos y lo ocultó bajo una pila de aserrín y madera en un intento de esconder el rastro del asesinato.
La condena fue posible gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía, que logró demostrar de manera contundente la intención y la brutalidad con la que se cometió el delito. La sentencia de 35 años y 4 meses responde a la imputación de homicidio agravado, un delito que, según el marco legal colombiano, contempla penas severas para quienes incurren en homicidios premeditados y con agravantes. El caso involucró también la complicidad de un menor, lo que añade un componente delicado al asunto y plantea interrogantes sobre el impacto que estos crímenes tienen en la comunidad y la sociedad.
Por su parte, las autoridades reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de actos violentos y mantener su empeño en proteger a los ciudadanos, enfatizando que este tipo de conductas no quedarán impunes en la ciudad. La comunidad de Medellín reaccionó con alivio ante la sentencia, pero también con inquietud respecto a los problemas de seguridad en ciertas áreas urbanas y a la creciente violencia que afecta a personas vulnerables. La historia de Paula Andrea Restrepo se suma a una serie de casos que reflejan los desafíos de seguridad y justicia en la ciudad, donde las autoridades trabajan para combatir la criminalidad y ofrecer un entorno seguro para todos los habitantes.