Luis Caputo fue tajante muchas veces en las reuniones de Gabinete. También en conversaciones fuera de ese espacio, a tal punto que logró contener a los funcionarios de pensamiento aún más ortodoxo que el propio presidente Javier Milei y proponían ir más rápido.
El ministro de Economía se encarga personalmente de administrar los aumentos de luz, gas y agua, entre otros precios, en línea con su objetivo de mostrar un sendero descendente de la inflación. Es un equilibrio artesanal que incluye otro elemento: cómo cierran las cuentas mes a mes para mostrarle al mundo que la Casa Rosada está, antes que nada, comprometida con sostener el superávit fiscal. Siempre que el ajuste en un lugar lo permita, se relajará el ajuste en otro lado.
Caputo volvió a hacer uso del oficio hace tres semanas, cuando canceló una audiencia pública para discutir las tarifas del transporte eléctrico. Repetirá la maniobra varias veces en los próximos días, si es necesario, con otras empresas de luz y también con el gas. El objetivo es normalizar los servicios públicos, lastre político y económico de los últimos gobiernos, hasta ponerlos en piloto automático, pero llegar a esa instancia requiere de una conducción manual.
La novedad es que a fuerza de resultados en algunos ítems, Caputo ha logrado convertir a los exégetas del ajuste fiscal más sanguinario en colaboradores pacientes. Es una línea de trabajo convalidada por Milei que está tomando cada vez más forma en otros espacios de la conducción del Estado.
En un gobierno al que le caben las figuras geométricas, hay una mesa de cuatro vértices que tendrá una de las mayores responsabilidades en los próximos 30 días. Está compuesta por José Rolandi, vicejefe de Gabinete convertido en experto negociador tras la Ley Bases; José Luis Espert (Diputados), Bartolomé Abdala (Senado) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman (Economía).
Los cuatro están colocando a la oposición frente a una decisión imposible. Pese a que pagó el costo político del veto, Milei está dispuesto a convalidar una recomposición importante a los jubilados el año próximo, una novedad con respecto a la primera versión del Presidente. Lo saben los legisladores del Pro, de la UCR, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, que maneja Miguel Pichetto, con quienes conversaron en los últimos días. Acaban de levantar los pedidos de todos los bloques y emerge una discusión sobresaliente: jubilaciones contra obra pública.
Los legisladores piden un aumento del 8% para los jubilados, que según los números de la Casa Rosada representaría unos US$4000 millones. Es una cifra cercana a lo previsto el año próximo para obras públicas. Como el presupuesto debe ser equilibrado, lo que se les dé a los jubilados se les sacará a otros.
Los negociadores de Milei ya se lo sugirieron. Diputados y senadores deberán armonizar con sus gobernadores si compensan a la clase pasiva a cambio de resignar inversión pública en un año electoral, algo que daña directamente a los jefes provinciales.
Entre los colaboradores pacientes con el ajuste está Mauricio Macri, que llegó a esa conclusión luego de decenas de diálogos con sus colaboradores. Detrás del expresidente crece un grupo de trabajo y de ideas con la expectativa de influir desde el costado en el futuro organigrama del Estado. Es la tropa ampliada que sostiene el plan.
María Tetamantti es mucho más que una sorpresa. Esta exejecutiva con carrera en el sector privado es el primer alfil institucional que pone el Pro en el Gobierno, como secretaria de Energía. Llega con la bandera del partido, con el visto bueno de la Casa Rosada, en el marco de un programa y con un equipo de trabajo que se integrará en los próximos días y ya tiene definidas algunas tareas específicas. Siempre subordinadas a lo que diga Caputo, algunas son muy ambiciosas e implican, incluso, sepultar algunas creaciones de Macri en su paso por el Gobierno.
En los próximos días debería conformarse un grupo de colaboradores adicionales en el área de Energía. En la lista figura el nombre de Mauricio Roitman, por caso, que tiene entre sus pergaminos el hecho de haber ganado el concurso para manejar el ente regulador del gas (Enargas) en la administración de Macri.
El nuevo equipo asesor trabajará con un horizonte de mediano plazo y el objetivo de desandar un camino. Hasta 2001, la Argentina no tenía subsidios a la energía y el sector funcionaba. El Gobierno parece dispuesto a volver a una situación intermedia, pese al rechazo de sus componentes más ortodoxos. Otra vez, Caputo manda en lo que finalmente se decida.
El resultado final de ese trabajo debería ser la eliminación de las categorías actuales de usuarios, denominadas N1, N2 y N3, para mantener solo una tarifa social para una porción menor de la población. Se evaluará otro cambio trascendental. Que los usuarios favorecidos por esa tarifa paguen de todas formas la factura completa. La diferencia se les reembolsaría, por caso, a través de una cuenta bancaria o en billeteras digitales.
Esta semana se llenaron algunos casilleros más de esa cartera. Es un trabajo a veces tedioso. Todos deben pasar los tres filtros del triángulo de hierro compuesto por Milei -el mejor predispuesto a las propuestas de Macri-, su hermana, Karina, y el asesor Santiago Caputo. Como dijo un macrista en ascenso, muchas de esas propuestas no pasan el filtro de los otros dos catetos. Ponen de ejemplo al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, por quien el expresidente tiene una estima particular, pero hay una gran cantidad de casos.
La prueba de los catetos se aplicó muchas veces en el pasado y se volverá a usar en el futuro. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, tiene una buena conversación con Macri y ha incorporado a varios funcionarios de esa extracción, algo que no le impide transmitirle ciertos reproches. Está disconforme, por ejemplo, con una parte de los empleados que entraron a la cartera de Trabajo -ahora en su órbita- durante la gestión de Jorge Triaca. En ese ámbito de frontalidad, del lado macrista aseguran que propondrán nombres para, justamente, el área de Trabajo.
El aporte del Pro le está permitiendo al Gobierno llevar adelante una depuración de sus propias líneas internas. Darío Urrúe fue reemplazado en la intervención del ENRE, que regula al sector eléctrico, por Osvaldo Rolando, un ejecutivo de larga trayectoria en el mundo privado. Sin embargo, Carlos Casares permanece en la silla del Enargas, el organismo primo del ENRE para el sector gasífero.
Casares hizo carrera en Techint, el mismo grupo del que participó Horacio Marín, el presidente de YPF, cuya continuidad nadie discute hoy. Urrúe, en cambio, es una persona cercana a Carlos Bastos, exministro de Infraestructura y exsecretario de Energía, un personaje central de las reformas que cambiaron los servicios públicos en los años 90 de la mano de Domingo Cavallo. El propio Bastos había sugerido, también, para la Secretaría de Energía a Eduardo Rodríguez Chirillo, quien fue expulsado del Gobierno la semana pasada.
Bastos tiene hoy un lugar en el directorio de YPF y sigue siendo muy cercano a Cavallo. De hecho, ambos se mostraron juntos el martes 15 pasado en un acto de la transportadora de gas TGS en la Bolsa de Nueva York, invitados por el empresario Marcelo Mindlin.
El ex hombre fuerte de Carlos Menem tiene una relación con sobresaltos con Milei. El Presidente se refirió a él como el mejor ministro de Economía de la historia, pero el vínculo se enfrió más tarde, en parte, por cuestiones de personalidad. A Cavallo le gusta decir lo que piensa y a Milei no le gusta que lo critiquen en público.
En los hechos, algunos de los últimos recambios profundizan la salida del grupo referenciado en Bastos, que es Cavallo.
El movimiento comenzó en junio pasado, cuando el exviceministro de Economía, Joaquín Cottani, abandonó el Gobierno. Días después, criticó públicamente la política de Caputo. Cottani, al igual que Bastos, Rodríguez Chirillo y Urrúe, formó parte del equipo económico de los años 90. La cooperación del Pro aceleró la purga de una línea interna referenciada en Cavallo.
Milei quiere desde hace tiempo avanzar rápido en las privatizaciones de empresas públicas, pero no encontraba el acelerador. Hasta ahora. Los anuncios relacionados con el Belgrano Cargas son una parte de un movimiento mucho más grande que ya se está llevando a cabo.
El caso ferroviario es la inspiración para un problema mucho mayor que tiene el Gobierno. Se trata de Aerolíneas Argentinas. Por primera vez desde que arrancó el mandato, las terminales de Milei a cargo de encontrarle una solución al problema trasuntan dosis moderadas de optimismo.
Aunque las empresas lo niegan, ante las consultas de la Jefatura de Gabinete, tanto la brasileña Gol como la colombiana Avianca se mostraron dispuestas a evaluar el ingreso a la línea aérea de bandera. Eso, después de discutir con los funcionarios acerca de un potencial escenario catástrofe en el que se contempló qué podrían hacer en caso de que la empresa de bandera deje de volar.
La reacción de Gol y Avianca, según la interpretó el Gobierno, es similar a la que tuvieron anteayer cerealeras, mineras e industrias cuando se les propuso evaluar su ingreso al Belgrano Cargas. En la Bolsa de Comercio de Rosario, representantes de Cofco, Cargill, Bunge, Molinos, Dreyfus, Viterra, pero también Ledesma, Techint y la UIA escucharon y anotaron la propuesta de Alejandro Nuñez, titular de la empresa pública.
Para privatizar Aerolíneas, la Casa Rosada debe resolver algunas cuestiones primero, como reducir la dotación de personal, algo que necesariamente requiere el permiso del Congreso. Es posible que en los próximos días el Gobierno obtenga dictamen del proyecto que declara a la empresa de bandera sujeta a privatización para ir al recinto.
Cualquier avance, además, debe tener algún tipo de guiño por parte de la mayoría de los gremios. Allí también el Belgrano Cargas es un bálsamo para los planes oficiales con Aerolíneas. Sergio Sasia, el jefe de la Unión Ferroviaria, consideró que una privatización podría ser positiva. Su lógica tiene una base: cree que será más fácil conseguir mejoras salariales de una empresa privada que tenga el ímpetu del recién llegado más que de un Gobierno que no quiere estar allí.
Todo el barco del Estado parece apuntado en la misma dirección. Un ejemplo interesante es lo que está pasando en Enarsa, la empresa pública que más subsidios recibe.
Los empleados de esa compañía fueron testigos en las últimas semanas de la llegada de personas a las que consideran misteriosas. Se trata de ejecutivos que se presentan como asesores, recorren oficinas y piden documentación en nombre de Tristán Socas, el flamante presidente de la empresa, reclutado por Francisco Caputo, hermano de Santiago, vértice del triángulo de hierro de Milei.
Es probable que estos asesores se conviertan en los próximos días en ejecutivos con cargo. Todos tienen un mandato que cumplen con apuro: hacer el inventario de activos que el Gobierno podría poner a la venta cuanto antes. Hay algunas cosas con potencial en el mercado, desde centrales termoeléctricas hasta parques eólicos y el conocido Gasoducto Néstor Kirchner.
La intención del Gobierno, con la que acuerda la intersección con el macrismo en el área de energía, es cerrar Enarsa. Esta última es una creación muy propia del kirchnerismo. Surgió de la idea de Guillermo Moreno y fue puesta en marcha por el exministro de Planificación Julio De Vido. Antes, debe resolver un entuerto que también lleva el apellido del expresidente. Literalmente.
La gestión de Socas delegó en Sergio Viana las negociaciones para retomar la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz. Debe ponerse antes de acuerdo con el consorcio a cargo de su construcción, integrado por Eling y la china Gezhouba, si es que quiere terminarlas. Un pequeño premio para entusiastas de la supuesta década ganada. Sobreviviría a su criatura, Enarsa, una de las obras más queridas por la expresidenta Cristina Kirchner. Nadie puede asegurar, sin embargo, que se les mantenga el nombre.