La filtración del video de las aberrantes torturas que sufrió Lara Gutiérrez, la más joven de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela, fue un virtual terremoto para la investigación. Para empezar, las imágenes complicaron severamente a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, acusado de ser un integrante de la banda narco peruana que mató a las tres trabajadoras sexuales en septiembre de 2025, en medio de una supuesta venganza por el robo de droga. Varios acusados en la causa son sus parientes.
En las imágenes, puede verse cómo “Pequeño J” retiene a Lara por la fuerza, mientras un nuevo sospechoso –identificado como José Miguel Lozano Cerrón, prófugo en la causa- le amputa un dedo a la joven de 15 años con una pinza cortaperno, para exhibirla en cámara. En sus diversos relatos -entre ellos, su primera entrevista, concedida a Infobae-, Janzen Valverde negó estar presente en la casa al momento del crimen.
Horas después de la filtración del video, de acuerdo a su propio relato, Janzen Valverde fue amenazado de muerte en el penal de Ezeiza, donde se encuentra encarcelado hace varias semanas. Según denunció su defensa, varios presos le gritaron: “Mata conchas, te vamos a hacer cagar”. Esta presunta amenaza ya fue denunciada ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, encargado de investigar el caso.
“En la comunicación mantenida el día 5 de noviembre de 2026, mi asistido me manifestó que, encontrándose alojado en el sector de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, escuchó amenazas provenientes de otros internos ubicados en el patio del establecimiento”, afirmó en su denuncia el abogado Lucas Contreras Alderete, defensor de “Pequeño J”.
En su denuncia, a la que accedió este medio, Contreras Alderete pidió que “se ordenen sin demora medidas de protección inmediata y de separación preventiva respecto de los presuntos agresores, sin aislamiento sancionatorio ni restricciones adicionales injustificadas”. También, que el Servicio Penitenciario Federal evalúe el riesgo de la situación y que la Procuración Penitenciaria intervenga en el caso.
La denuncia por la amenaza no fue lo único que el abogado de “Pequeño J” presentó en los tribunales federales de Morón. Tal como las familias de las víctimas, Contreras Alderete pidió saber de dónde salió el video que complicó a su detenido. Para los investigadores de la Justicia federal, por lo pronto, no hay dudas: quien retiene a Lara mientras le amputan un dedo es “Pequeño J”.
La semana pasada, de acuerdo a medios como Página/12, la familia Gutiérrez anunció que denunciaría a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la presunta filtración del video. Las imágenes fueron halladas, precisamente, en el marco de una causa narco investigada por la magistrada federal: fueron recuperadas del teléfono de un subalterno de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, el director de la tortura que sufrió la joven de 15 años.
Contreras Alderete pidió, efectivamente, la extracción de testimonios para determinar cómo se filtró el video de las torturas. También le da un giro al tema: en su segunda presentación, apuntó a la chance de una investigación viciada.
“El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia”, aseveró.
Así, pidió la información completa del expediente de Arroyo Salgado, con la resolución de allanamiento y secuestro, el acta de incautación y cadena de custodia del dispositivo, la orden judicial de pericia, puntos y alcance, así como las actas de apertura, extracción y análisis y los informes técnicos completos y sus anexos pertinentes.
Contreras Alderete no pudo acceder al video en el marco del expediente; la causa continuaba bajo secreto de sumario hasta la mañana de hoy jueves.
