El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presentó la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral para coordinar la prevención y respuesta ante riesgos en las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano del 27 de junio de 2027, un proceso que se extenderá hasta la toma de posesión de las autoridades electas.
El mecanismo reunirá a organismos estatales, fuerzas de seguridad, entidades de emergencia y cooperación internacional con presencia en todo el país. Su despliegue incluirá articulaciones departamentales y municipales, ajustadas a las necesidades de cada fase del calendario electoral.
La mesa funcionará durante todo el proceso, desde los preparativos previos hasta la asunción de los cargos surgidos de las urnas. La convocatoria oficial a los comicios está prevista para el 22 de enero de 2027.
La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, encabezó la presentación junto al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el pleno de magistrados. La instancia quedó bajo la coordinación del magistrado vocal IV, Quelvin Otoniel Jimenez Villalta.
Coordinación nacional para centros de votación y materiales electorales
La Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral tendrá como tareas la planificación, prevención, atención y respuesta frente a situaciones que puedan afectar el desarrollo de la jornada y las etapas previas. El alcance incluye la protección de las personas, los centros de votación y los materiales electorales.
Rivera Acevedo explicó durante su intervención: “Es por medio de la mesa y de su articulación con los niveles departamentales y municipales que se establecen parámetros para garantizar la seguridad de las personas, el resguardo de los centros de votación y la protección de los materiales electorales”.
La presidenta del organismo electoral sostuvo que las elecciones libres, transparentes y seguras requieren el trabajo conjunto de distintas instituciones y no dependen únicamente de la autoridad encargada de organizar los comicios.
La estructura incorpora al Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el Ministerio de Energía y Minas.
También participan el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La nómina se completa con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Administrador de Mercado Mayorista.
También forman parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido como IDEA Internacional, y cuerpos de socorro. Según el comunicado difundido por el TSE, la coordinación buscará adecuar las medidas de seguridad a las condiciones de cada territorio.
Enlaces directos y municipios con antecedentes de conflictividad
El Ministerio de Gobernación designó enlaces directos con el Tribunal Supremo Electoral para mantener la coordinación en materia de seguridad a lo largo de la contienda. Villeda afirmó que la cartera pondrá a disposición sus capacidades, recursos y voluntad institucional para generar condiciones de tranquilidad durante los comicios.
Jimenez definió la seguridad electoral como “una condición fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, la seguridad de la población guatemalteca, la integridad del proceso electoral, y el desarrollo pacífico de las elecciones”.
Los preparativos incluyen otra mesa de seguridad integrada por Gobernación, Defensa, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, que opera desde julio. La instancia comenzó sus actividades antes de lo habitual en comparación con procesos electorales anteriores.
Ese grupo identificó más de 50 municipios con antecedentes de conflictividad electoral. En esas localidades, la autoridad electoral promoverá acuerdos locales de paz en lugar de impulsar un único pacto de alcance nacional.
Las instituciones integrantes de la nueva mesa ratificaron al cierre de su primera reunión el compromiso de aplicar acciones para que el proceso se desarrolle de forma pacífica, segura, libre y respetuosa de los derechos ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral reiteró su objetivo de organizar una elección transparente, ordenada, participativa y ajustada a la ley.
El organismo también trabaja en herramientas digitales contra la desinformación y en coordinaciones con plataformas como Meta y TikTok. Además, tramita 259 denuncias por posible campaña anticipada.
La organización de los comicios requerirá cerca de 150 mil voluntarios. El Ministerio de Finanzas estimó un presupuesto de alrededor de 2.300 millones de quetzales para el proceso electoral de 2027.
