La SIGEN envió la documentación personalmente a través de un representante, ante la falta de respuesta de la UBA a las notificaciones que mandó por mail

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) decidió entregar esta mañana la documentación en la que comunica que comenzarán los trabajos de auditoría en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Lo hizo de esta manera -según informó el ministerio de Capital Humano- para “evitar más dilaciones” después de que “las autoridades de la Universidad de Buenos Aires no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado”.

De acuerdo a lo que expresaron fuentes oficiales, la Universidad de Buenos Aires fue auditada hasta el año 2013 por la SIGEN. En noviembre de 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, durante la presidencia de Alberto Fernández, le impidió a la Sindicatura auditar las universidades nacionales. Ahora, el 15 de octubre pasado, el Gobierno nacional volvió a otorgarle esa potestad. mediante un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra.

La presentación de manera física se produjo un par de horas después de que la UBA ratificara, a través de su rector, Ricardo Gelpi, que acudirá a la Justicia para que se determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales.

“El Poder Ejecutivo informó que, por disposición unilateral, las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías”, explicó Gelpi.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, aseguró que

“De ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, aclaró luego el rector.