La Argentina evitó tener una merma de fondos por 45.000 millones de dólares al aprobar el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), afirmó Ignacio Yacobucci, presidente Unidad de Información Financiera (UIF), al sostener que la evaluación dio certezas de que en la Argentina funciona el sistema de prevención del lavado de dinero y el terrorismo internacional.
El especialista señaló en una entrevista telefónica con LA NACION, desde París, que la Argentina cayó en la “lista gris” durante el kirchnerismo porque “no había conciencia real de lo que significaba y los riesgos para el país”, aunque reconoció que a pesar de los fallos por lavado de dinero contra empresarios kirchneristas, “no somos los mejores alumnos en materia de condenas judiciales”.
El GAFI, integrado por 40 países en todo el mundo, aprobó el jueves a la noche en París el informe de evaluación de la Argentina en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional. El país superó la cuarta evaluación que enfrentó, que analizó las leyes antilavado, las reformas introducidas entre 2019 y 2023, las condenas y las sanciones administrativas aplicadas. La última evaluación formal había sido en 2012, cuando la Argentina entró en la lista gris. Luego, en 2014, el país logró salir de esa lista.
–¿Qué consecuencias tiene para la Argentina el haber superado esta instancia?
–Se demostraron las fortalezas del sistema de prevención de lavado de activos. Es evidenciar que el sistema funciona, aunque necesita mejoras pero no de aquellas que son esenciales. Es similar a una auditoría. El trabajo realizado evitó caer en lista gris, pero eso no importa que el informe aprobado no contenga una serie de acciones recomendadas para superar esas deficiencias. El informe será conocido en breve y tendrá un detalle de líneas de trabajo que luego será controlado por el GAFI.
–¿Qué implica no caer en la lista gris?
–El no caer en lista gris es importante porque tiene un gran impacto económico y financiero. El no tener un sistema de prevención de lavado de activos que cumpla mínimamente con las recomendaciones de GAFI y que no muestre cierta efectividad implica que el país no tiene buenos controles y que el resto de la comunidad global deba reforzar los suyos cada vez que opere y trate con el Estado nacional o provincial argentino, o bien con personas físicas o jurídicas argentinas. Encarece las transacciones, el financiamiento y, en muchos casos, cierra la posibilidad de acceder a productos, cuentas, líneas de crédito y oportunidades de inversión. Un estudio técnico, promovido por el FMI, analizó que los países enlistados sufren, en promedio, una merma de flujos de fondos de aproximadamente 7,6 del PBI. En números muy gruesos, serían en la actualidad aproximadamente 45.000 millones de dólares. Se evitó este gran problema para la Argentina en un momento en que se esta tratando de ordenar las variables macroeconómicas y estabilizar la economía para impulsar el desarrollo y el crecimiento, pero es importante destacar que tenemos un largo camino por delante de mejoras y reformas. El informe es un documento de referencia para otros organismos internacionales. Es valorado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE o el BID entre otros, por lo que la lista gris también hubiese dificultado la integración del país.
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–¿Cuáles fueron las adecuaciones normativas que se hicieron?
–Hubo que promover la sanción de la reforma de la ley de lavado (27.739). Fue fundamental, y era una norma que tenía media sanción desde el 2022 y al cierre de 2023 no había obtenido sanción en el Senado. La urgencia se vinculaba con la adecuación de las figuras penales de lavado y financiamiento de terrorismo, la incorporación del delito de proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, la inclusión de nuevos sujetos obligados al sistema, la actualización del sistema de sanciones administrativas de la UIF, la creación de un registro de beneficiarios finales y otro de proveedores de activos de servicios virtuales. Todo ello acompañado de múltiples cambios regulatorios, principalmente de la UIF y de la CNV. Junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su equipo, nos pusimos en contacto con senadores de distintos partidos para exponer la importancia de que se trate este asunto y encontramos mucha sensibilidad con el tema, que finalmente se aprobó. En segundo lugar, desde la UIF tomamos la decisión de participar activamente de foros y grupos internacionales sobre combate de lavado de activos y el financiamiento como señal clara del compromiso del Estado con esta problemática y era importante dar ese mensaje porque no había habido en los últimos años una participación activa del país y eso era ponderado negativamente.
Se coordinó con seriedad y profesionalismo la evaluación, intentando ordenar y estructurar el proceso. Un cambio de gestión en el medio de un proceso de evaluación no es sencillo, es importante siempre mostrar fortaleza en la gestión de este desafio más allá de la coyuntura. Con enorme esfuerzo y trabajo de muchas personas que integran los distintos organismos del sistema de prevención de lavado y financiamiento (Coordinación Nacional, UIF, BCRA, CNV, MPF, PJN, AFIP, Ministerio de Seguridad e Inaes, entre otros) se pudo encarar el proceso para llegar a buen puerto. Me tocó liderar una gran parte del proceso y pude ver el trabajo silencioso de muchísima gente que se tomó muy en serio esta evaluación. El esfuerzo se coronó con el cumplimiento del objetivo de evitar ir a lista gris. Hubo también un compromiso de pares como el presidente de la CNV, el Dr. Roberto Silva, o del BCRA, con los aportes de la Dra. Silvina Rivarola, que ayudaron mucho y que se adaptaron a la dinámica de trabajo con mucha humildad y energía. También contar con el embajador Eugenio Curia en la última parte del proceso fue un gran acierto del ministro de Justicia, pues se complementó lo hecho con su vasta trayectoria. En lo personal, estos diez primeros meses de gestión fueron intensos y desafiantes, demandaron muchísimas horas de trabajo y afortunadamente con el respaldo de mi mujer y la familia, pude poner todas las energías para contribuir en alcanzar este resultado.
–¿Las causas de lavado contra el kirchnerismo fueron determinantes para este resultado? ¿Cuál es la efectividad que tiene el Poder Judicial en la sanción del lavado de dinero?
–Hay temas concretos que no lo sabemos aún porque no se conoce el informe. Las variables judiciales son una parte, la fortaleza fue todo el trabajo a lo largo del año, la parte normativa y las resoluciones que dispusieron cambios en regulaciones de diferentes sectores, el enfoque basado en riesgo, haber iniciado un camino de reforma procesal penal, fueron buenos indicadores de que la Argentina estaba comprometida con el camino de mejoras. El tema judicial es uno de los pilares, pero no es el único, y ahí no somos los mejores alumnos en materia de condenas judiciales. No es el único factor, sino que se analiza si el sistema sigue funcionando.
–¿Qué observaciones hicieron los organismos o los países extranjeros sobre nuestro sistema antilavado?
–Hay que tener paciencia y esperar el informe que será dado a conocer por GAFI en breve.
–Políticamente, ¿por qué en otras gestiones la Argentina cayó en la lista gris? ¿Fue inoperancia o hubo intencionalidad?
–No había conciencia real de lo que significaba un proceso de evaluación mutua y los riesgos para el país. No podría concebir que hubiera intencionalidad política porque el efecto de estar en lista gris, dado el enorme impacto económico que tiene, afecta transversalmente a toda la población y en particular a los más vulnerables.
–¿Cuánto de trabajo técnico y cuánto de lobby político tuvo esa instancia? Se supo que hubo gestiones del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina.
–Me enteré por los medios. No estaba en conocimiento. Este es un organismo multilateral donde cada país interviene y tiene un componente mayormente técnico. Obviamente que cualquier signo de compromiso de acompañar el proceso es positivo.
–¿Este éxito es producto de lo que se hizo en estos 10 meses o es del gobierno anterior?
–Lo que se evaluó abarca el período de 2019 al 26 de marzo 2024. El resultado tiene que ver con lo que se hizo en estos últimos meses al diseñar una estrategia y presentarla de manera estructurada, mostrando compromiso de que se va por seguir trabajando.
–¿Impactaron los cambios que hubo meses atrás del vicepresidente de la UIF?
–No ocurrieron durante el período analizado. A lo mejor sí repercutieron internamente, pero ellos evaluaron lo que ocurrió antes. En estos años hubo dos presidentes de la UIF en la gestión anterior y se vivieron situaciones que tuvieron impacto mediático, como la renuncia de la vicepresidenta durante la gestión de Juan Carlos Otero. No son hechos determinantes, pero generan una impresión general que no es favorable. Son problemas de institucionalidad, son signos que no ayudan.