Dos hombres de 27 y 30 años enfrentarán un juicio oral por el ataque armado que provocó la muerte de un estudiante universitario y dejó gravemente herido a otro en Veraguas, Panamá.
La jueza de garantías Iris Márquez admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, relacionada con los hechos ocurridos el 7 de junio de 2024.
Mediante el Auto de Apertura a Juicio Nº 127, fechado el 20 de noviembre de 2026, la juzgadora ordenó que ambos acusados comparezcan ante un tribunal el 21 de agosto de 2028, a las 9:00 de la mañana. La audiencia se desarrollará en el Sistema Penal Acusatorio de Santiago, capital de la provincia de Veraguas.
La investigación se centra en un ataque perpetrado dentro de los terrenos universitarios, donde varios estudiantes participaban en actividades relacionadas con el aniversario del Centro Regional Universitario de Veraguas. Los disparos ocurrieron en un área donde se construían ranchos, utilizados para las celebraciones organizadas en el recinto académico.

Uno de los jóvenes, estudiante de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, murió como consecuencia de los disparos. Otro universitario recibió dos impactos de bala que pusieron en peligro su vida y obligaron a hospitalizarlo durante varios días, según los detalles divulgados por la Fiscalía Regional de Veraguas.
La acusación incluye homicidio por encargo y homicidio en grado de tentativa, además de hurto agravado y asociación ilícita para delinquir. La calificación de homicidio por encargo constituye uno de los elementos centrales de la teoría fiscal, aunque deberá demostrarse durante el juicio la participación y responsabilidad penal de los acusados.
La víctima mortal fue identificada como Álvaro Leones, de 27 años, estudiante de primer año de Agronomía e hijo del jefe de seguridad del centro universitario. El joven participaba en una actividad académica junto con otros compañeros cuando se produjo el ataque que conmocionó a la comunidad educativa.
El estudiante herido fue identificado como Anel Terreros, quien fue trasladado al Hospital Luis Chicho Fábrega para recibir atención médica. Según los reportes divulgados entonces, el grupo realizaba trabajos de campo cuando los atacantes irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar.

Durante las diligencias posteriores, las autoridades realizaron allanamientos para identificar a los responsables. La investigación también estableció que un vehículo perteneciente a un docente universitario había sido hurtado y presuntamente utilizado para ejecutar el ataque, circunstancia que forma parte de la acusación por hurto agravado.
El proceso judicial avanzó en enero de 2025, cuando dos sospechosos fueron formalmente imputados por su presunta participación. Uno quedó bajo detención provisional, mientras que el segundo ya permanecía recluido en un centro penitenciario por otros delitos relacionados con armas de fuego y drogas.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de uno de los imputados, al considerar los riesgos procesales existentes. Los magistrados también destacaron la utilización de dos armas de fuego y el peligro generado para las personas presentes en las instalaciones universitarias.
Durante la audiencia intermedia celebrada en noviembre, el Ministerio Público presentó 167 elementos probatorios, distribuidos en 53 testimoniales, 32 periciales, 30 documentales y 52 materiales. La jueza admitió las pruebas que serán examinadas durante el juicio, en el que corresponderá determinar la responsabilidad de los acusados.

El fiscal Moisés Tuñón solicitó una pena principal de 50 años de prisión, además de la prohibición de portar armas por igual período. La petición corresponde a la pretensión punitiva del Ministerio Público, no a una condena anticipada, pues ambos procesados mantienen su presunción de inocencia.
El crimen provocó una fuerte reacción de rechazo dentro de la Universidad de Panamá, cuyas autoridades suspendieron las actividades tras el ataque. El rector Eduardo Flores Castro lamentó la muerte de Leones y destacó su compromiso académico y espíritu solidario, mientras la comunidad universitaria exigía el esclarecimiento del homicidio.
La apertura a juicio representa una nueva etapa en un proceso iniciado hace más de dos años, pero la audiencia quedó programada para agosto de 2028. Hasta entonces, la acusación por homicidio por encargo deberá ser debatida ante el tribunal, que evaluará las pruebas y determinará si existe responsabilidad penal de los procesados.













