Aunque no logró unificar criterios en torno a un texto común, un amplio abanico de diputados de la oposición avanzó esta tarde en cuatro dictámenes que apuntan a un objetivo común: limitar al presidente Javier Milei en el uso de sus facultades constitucionales para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) para gobernar. La ofensiva opositora se cristalizó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y si bien no hay fecha de debate en el recinto, no se descarta que se convoque a sesión especial antes del fin de año parlamentario.
La cuestión preocupa, y mucho, al oficialismo: de traducirse en votos el dictamen que obtuvo la mayoría con 36 firmas, el quorum y su aprobación en el recinto estaría asegurado. Este dictamen fue suscripto por Unión por la Patria –el mismo espacio que, paradójicamente, impulsó y defendió la ley 26.122 ideada por Cristina Kirchner- y los bloques Encuentro Federal y Democracia para Siempre, donde se enrolan los diputados radicales críticos del Gobierno.
El dictamen en cuestión incorpora dos aspectos claves en la ley que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, propone un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso lo discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, éste perdería vigencia de manera automática. De esta manera, los legisladores pretenden poner fin a una práctica extendida desde que se sancionó la norma, en 1996: la convalidación tácita de los decretos a partir del silencio del Congreso.
En segundo lugar, el dictamen mayoritario establece que si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.
Con variantes, los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica elevaron sus propios dictámenes. El del radicalismo fue presentado por Karina Banfi, aunque su compañero Francisco Monti no lo firmó: argumentó que no está de acuerdo con encorsetar al gobierno de Milei con esta nueva ley. Banfi coincide en que el rechazo de una cámara sea suficiente para derogar un decreto, pero es contraria a fijar un plazo para que el Congreso se expida. El dictamen de la Coalición Cívica, elaborado por Juan López, va en la misma línea, pero además habilita la posibilidad de rechazos parciales a un decreto.
El oficialismo, por su parte, presentó uno de rechazo. “El único objetivo es obstruir la gobernabilidad de la actual gestión”, despotricó el libertario Lisandro Almirón.
El bloque Pro, su único aliado, optó por una discreta prescindencia: no firmó ningún dictamen. Si bien coincide en que es inoportuno limitarle a Milei, un presidente sin mayorías parlamentarias, el uso de una herramienta que gozaron gobiernos anteriores, lo cierto es que durante el apogeo kirchnerista este bloque se cansó de reclamar por la modificación de la ley 26.122 por considerarla abusiva e inconstitucional.
En este estado de situación, el oficialismo buscará diluir la avanzada opositora para evitar un golpe en el recinto con los dos tercios de los votos. Confía en que los distintos criterios que se cristalizaron en los tres dictámenes de la oposición no lleguen a fraguar en un texto común cuando la iniciativa aterrice en el recinto.