La Argentina enfrenta este jueves un examen crucial de sus normas y su efectividad contra el lavado de dinero. Unos 200 países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) votarán en París, a las 17 hora local (las 12 en Buenos Aires), para saber si el país pasó la prueba en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o si de lo contrario será incluido en la “lista gris” de países incumplidores, lo que genera perjuicios para le economía y el acceso al crédito internacional.
Esta es la cuarta evaluación y el período que abarca corre desde 2019 a 2024. La última evaluación formal había ocurrido en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris. Luego, en 2014, el país logró salir de esa lista. Pese a lo que está en juego, hay optimismo en la delegación argentina que viajó a París, dijeron a LA NACION fuentes oficiales desde el otro lado del Atlántico.
Acudieron a esperar el veredicto una amplia comitiva integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal Diego Velasco, de la fiscalía antilavado, y Silvina Rivarola, del Banco Central, mientras que por la Corte Suprema participa el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte.
La delegación ya se reunió en las últimas 48 horas con algunos de los representantes de los países que deberán votar este jueves el informe final sobre Argentina. Hay buenas perspectivas.
Además, Cuneo Libarona, Amerio, Borinsky y Yacobucci, junto al embajador argentino en París, Ian Sielecki, mantuvieron una reunión, organizada por la Embajada Argentina en Francia, con miembros de la comunidad legal francesa. Entre los asistentes se encontraban los encargados de los departamentos jurídicos de las principales empresas francesas, como TotalEnergies, Renault, Eramet, Air Liquide y PernodRicard, y principales socios de los estudios de abogados más prestigiosos de Europa, entre ellos Hogan Lovells, Cleary Gottlieb y Kirkland & Ellis.
Se conversó sobre el proceso de reformas en curso en el país, la reforma del Código Penal, el nuevo Código Acusatorio Federal, la agenda legislativa en materia de Justicia. Los franceses se mostraron interesados en conocer los lineamientos y sustentabilidad política del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y quisieron escuchar de primera mano acerca de la seguridad jurídica y el clima de negocios para inversiones futuras.
Mañana por la tarde se votará en el plenario del GAFI el informe de evaluación mutua de Argentina que definirá si el país entra, o no, en lista gris y eventualmente se conocerá el plan de acciones recomendadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que deberá seguir el país.
El proceso es obligatorio para todos los actores del sistema antilavado, como ser la UIF, el Poder Judicial, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio Público Fiscal.
El clima en la delegación es bueno: “La Argentina levantó puntos. A principios de este año el panorama era bastante complejo y desalentador. Hoy el panorama está abierto y la Argentina tuvo posibilidades de demostrar las fortalezas del sistema antilavado y que ha obtenido resultados”, dijo una fuente del Gobierno.
Antes de esta reunión entre los evaluadores del GAFI y los funcionarios argentinos, el pronóstico era dramático. Ahora hay un mucha cautela, pero buenas sensaciones.
Junto con el informe de la Argentina se votará el de Omán. El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Ese informe contendrá las conclusiones sobre la normativa que se aplica en la Argentina, si está adecuada a los parámetros internacionales exigidos por el GAFI y sobre la efectividad del sistema, es decir si hubo condenas, multas o sanciones, y si funcionaron los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero –de tres 77 sentencias– y otros tantos decomisos por millones de pesos. Fue durante la reunión con los evaluadores del GAFI que se llevó a cabo en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central. Además, el Congreso cambió la ley de lavado y el Gobierno incluyó a los abogados como sujetos obligados de realizar reportes de obligaciones sospechosas de sus clientes, además de impulsar otra adecuaciones normativas.
El proceso de evaluación que concluirá este jueves comenzó en noviembre 2023, cuando se presentaron los primeros informes argentinos. Continuó con la visita a Buenos Aires, entre 6 y el 26 de marzo de este año, de los evaluadores y funcionarios de la Secretaría del GAFI/GAFILAT, que evaluaron el período abarcado entre 2019 y marzo de 2024.
Esos 25 evaluadores que permanecieron en Buenos Aires durante tres semanas elaboraron un informe sobre el estado de situación del cumplimiento técnico de los estándares y el cumplimiento de la efectividad de esos estándares.
Ese informe fue revisado en tres ocasiones, con idas y vueltas de borradores que recibían comentarios de la Argentina y más preguntas de los evaluadores internacionales. Ese proceso se extendió entre abril y septiembre, incluyendo una reunión frente a frente, en las afueras de París, de todos los actores involucrados en la evaluación. Por parte de la Argentina, el proceso de evaluación esta en cabeza del Ministerio de Justicia.
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. El resultado del proceso consistirá en la aprobación por parte de los miembros del GAFI de este informe final que, más allá de las calificaciones, contendrá un plan de acción que la Argentina deberá valorar para la gestión del sistema de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.