Jorge Chávez Cotrina, Fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las ‘Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada’, lanzó fuertes cuestionamientos al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte, a quienes acusó de aprobar leyes que, en su opinión, obstaculizan la lucha contra el crimen y facilitan la liberación de delincuentes.
Estas declaraciones fueron realizadas durante su intervención en el evento Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos, organizado por la Cámara de Comercio de Lima y que contó con la presencia de gremios y representantes de la sociedad civil.
En su discurso, Chávez Cotrina explicó que las normas recientemente aprobadas dificultan la aplicación de la prisión preventiva al requerir penas mínimas más altas. “Para que una persona sea sometida a prisión preventiva, el delito debe tener una pena mínima de cinco años. Antes solo se requerían cuatro años”, indicó el fiscal, subrayando que esta modificación permite que más personas acusadas de crímenes graves evadan la cárcel.
Además, el fiscal de criminalidad destacó que las leyes actuales eximen de prisión a jóvenes entre 18 y 25 años sin antecedentes penales, si la condena no supera los ocho años, lo que, en su opinión, facilita la reincidencia de estos individuos en actividades delictivas.
“Si la policía detiene a un joven de 18 a 25 años sin antecedentes y la pena es menor a ocho años, no hay forma de meterlo a la cárcel. Las normas actuales facilitan su liberación”, afirmó.
Deficiencias en recursos y tecnología para combatir el crimen organizado
Chávez Cotrina también denunció la falta de recursos en el sistema de justicia, lo cual limita la capacidad del Ministerio Público para actuar eficazmente contra el crimen organizado. “No tenemos tecnología para leer los celulares incautados, donde se encuentran los mensajes de extorsión. ¿Cómo se puede combatir el crimen organizado si no contamos con los instrumentos necesarios?”, cuestionó.
Añadió que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional carecen de personal y tecnología, dicha ‘carencia’ frena investigaciones fundamentales en la lucha contra la delincuencia. Según el fiscal, la escasez de personal y la falta de laboratorios de criminalística afectan la capacidad de la policía para procesar pruebas de manera efectiva.
“Cuando se detiene a delincuentes del crimen organizado, a menudo se incautan de decenas de celulares que contienen pruebas. Sin embargo, no tenemos los recursos necesarios para analizarlos y obtener la evidencia”, manifestó.
Respuesta del Congreso
En respuesta a las críticas del fiscal, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, defendió el papel del Legislativo, asegurando que se revisarán las normas en cuestión en el próximo Pleno de Seguridad Ciudadana, programado para el 7 de noviembre. Salhuana prometió evaluar las observaciones planteadas por Chávez Cotrina, y señaló que el Congreso está dispuesto a modificar o derogar los decretos legislativos si se determina que afectan negativamente a la seguridad ciudadana.
“Es importante escuchar y rectificar cuando sea necesario. Evaluaremos los decretos y, si es preciso, realizaremos los cambios necesarios para mejorar la seguridad en el país”, señaló Salhuana, comprometiéndose a dotar al sistema de justicia y a la policía de los recursos necesarios para combatir eficazmente el crimen organizado.
