La Justicia allanó el sábado último por presunto lavado de dinero la tercera obra social más grande del país. Se trata de Osprera, a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, un dirgente chaqueño de bajo perfil al que le gustaría los lujos y que se defendió hoy con señalamientos al Gobierno y a la Justicia.
“Los allanamientos fueron parte de una operación política y judicial bochornosa basada en una falsa investigación periodística”, argumentó Voytenco en radio Mitre. Y agregó: “Creo que la Superintendencia de Servicios de la Salud se ha extralimitado en sus funciones”.
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De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud [SSS], la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero. La SSS está a cargo de Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud tras la salida de Mario Russo.
De acuerdo a la orden de allanamiento que dispusto el juez federal Federico Villena, el denunciante, Marcelo Andrada, que es el secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido a Voytenco y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados. Voytenco no respondió al llamado de LA NACION y en radio Mitre no fue consultado sobre su patrimonio. Por su cargo en Osprera, Voytenco percibe un salario de $14.005.643 mensuales.
“El juez Federal Federico Villena dictó una medida judicial que nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. La denuncia la hicieron opositores a los que les he ganado y estoy hoy legítimamente al frente del gremio”, dijo Voytenco. A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Pablo Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Ansaloni es hoy diputado nacional de La Libertad Avanza y sobre él también pesa una denuncia judicial por presunta malversación de fondos cuando estuvo a cargo de Osprera. Hace casi dos años a Ansaloni lo intentaron matar mediante un sicario narco.
Voytenco identifica la mano de Ansaloni detrás del allanamiento y de la intervención de la obra social. También de funcionarios del Gobierno que trabajan con miras en la campaña electoral para 2025. “Quieren la estructura de la Uatre para tener territorialidad para la campaña”, argumentaron cerca del secretario general.
La Uatre administra $9000 millones mensuales mientras que su obra social llegó a tener $1300 millones de superávit, según fuentes gremiales. Las cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en el primer semestre de 2024 recaudó $74.796 millones. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados de manera irregular, según denunciaron desde el gremio.