Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, está en el centro de una investigación tras fugarse de la justicia el jueves 10 de octubre.
Según un informe al que accedió El Tiempo, el capo del narcotráfico, vinculado a la estructura criminal los de ‘San Rafa’, logró evadir la vigilancia del Inpec al quitarse el dispositivo electrónico de su tobillo. Antes de desaparecer, se desplazó por varios puntos de Medellín, incluyendo la plaza Botero y el cementerio Jardines de Paz.
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Entre los lugares que estuvo Camargo Ríos antes de convertirse en prófugo de la justicia fueron la Estación del Metrocable Picacho, además de ubicarse cerca al cementerio Jardines de Paz, que se encuentra al norte de Medellín.
Del mismo modo, recorrió la plaza Botero para luego desplazarse por la autopista que finalmente le permitió salir de la ciudad. Algunos residentes del conjunto Alcázar de la Serranía en declaraciones con El Tiempo indicaron que alias Pichi entraba y salía de la casa 101 y también alquiló con una mujer varias camionetas de gama alta.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Inpec explicaciones detalladas sobre el seguimiento y control de Camargo Ríos. Por ese motivo, la procuradora delegada para la defensa de los derechos humanos, Olga Lucía Paiba, exigió la entrega de todos los informes de vigilancia remitidos al juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín.
Además, se pidió un informe sobre el funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónica y detalles sobre el personal encargado de la custodia de alias Pichi.
El informe reservado revela que alias Pichi estuvo en al menos cinco lugares de Medellín antes de su fuga, lo que sugiere posibles reuniones con el hampa. Vecinos del conjunto residencial Alcázar de la Serranía informaron sobre la presencia de vehículos de alta gama en la casa 101, alquilada por una mujer, lo que podría estar relacionado con las actividades del capo.
La Procuraduría también solicitó al Inpec que explique por qué, a pesar de haber presentado doce informes de seguimiento y tres de transgresión, no se evitó la fuga de Camargo Ríos. Además, se investiga si desde el despacho del director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, se adoptaron medidas adicionales para fortalecer el esquema de vigilancia tras conocer los informes de transgresión.
En paralelo, la juez María Piedad Díaz Mateus, quien llevó uno de los casos contra alias Pichi, será investigada disciplinariamente.
En diciembre de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró insuficiente el material probatorio para judicializar a Camargo Ríos por varios delitos, incluyendo concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.
Un fallo absolutorio en julio de 2024, apelado por la Fiscalía y la Procuraduría, está pendiente de decisión en segunda instancia.
La juez Díaz Mateus, hermana del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, atribuyó su decisión a la falta de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de Pichi en los delitos imputados. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre las decisiones judiciales que podrían haber favorecido al capo.