El Gobierno de Costa Rica enfrenta un cierre de año marcado por dificultades en la recaudación de ingresos públicos, luego de que el Ministerio de Hacienda reportara una reducción cercana a los ₡400,000 millones (USD 882,5 millones), situación que obligó a las autoridades a preparar ajustes presupuestarios para los últimos meses de 2026.
La disminución de recursos llevó al Ejecutivo a presentar un presupuesto extraordinario que contempla ajustes en el gasto por aproximadamente ₡167,000 millones (USD 368,4 millones), así como movimientos entre partidas, recortes en distintas instituciones y medidas de ahorro relacionadas con plazas vacantes.
Los detalles fueron expuestos por los viceministros de Hacienda, Luis Molina y Víctor Julio Carvajal, durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, instancia encargada de analizar la propuesta presupuestaria.
Durante la discusión, las autoridades defendieron la necesidad de reducir determinados gastos para responder a la caída de los ingresos, mientras legisladores de oposición cuestionaron la planificación financiera del Gobierno y expresaron preocupación por las posibles consecuencias sobre instituciones públicas y programas sociales.
Diputados cuestionan si los recortes reflejan problemas de planificación
Las explicaciones del Ministerio de Hacienda generaron cuestionamientos entre diputados de oposición, quienes señalaron que la disminución de recursos debe analizarse también desde la perspectiva de la planificación presupuestaria.
“Totalmente de acuerdo que hay que venir haciendo ajustes. Si ingresan menos recursos, pues hay que hacer ajustes y hay cosas que ya no se pueden hacer”, manifestó Diana Murillo, diputada liberacionista.
Sin embargo, cuestionó que el Gobierno recurra repetidamente a reducciones presupuestarias de montos elevados.
“Pero cuando esto es repetitivo y en los montos en los que estamos viendo, es cuando uno se pregunta: ¿hay mala planificación? ¿Qué es lo que está pasando?”, agregó.
La legisladora también señaló que presentar una reducción del gasto puede resultar más sencillo que desarrollar alternativas para evitar los faltantes presupuestarios.
“Me parece que ustedes están haciendo la parte más fácil, porque la parte más fácil es venir acá y proponernos un recorte. Eso es más fácil, aquí lo aprueban y tienen mayoría y listo. Lo difícil aquí es presentarnos una propuesta para evitar eso”, afirmó.
Preocupación por los recortes al Poder Judicial
Diputados de oposición expresaron preocupación por las reducciones de recursos y las limitaciones propuestas para cubrir plazas vacantes, en momentos en que la institución enfrenta una carga importante de trabajo.
María Eugenia Román, diputada del Frente Amplio, cuestionó que se exijan mayores resultados al sistema judicial mientras se plantean restricciones presupuestarias que podrían afectar su capacidad operativa.
“Me sigue sonando muy irónico cuando reclamamos que el Poder Judicial no ha resuelto, que tiene una traba de setecientos expedientes aproximadamente”, manifestó.
La diputada vinculó esa preocupación con las disposiciones presupuestarias propuestas para 2027, las cuales, según señaló, podrían limitar la posibilidad de realizar nuevos nombramientos.
Programas sociales también generan inquietud entre legisladores
Además de los cuestionamientos sobre el Poder Judicial, los diputados manifestaron preocupación por las posibles reducciones presupuestarias en programas sociales.
La discusión se concentró en la necesidad de determinar si los recortes podrían afectar servicios destinados a poblaciones que dependen de recursos estatales.
El debate refleja una de las principales dificultades que enfrentan las autoridades cuando deben reducir el gasto público: determinar qué partidas pueden ajustarse sin comprometer servicios prioritarios.
Los legisladores solicitaron explicaciones sobre las decisiones presupuestarias y la forma en que Hacienda pretende distribuir las reducciones.
La propuesta deberá continuar su análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios antes de que se adopten las decisiones legislativas correspondientes.
¿Qué sigue con el presupuesto extraordinario de 2026?
El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda continuará bajo análisis de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán revisar los ajustes propuestos y sus posibles consecuencias.
El principal desafío para Hacienda será demostrar que las modificaciones permiten enfrentar la disminución de ingresos sin comprometer de manera desproporcionada las funciones de las instituciones públicas.
Por su parte, los diputados de oposición han insistido en la necesidad de revisar la planificación financiera y establecer con claridad las consecuencias de las reducciones sobre el Poder Judicial, los programas sociales y la disponibilidad de personal.
El debate también ocurre en un contexto en el que las autoridades buscan controlar el endeudamiento y evitar la creación de nuevos compromisos permanentes de gasto sin fuentes suficientes de financiamiento.
La decisión final dependerá del avance del procedimiento legislativo y de las modificaciones que puedan introducirse durante el análisis de la propuesta.
