El Gobierno nacional intensificó sus cuestionamientos hacia la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido a un proceso de licitación que involucra un contrato de 41.000 millones de pesos para la organización de procesos electorales.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, encabezada por Andrés Idárraga, señaló un posible conflicto de intereses que podría comprometer la transparencia del proceso.
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El foco de la controversia se centró en la participación de Alejandro Alberto Campo, gerente de informática de la Registraduría, quien, según la denuncia, es un exempleado de empresas que históricamente han sido beneficiarias de contratos con la entidad.
Estas empresas, identificadas como Indra, GSE y el conglomerado Thomas Greg, mostraron interés en el actual proceso contractual, lo que ha llevado a la Secretaría de Transparencia a solicitar una revisión exhaustiva de posibles conflictos de interés entre los funcionarios de la Registraduría.
La Secretaría de Transparencia exigió a la Registraduría que proporcione un listado de los procesos de contratación de la última década en los que estas empresas han sido adjudicatarias, ya sea de forma individual o en consorcio, junto con el número de oferentes en cada proceso. Esta solicitud busca asegurar que no se repitan situaciones que puedan afectar la igualdad de condiciones entre los actores del mercado.
Además, la Secretaría de Transparencia había solicitado previamente la suspensión de la adjudicación del contrato, argumentando que podría limitar el acceso plural de oferentes y favorecer al contratista Thomas Greg and Sons (TGS), que acumuló contratos por 3.4 billones de pesos desde 2007. Este cuestionamiento se alinea con las preocupaciones expresadas por el presidente Gustavo Petro, que manifestó su inquietud sobre la posibilidad de fraude electoral si se entrega el software de escrutinio a una sola empresa.
La situación ha generado tensiones entre el Gobierno y la Registraduría, en un contexto donde la transparencia y la objetividad en los procesos electorales son de vital importancia para la democracia del país. La respuesta de la Registraduría a estas solicitudes y denuncias será crucial para determinar el curso de acción en este delicado asunto.
Entre tanto, el secretario de Transparencia Andrés Idárraga expresó estas preocupaciones a través de su cuenta de X, indicando sobre posibles conflictos de interés en el proceso de contratación No. SA 06 de 2024, conocido como Rnec consultas 2024, valorado en más de 41 mil millones de pesos. La inquietud surgió debido a la participación de Alejandro Alberto Campo Valero, actual Gerente de Informática de la Registraduría Nacional, quien previamente trabajó para empresas que históricamente fueron beneficiarias de contratos con la entidad, según un comunicado oficial.
La Secretaría ha solicitado formalmente al Registrador Nacional, Hernán Penagos, que proporcione evidencia que garantice la objetividad y transparencia del proceso de contratación. Esta solicitud incluye la identificación de los elementos necesarios para asegurar que el proceso no esté influenciado por intereses particulares que puedan limitar la igualdad de oportunidades entre los diferentes actores del mercado.
“Por ello, formal y respetuosamente, le he solicitado al Registrador Nacional @HernanPenagos, acredite, justifique e identifique los elementos necesarios que permitan garantizar la objetividad y la transparencia del mencionado proceso de contratación, debido a que en ella, participa en su estructuración el señor Alejandro Alberto Campo Valero, quien se desempeña en el cargo de Gerente de Informática de su entidad, siendo exempleado de empresas que han sido beneficiarias históricas de la contratación en su entidad e interesadas en el señalado proceso contractual”, expresó el funcionario.
“La verificación por parte de la @Registraduria de los presuntos conflictos de interés, en los que puedan incurrir sus funcionarios en el marco de los futuros procesos de contratación. El listado de los procesos de contratación de los últimos 10 años, donde hayan resultado adjudicatarias las empresas: Indra, GSE y el conglomerado Thomas Greg, ya sea en condición de oferente individual o plural y el número de oferentes en cada proceso”, concluyó Andrés Idárraga.
Además, la Secretaría ha pedido a la Registraduría que verifique los posibles conflictos de interés en los que puedan incurrir sus funcionarios en futuros procesos de contratación. Esta medida busca prevenir cualquier sesgo que pueda afectar la selección de la mejor propuesta técnica y económica para satisfacer los objetivos del contrato.
La situación destaca la importancia de mantener procesos de contratación públicos libres de influencias indebidas, asegurando que todas las empresas tengan la misma oportunidad de competir por contratos gubernamentales. La Secretaría de Transparencia continúa vigilando de cerca estos procesos para garantizar que se mantengan los estándares de integridad y equidad.