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Excónsul hondureña nombrada durante el gobierno de Xiomara Castro es acusada en EE. UU. de sobornos y lavado de dinero

Los hijos de la excónsul recibieron los fondos en efectivo y efectuaron depósitos de entre 100 y 6.000 dólares en cuentas bancarias personales en Georgia. (Foto: Cortesía)

La detención de una exrepresentante diplomática hondureña en territorio estadounidense ha colocado bajo escrutinio la gestión del Consulado de Honduras en Atlanta y los mecanismos utilizados para atender a los compatriotas que necesitan realizar trámites oficiales fuera de su país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el arresto de cuatro personas presuntamente vinculadas con una trama de sobornos y lavado de dinero. Entre los detenidos figuran Ada Evila Serrano Núñez, sus hijos Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, y Mario Antonio Castellanos Velásquez, exfuncionarios del gobierno de Libertad y Refundación LIBRE, de la exmandataria Xiomara Castro.

Según los documentos judiciales, la entonces cónsul general habría exigido pagos en efectivo a una empresa privada de Tennessee, identificada como Consular Services Company, a cambio de facilitar el acceso de sus clientes a citas en el consulado. La compañía ofrecía asistencia para programar estos encuentros y transporte de personas hacia y desde las instalaciones consulares en Atlanta.

La acusación sostiene que los pagos no correspondían a tarifas oficiales por servicios consulares, sino a sobornos presuntamente exigidos para garantizar el acceso a las citas necesarias para tramitar pasaportes, documentos de identificación y otros servicios oficiales, cita el documento.

Según la reconstrucción presentada por las autoridades estadounidenses, después de asumir la dirección del consulado, Serrano habría exigido a Consular Services Company el pago de una cantidad de dinero por cada persona trasladada a la sede diplomática.

A cambio de esos pagos, la exfuncionaria habría permitido que los clientes de la compañía accedieran a las citas necesarias para completar sus gestiones consulares. El servicio de transporte facilitaba que ciudadanos hondureños residentes en otros estados del sur de Estados Unidos pudieran desplazarse hasta Georgia para realizar sus trámites.

El caso contra la excónsul hondureña se convierte en el primer procesamiento anunciado bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera.

Red de estafa familiar

El mecanismo habría involucrado también a personal de la representación diplomática. Serrano supuestamente ordenó a otras personas, entre ellas Mario Antonio Castellanos Velásquez, que mantuvieran comunicación y coordinación directa con representantes de la compañía para garantizar el ingreso de sus clientes después de efectuados los pagos.

De acuerdo con los documentos judiciales, el período de las presuntas exigencias de sobornos se extendió desde al menos agosto de 2024 hasta marzo de 2026. Las autoridades también examinan operaciones relacionadas con la recepción y el ocultamiento del dinero, desarrolladas entre julio de 2023 y diciembre de 2024.

El Departamento de Justicia sostiene que Serrano habría ordenado que el dinero en efectivo recaudado de la empresa fuera entregado a sus dos hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano. De acuerdo con la documentación judicial, ambos habrían realizado posteriormente depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias personales, ubicadas en el Distrito Norte de Georgia.

Los montos oscilaban entre USD 100 y USD 6.000, según los investigadores, y las operaciones se habrían realizado entre julio de 2023 y diciembre de 2024. La Fiscalía considera que estos movimientos formaban parte de una estrategia para ocultar las ganancias obtenidas mediante el presunto esquema de sobornos.

¿Quien es Ada Serrano?

Ada Evila Serrano Núñez, conocida también como Ada Serrano, encabezó el Consulado General de Honduras en Atlanta, Georgia, desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, según la información divulgada por la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia.

Su gestión diplomática comenzó durante el gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2022. Serrano permaneció al frente de la representación consular durante la mayor parte de esa administración y continuó en el cargo durante los primeros meses posteriores al cambio de gobierno, hasta marzo de 2026.

Su nombre aparece en registros administrativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. Un documento sobre cauciones y fianzas la identifica como cónsul en Atlanta.

Otro antecedente institucional relevante se encuentra en la resolución 01-SRECI-ED-2025, fechada el 9 de enero de 2025 y suscrita por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina García. Mediante esa resolución, Serrano Núñez fue incluida entre los funcionarios cuyo ingreso al Servicio Diplomático y Consular de Carrera fue aprobado, con el rango de consejera. Este documento acredita su incorporación al escalafón diplomático hondureño durante la administración de Castro.

Posteriormente, un directorio de representaciones consulares correspondiente a febrero de 2025 la identificaba como cónsul y jefa interina de misión en Atlanta.

La Fiscalía estadounidense identifica a Serrano como una mujer de 72 años y ciudadana hondureña, arrestada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Su trayectoria institucional adquiere relevancia en el expediente porque los hechos investigados habrían ocurrido durante el período en que ejercía la máxima responsabilidad de esa oficina diplomática.

Delitos imputados

La acusación formal contra Ada Serrano incluye tres cargos: conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por su sigla en inglés), violación de esa misma legislación y conspiración para cometer lavado de dinero.

La acusación judicial sostiene que la exfuncionaria exigió pagos en efectivo a una empresa privada a cambio de facilitar citas para tramitar pasaportes y documentos oficiales.

La FEPA establece sanciones contra funcionarios extranjeros que soliciten, exijan o acepten sobornos bajo las condiciones contempladas en la legislación estadounidense. La norma fue promulgada en julio de 2024 y constituye una herramienta legal para perseguir determinadas conductas corruptas de funcionarios extranjeros relacionadas con Estados Unidos.

El Departamento de Justicia destacó que este expediente representa el primer procesamiento anunciado bajo esa legislación, lo que convierte el caso en un precedente para la persecución de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios extranjeros en territorio estadounidense.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg sostuvo que los diplomáticos extranjeros no pueden utilizar sus posiciones para exigir pagos ilegales y señaló que su oficina procesará los casos de soborno que se produzcan en su jurisdicción.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, Marlo Graham, señaló que la investigación busca responsabilizar a quienes presuntamente utilizan cargos de confianza pública para obtener beneficios particulares, independientemente de su posición o influencia.

El procesamiento está a cargo del subjefe Derek J. Ettinger, de la Sección de Delitos de Cuello Blanco y Cumplimiento Corporativo del Departamento de Justicia, y del fiscal federal adjunto Garrett L. Bradford, del Distrito Norte de Georgia.