“Yo de leyes no entiendo nada, pero el policía debería estar preso y sigue libre como si nada. Todavía no caigo, no lo puedo asumir, ya hace más de un año desde que mató a mi hijo”. El llanto quiebra el relato de Paola González, 44 años, madre de Ramiro González, el joven de 23 años asesinado a manos del oficial principal de la policía bonaerense Ángel Kerk el 30 de junio de 2023 en José C. Paz. Una vez repuesta, continua con su descargo de bronca: “Porque el asesino es policía, puede hacer y deshacer a su antojo. Él tiene dos abogados, mientras que a nosotros en todos lados nos cierran las puertas porque no tenemos ni siquiera un abogado del Estado; necesitamos que alguien nos dé una mano y nos escuche para que se haga justicia por mi hijo”.
Esa noche de junio, Ramiro estaba en la casa de su hermana en el barrio Néstor Kirchner, más conocido como “Las Casitas”, en el partido bonaerense de José C. Paz, ayudando con los preparativos del cumpleaños de su sobrina, que sería al día siguiente. Alrededor de las 20.30 salió con la excusa de comprar más cervezas en un kiosco de la zona. En realidad, iba a encontrarse con Jaqueline Ruiz, su amante desde hacía un tiempo y con quien tenía un hijo de dos años.
De acuerdo a la reconstrucción de la familia de la víctima, Jacqueline llegó al encuentro a bordo de un Fiat Palio blanco conducido por el oficial Kerk (luego declararía que en sus ratos libres trabajaba de chofer de la aplicación Uber en busca de un ingreso extra). Ramiro subió al asiento trasero del auto y habría comenzado una discusión con la mujer que terminó con el policía disparando a quemarropa y asesinando al joven de al menos cinco disparos.
“La chica mantenía una relación con el policía y a Ramiro no le gustaba porque interfería en la relación con su hijo. Por eso digo que fue una emboscada la que le hicieron a mi sobrino”, aporta Daniela, tía de la víctima y responsable de seguir de cerca los avances de la causa judicial.
La versión que entregó el policía es distinta. Según la declaración que consta en el acta de procedimiento, el policía declaró: “Fui interceptado en el lugar por un sujeto masculino y una mujer que venía a bordo de mi auto, me apuntaron con un arma de fuego, me pidieron el vehículo y me sacaron el celular”. También explicó que la víctima le mostró un arma y que por eso él se defendió apretando el gatillo de su arma reglamentaria dos veces. Ya afuera del auto, el policía volvió a disparar contra el joven, quien cayó muerto sobre la calle. En cuanto a la mujer, convertida en principal testigo del hecho, el policía declaró que ella salió corriendo y la perdió de vista.
“Ramiro no sabía que el que manejaba el auto era el policía y por eso se subió confiado. Lo mataron en una cuadra cerca de las vías del tren donde no hay cámaras y está todo oscuro. Por eso digo que estuvo planeado. La chica es la testigo clave, pero nunca la buscaron para que declare. La Justicia no hizo nada por nosotros”, se queja Daniela.
A sangre fría
El fiscal de Malvinas Argentinas, Gustavo Carracedo, concedió la eximición de prisión al oficial principal Kerk, imputado en el homicidio de Ramiro, argumentando que “no existe riesgo procesal alguno” y justificándolo en que no tiene antecedentes y que hace más de 15 años que vive en la misma casa que construyó en la propiedad de sus padres. Kerk, por lo tanto, esperará el comienzo del juicio en libertad.
“El policía declaró que disparó cuatro veces, pero la autopsia dice que mi hijo recibió cinco disparos. Eso es mentira porque nosotros tenemos la remera que llevaba puesta el día que lo mataron y se ve que tiene siete impactos de bala y los vecinos escucharon que hubo más disparos. El asesino vació el cargador sobre mi hijo. Yo sé que el policía lo fue a matar a sangre fría”, se lamenta la madre.
Tanto la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se acercaron a la familia de la víctima para ofrecerles asesoramiento y acompañar el reclamo de justicia.
En ese sentido, ya se enviaron notas tanto a la fiscalía de Carracedo como a la Auditoría General de Asuntos Internos pidiendo explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la investigación del homicidio.
Ramiro vivía junto a su pareja y madre de sus dos hijos mayores, Facundo, de 6 años, y Taiel, de 4. La madre y la tía aseguran que él no necesitaba salir a robar y que mucho menos lo haría en el barrio donde nació y lo conocen todos. “Tenía un lavadero, un auto que lo hacía trabajar de remís y el alquiler de dos dúplex que se había construido en el fondo de su casa”, enumera la tía.
“Necesito que alguien me ayude –insiste la madre– porque ya no sé qué más hacer. Pasó más de un año y nadie se preocupa por hacerle pagar al policía lo que hizo con mi hijo. Hasta que no tengamos justicia, Ramiro no va a poder descansar en paz porque lo estamos nombrando todo el tiempo. Sus hijos lo siguen esperando cada noche. Él salió a comprar y no volvió más. ¿Cómo se los explicamos? ¿Cómo le hacemos entender a una criatura que a su papá lo mataron y a nadie le importa?”.
Denuncias de hostigamiento
La familia de Ramiro González denunció hostigamiento y amenazas por parte de la fuerza provincial. En diciembre pasado, una comitiva del Comando de Patrullas de José C. Paz irrumpió en la vivienda de Miguel Cortez, padrastro de Ramiro, y de acuerdo con la denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Malvinas Argentinas, descentralizada del Departamento Judicial de San Martín, los torturaron a él y a su hijo Lautaro de 20 años, además de robarles algunas pertenencias.
“A mí y a mi hijo nos desfiguraron a golpes, en un momento sentí que me mataban, porque recibí muchas patadas en la cabeza y me ahogaba con mi propia sangre”, detalló el hombre en la denuncia.
“Desmayaron a piñas y patadas a mi hijo –continuó–, con las sábanas envolvieron nuestras pertenencias y las cargaban en los patrulleros; ropas, zapatillas, de todo, hasta una cadena de oro que era de mi papá”. Cortez y su hijo fueron llevados detenidos a la comisaría 2ª de José C. Paz y recién fueron liberados al día siguiente.
En abril del año pasado, el policía bonaerense Damián Carrizo fue detenido luego de intentar robarle la moto a Lautaro, el hijo de Cortez. Dos meses después, otro uniformado asesinaría en un hecho confuso a Ramiro, el hijastro.
Desde la CPM, que acompaña a la familia González, se presentó un hábeas corpus preventivo ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal II de San Martín, que lo rechazó, aunque resolvió que el titular del Juzgado de Garantías Nº3 de la misma jurisdicción sea quien arbitre los medios necesarios “dentro de sus facultades” para proteger a la familia del joven asesinado.