La Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados debatirá este próximo miércoles sobre la aprobación de la retribución del permiso parental de ocho semanas.
En concreto, votará la proposición no de ley de Podemos por la que insta al Gobierno a aprobar «con carácter de urgencia» la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de ocho semanas por hijo hasta los ocho años.
Podemos recuerda en la exposición de motivos de la iniciativa que la Comisión Europea llevó en noviembre a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado las medidas nacionales de plena transposición de los derechos de la UE en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, entre los que se encontraba la no remuneración del permiso parental.
«A pesar de que la fecha límite marcada por la Comisión Europea es el 2 de agosto, a día de hoy no se conoce una propuesta clara y detallada sobre la implementación de esta medida», aseguran los morados, que aseguran que, según las declaraciones realizadas por el Ejecutivo durante estos últimos meses parece que la propuesta «solo contemplará la remuneración de cuatro semanas».
En este sentido, Podemos considera que «no garantizar la remuneración total del permiso parental podría impedir el disfrute de este derecho en igualdad de condiciones para todas las familias».
Igualmente, la Comisión de Derechos Sociales abordará la proposición no de ley de Vox relativa al reconocimiento de la crisis demográfica de España y a la necesidad de su reversión mediante un decidido apoyo a la familia.
También se debatirán dos iniciativas del PSOE: una sobre la participación de las personas que necesitan apoyo y cuidados y otra sobre el «índice de reparabilidad» en aparatos eléctricos y electrónicos. Además, de Sumar se tratará sobre la regulación en la comercialización de juegos de lotería mediante canales electrónicos.
Respecto a las proposiciones no de ley del PP, se debatirá sobre la adopción de medidas para ayudar a mejorar e impulsar el control de las colonias felinas y una relativa a la protección efectiva de los consumidores frente al «impacto negativo» de la coyuntura socioeconómica actual.