Sin los votos para evitar un revés en el recinto, el Gobierno apuesta a postergar hasta el año que viene la discusión sobre la reforma al proceso por el cual se ratifica o rechaza un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -ley 26.122-. Se trata de una ofensiva opositora a través de la cual distintos sectores pretenden limitar el poder de Javier Milei, quien hizo un amplio uso de esta herramienta constitucional y se encuentra en una notoria minoría en el Congreso.
Si bien fueron presentados por espacios políticos muy dispares, la mayoría de los proyectos que se están discutiendo en la Cámara baja comparten un objetivo común: buscan evitar que al Presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.
Para frenar esta avanzada, el oficialismo apunta todos sus cañones a empastar la discusión en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Quieren evitar que el debate llegue al pleno de la cámara, donde las chances de una resistencia son escasas. Su objetivo es patear el tema para el año que viene bajo la especulación de que las elecciones de medio término diluyan cualquier puja en el Congreso. El tiempo está del lado de los libertarios: sólo quedan diez semanas para finalizar el año parlamentario, que deberá compartirse con la discusión del Presupuesto 2025, determinante para los gobernadores.
Para iniciar el análisis de los proyectos vigentes, la oposición tuvo que emplazar a los presidentes de dichas comisiones, Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro). El trabajo comenzó la semana pasada y seguirá este miércoles, cuando se invitará a juristas para que compartan su visión respecto de los detalles de las diferentes propuestas.
El cronograma que fijó el emplazamiento aprobado en la última sesión define que la próxima semana, puntualmente el 30 de noviembre, debería firmarse un dictamen. No obstante, el debate se encuentra en una etapa muy embrionaria y no hay indicios, por ahora, de que las distintas posturas converjan en un texto común.
La intención de la oposición es modificar la ley de trámite reglamentario, sancionada en 2006 durante el apogeo del kirchnerismo, que permite que un DNU quede vigente con el silencio del Congreso o con el aval de solo una de las cámaras. Si bien hay consenso para revertir este proceso, conocido como “sanción ficta”, no está claro cómo hacerlo.
Hay una gran mayoría que busca invertir el paradigma de validez de un DNU: en vez de que quede vigente salvo que se materialice el rechazo, perderá vigor en tanto el Poder Ejecutivo no consiga la ratificación expresa del Congreso. Para ello, hay 12 proyectos que establecen un tiempo -de 90, 60, 45 y 30 días- para que las cámaras puedan expedirse. Vencido ese plazo, el decreto caducaría.
Hay dos iniciativas que no contemplan este cambio de paradigma y no establecen un plazo de vigencia: uno de Roberto Mirabella (UxP) y otro de Juan Manuel López (CC). Ambos definen que el DNU quedará firme salvo que el Congreso se expida por su rechazo. La principal modificación que introducen es que se requerirá de una sola Cámara para dejarlo sin efecto. Es decir, que se necesita tanto del Senado como de Diputados para ratificar un DNU.
Este criterio de bicameralidad es lo que une a la oposición. Todos están de acuerdo con que, al igual que las leyes, los DNU necesiten del aval del Congreso. Será la punta del ovillo desde donde la oposición empezará a construir el consenso.
“Hay visiones muy disímiles. Zanjar rápido una discusión tan compleja no es sencillo. Es un tema muy sensible”, consideró un diputado de La Libertad Avanza (LLA), quien admitió que consideran perdida la batalla en caso de que la oposición logre tratar en una sesión un texto consensuado. “Es una ley anti Milei”, dictaminó tras argumentar que un sector apunta a que el DNU deje de ser un instrumento viable.
Para sortear la estrategia del oficialismo, la oposición deberá trabajar en un texto que compile las diferentes visiones. Si se cuentan las firmas de los sectores que tienen presentados proyectos -a excepción de Pro, que anticipó que no acompañaría la reforma-, Unión por la Patria (UP), la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica cuentan con los avales suficientes para emitir un dictamen de mayoría.
En este caso, el oficialismo tiene un plan B. De cumplirse el cronograma fijado por el emplazamiento, la sesión sería la primera semana de noviembre, al igual que las elecciones de Estados Unidos, a las que asistirán muchos diputados. ¿Podría ser la excusa para otra postergación? Es esperable que los libertarios lo planteen.
El recurso de última instancia del Gobierno es el veto. Milei ya demostró que no le tiembla el pulso para derogar leyes del Congreso, pero en este caso no tendrá el argumento del “costo fiscal”. Es que si bien este proyecto no desafía el equilibrio de las cuentas públicas, sí se mete con otro activo de la administración libertaria: la discrecionalidad del Presidente.