El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas penales y penitenciarias aprobadas en Honduras y aseguró que respetan los derechos humanos, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtiera sobre posibles riesgos para las garantías fundamentales.
El titular del Legislativo reaccionó al pronunciamiento del organismo internacional y sostuvo que las modificaciones legales buscan fortalecer las herramientas del Estado para combatir las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado que operan en el país.
A través de sus redes sociales, Zambrano manifestó que el Congreso Nacional analizará las recomendaciones de Naciones Unidas y que existe disposición de incorporar aquellas que contribuyan a mejorar la lucha contra la delincuencia.
“¡Basta! Las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen”, expresó.
El diputado argumentó que las reformas fueron aprobadas pensando en las víctimas de la violencia, las familias afectadas por las extorsiones y los ciudadanos que durante años han vivido bajo amenazas de estructuras criminales.
Asimismo, defendió la necesidad de endurecer las medidas contra las organizaciones delictivas para recuperar la tranquilidad en barrios, colonias y comunidades hondureñas.
“¡Vamos con todo contra criminales y terroristas para devolver la paz y tranquilidad a Honduras!”, agregó.
ONU advierte riesgos de las reformas
La respuesta de Zambrano se produjo después de que la OACNUDH expresara preocupación por los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, relacionados con modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.
El organismo reconoció que Honduras enfrenta graves desafíos de violencia y criminalidad organizada, pero advirtió que las medidas de seguridad deben respetar las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Entre los principales cuestionamientos figura la utilización de tatuajes y características físicas como posibles indicios de pertenencia a estructuras criminales, al considerar que estos criterios podrían afectar la presunción de inocencia y provocar detenciones arbitrarias.
También señaló riesgos en las disposiciones relacionadas con los allanamientos sin control judicial posterior, así como en la aplicación obligatoria de prisión preventiva bajo un régimen de máxima seguridad sin una evaluación individualizada.
Otra preocupación corresponde a la ampliación del plazo de detención hasta 48 horas sin comparecencia ante una autoridad judicial, una medida que, según Naciones Unidas, podría incrementar los riesgos de abusos y vulneraciones a la libertad personal.
Ante estos cuestionamientos, la OACNUDH recomendó al Estado hondureño revisar las reformas para garantizar que su aplicación no comprometa derechos fundamentales.
Entre sus propuestas destaca la creación de un Registro Central de Personas Detenidas, de acceso público, para prevenir desapariciones forzadas y facilitar la localización de quienes permanezcan bajo custodia.
También pidió fortalecer la Defensa Pública, garantizar el acceso al recurso de habeas corpus y asegurar la supervisión efectiva de las investigaciones por parte del Ministerio Público.
El pronunciamiento y la respuesta de Zambrano abren un nuevo debate sobre el alcance de las reformas penales, en momentos en que el Gobierno del presidente Nasry Asfura impulsa una estrategia de endurecimiento contra el crimen organizado, mientras Naciones Unidas solicita mayores garantías para evitar posibles abusos durante su aplicación.
