La Superintendencia de Sociedades tomó una decisión contundente frente a la empresa Más Rápido Motos, con sede en Envigado, Antioquia, y su representante legal, Miche Abraham Lewin González. Esta medida tiene como objetivo suspender las actividades relacionadas con la captación no autorizada de dinero del público. La intervención surge después de que se descubriera que la empresa, bajo la fachada de contratos de “colaboración empresarial”, había logrado captar una considerable suma de dinero, incumpliendo con la normativa vigente que regula este tipo de operaciones.
El caso involucra más de $1.552 millones, una suma obtenida de al menos 23 personas, quienes fueron atraídas mediante publicidad en medios tradicionales y redes sociales para participar en un supuesto negocio de compra y venta de motocicletas. Más Rápido Motos, a través de su representante legal, firmaba contratos con estas personas comprometiéndose a devolverles el capital invertido más una ganancia fija. Sin embargo, la Superintendencia concluyó que estos contratos no ofrecían ningún bien o servicio real a cambio, lo que llevó a la entidad a intervenir.
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El mecanismo utilizado para captar el dinero era sencillo pero engañoso. Según el informe de la Superintendencia, “los dineros se captaban a través de transferencias bancarias a cuentas que figuraban a nombre de la sociedad y de su representante legal”. Este tipo de operaciones, aunque parezcan formales en un principio, violan la legislación colombiana, particularmente las disposiciones del Decreto Legislativo 4334 de 2008, que regula la captación masiva y habitual de dineros del público. Basándose en esta normativa, la Superintendencia decidió iniciar el proceso judicial correspondiente con el fin de asegurar la devolución del dinero a los afectados.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención a la ciudadanía sobre los peligros de invertir en negocios no regulados. “Advertimos a la ciudadanía que antes de entregar su dinero se informen debidamente sobre los negocios que les ofrecen, por cuanto, puede tratarse de sistemas piramidales, donde no existe en realidad un negocio que genere las rentabilidades que les ofrecen”, explicó Escobar. Sus declaraciones señalan el riesgo que corren los inversionistas al confiar en esquemas que prometen ganancias rápidas y seguras sin ofrecer garantías reales.
La falta de regulación en este tipo de negocios es un problema recurrente en el país. Las actividades de captación no autorizada, como las que realizaba Más Rápido Motos, no son supervisadas por ninguna entidad financiera oficial, lo que deja a los ciudadanos vulnerables a ser víctimas de fraudes. “Por lo anterior, queremos recordarle a la ciudadanía que las únicas personas autorizadas para recibir dinero de manera masiva del público, son aquellas autorizadas por el Estado para tal fin, como son las entidades financieras”, añadió el Superintendente.
Este tipo de estafas afectan el patrimonio de quienes caen en ellas, al tiempo que socavan la confianza en los mecanismos de inversión legítimos y en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. La Superintendencia de Sociedades, mediante su Juez de intervención, llevará adelante el proceso judicial para intentar mitigar los efectos de este fraude y restituir los recursos a las víctimas.
A medida que avancen las investigaciones, se espera que salgan a la luz más detalles sobre la red de captación que operaba detrás de Más Rápido Motos, y sobre la posible participación de otras personas o empresas. La intervención administrativa es apenas el primer paso en un proceso judicial que busca hacer justicia a los afectados y desmantelar cualquier estructura similar que esté operando al margen de la ley.
Este caso sirve como un recordatorio para la población de que los negocios que prometen altas rentabilidades sin riesgos suelen esconder fraudes. Las autoridades, lideradas por la Superintendencia de Sociedades, continúan trabajando para desarticular estas prácticas y proteger el ahorro de los colombianos, instando a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar decisiones de inversión con cautela.