En la mañana del 29 de octubre de 2024 se presentó un nuevo acto de violencia que tuvo lugar en Ricaurte, localidad de Los Mártires, donde los comerciantes de la zona capturaron a un individuo que presuntamente se encontraba robando. La multitud lo golpeó brutalmente, lo desnudó y posteriormente lo amarró a un poste frente a todos los transeúntes.

Los capitalinos grabaron la situación y en las imágenes se observa a una gran cantidad de personas en el lugar viendo al hombre que se ve claramente afectado por los golpes que le propinaron como “lección”. El video se viralizó rápidamente y generó consternación en las redes sociales, pues es un claro ejemplo de que la ciudadanía se encuentra cansada de la inseguridad que se vive en la capital del país.

Este hecho desató varias reacciones, entre las que se destacan: “Y de qué sirve si los amarran y los casquen si llegan los tombos y al rato los sueltan? Toca es quebrarlos!!” y “Cuánto vale ese pedazo de maniquí”, son algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales.

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Y es que las autoridades se encuentran en alerta, ya que en la ciudad hay cada vez más casos de personas que hacen justicia por mano propia. Este es un fenómeno preocupante que ha ganado visibilidad en los últimos años debido a la frustración de muchos ante la impunidad y la inseguridad, pues las víctimas y la comunidad en general deciden castigar a presuntos delincuentes sin recurrir a la justicia formal, lo que se convierte en un reflejo de los problemas estructurales en el sistema judicial y de seguridad del país.

En diálogo con El Espectador, Daniela Restrepo, socióloga con énfasis en derechos humanos, aseguró que la justicia por mano propia no solo desafía las leyes, sino que va en contra de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio en Colombia. Según este sistema, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tiene derecho a defenderse en un juicio justo. “Agredir a alguien por la sospecha o flagrancia de un delito, elimina toda garantía y da vía a libre a un castigo físico e, incluso, vital, que no está incluido en la libreta punitiva de la legislación colombiana”, dijo.

La justicia por mano propia tiene duras consecuencias legales - crédito Archivo Infobae

Causas de la justicia por mano propia

Falta de confianza en el sistema judicial: muchas personas consideran que la justicia colombiana es lenta e ineficaz, lo que genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Impunidad: la percepción de que los delincuentes, en especial aquellos que cometen delitos menores, no son castigados adecuadamente o incluso reinciden en el delito una vez liberados.

Inseguridad: en áreas donde los recursos policiales son escasos y las instituciones no logran garantizar la seguridad, los ciudadanos pueden sentir que deben actuar por sí mismos para protegerse.

Consecuencias de la justicia por mano propia

Riesgos de abuso y errores: actuar sin el debido proceso judicial puede llevar a errores donde personas inocentes son castigadas injustamente.

Aumento de la violencia: la justicia por mano propia puede escalar a linchamientos y actos de extrema violencia, perpetuando una cultura de agresión y venganza.

Debilitamiento del Estado de derecho: cuando los ciudadanos toman la justicia en sus manos, minan la autoridad y la legitimidad del sistema judicial, lo que puede llevar a un círculo vicioso de mayor desconfianza en las instituciones.

Se puede cometer el error de atacar a una persona inocente - crédito Jesús Aviles / Infobae

Respuestas del Estado y la Ley

Código Penal Colombiano: las acciones de justicia por mano propia están penalizadas en Colombia. Aquellos que participen en estos actos pueden enfrentar cargos de lesiones personales, homicidio, secuestro o violencia, dependiendo de las circunstancias.

Campañas de sensibilización: las autoridades han implementado campañas para desalentar estos actos, recordando a la ciudadanía los riesgos y las sanciones legales.

Fortalecimiento de la justicia: en algunas regiones, se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar la presencia policial y la efectividad judicial, con el fin de reducir los incentivos para que los ciudadanos recurran a la justicia por mano propia.