La combinación de precios internacionales bajos y retenciones elevadas pusieron en jaque la rentabilidad de la producción de soja en la Argentina para la campaña 2024/2025. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), el productor del cultivo transferirá al Estado un promedio de 1400 kilogramos por hectárea, lo que equivale a un 33% de su ingreso bruto, mientras que los costos directos y el arrendamiento absorberán un 54,5% adicional. Así, el balance arrojará un margen negativo de -1,2% para quien alquila para producir.
“La rentabilidad de los productores de cara a la campaña 2024/25 enfrenta una situación delicada debido al escenario bajista en los precios internacionales. En el caso de la soja, del total de ingresos generados por una hectárea en Córdoba el productor no recibe ningún ingreso tras asumir el riesgo de la inversión y la producción. La mayor parte de lo generado se destina al Estado nacional a través de los derechos de exportación”, dijo.
Vale recordar que los derechos de exportación vigentes en la cadena agroindustrial son más altos para el complejo sojero, con un 33% para el poroto y un 31% para sus subproductos; la harina de soja es el principal producto exportado de la Argentina. Los cereales como trigo, sorgo, maíz y cebada tienen una alícuota del 12%.
Este esquema tributario implica para los productores de soja una transferencia hacia el Estado equivalente a 14 quintales por hectárea (quintales por hectárea) o 1400 kilos por hectárea.
De igual manera, los productores de maíz transferirán alrededor de 10 quintales por hectárea (1000 kilos por hectárea) y los de trigo 4 quintales por hectárea (400 kilos por hectárea). Este impacto se acentúa aún más cuando se toma en cuenta que el 70% de la producción de granos en la Argentina se realiza en campos arrendados.
La entidad remarcó que este costo adicional, que en Córdoba promedia 11,5 quintales de soja por hectárea, obliga a muchos productores a “afrontar un arrendamiento independientemente del resultado que obtengan durante el ciclo productivo”.
Además, la brecha cambiaria, señaló, es otro de los factores que afectan a los productores. Esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo “no solo dificulta el correcto funcionamiento de la economía, sino que también actúa como un impuesto adicional, ya que las ventas de granos son liquidadas al tipo de cambio oficial”, señaló el informe. Para amortiguar este impacto, el Gobierno ha implementado programas de incremento exportador (PIE) que permiten liquidar exportaciones a un tipo de cambio “blend” compuesto por un 80% del tipo de cambio oficial y un 20% del dólar contado con liquidación (CCL).
En lo que va de 2024 esta diferencia cambiaria se ha reducido al 30%, la más baja en los últimos cuatro años. “Mientras más baja sea la brecha, mayor es el precio recibido por el productor en dólares”, indicó el informe, destacando que esta caída en la brecha ha ayudado a mejorar los precios de la soja, que subió un 35% desde julio, pasando de US$200 por tonelada a US$270 por tonelada. El maíz, en tanto, experimentó una suba del 37%, desde US$113 por tonelada a los US$155 actuales
El informe también destaca el enorme aporte del sector agrícola en términos de derechos de exportación en las últimas dos décadas. “En los últimos 21 años, el agro aportó más de US$150.000 millones en concepto de derechos de exportación”, indica el reporte, considerando solo los productos principales: el complejo sojero, maíz y trigo.
La mayor recaudación se produjo durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, impulsada por los altos precios de los granos. En segundo lugar se ubicó la gestión de Alberto Fernández, que en promedio recaudó US$ 29,900 millones, seguida de Mauricio Macri con un promedio de US$22.257 millones y Néstor Kirchner con US$18.790 millones. En 2024, el actual gobierno ya recaudó US$5680 millones a través de este impuesto.
A modo de conclusión, la BCCBA alertó que los derechos de exportación son un “tributo sumamente distorsivo” que genera una serie de efectos negativos tanto a nivel microeconómico, afectando directamente a los productores, como a nivel macroeconómico. “Disminuyen el precio recibido por el productor” y “distorsionan los precios relativos, alterando la asignación eficiente de recursos en la economía”, dijo.
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Al ser considerados arbitrarios, estos derechos “generan incertidumbre ante posibles cambios en sus niveles”, lo que desalienta “inversiones y la adopción de tecnología en la producción agropecuaria”.
