Más de 20 instituciones públicas, organizaciones civiles y organismos internacionales revisaron medidas para ampliar la atención, mejorar el análisis de la violencia y reforzar la protección de mujeres, adolescentes y niñas en República Dominicana, según un reporte del Poder Judicial dominicano.
El encuentro correspondió a una reunión ordinaria del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. Las entidades evaluaron avances en la respuesta ante emergencias, la cobertura territorial de los servicios, la producción de datos, la protección social y la actualización del marco normativo.
Participaron la viceministra de Interior y Policía, Chandrai Estévez Zorilla; la viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Paula Disla; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez; y la directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Mildred Martínez Mejía.
También asistió la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de la Policía Nacional, la general Yanet Jiménez Cabral, junto con representantes de las instituciones que integran el Gabinete.
El 9-1-1 y la Línea 212 cruzarán información sobre denuncias y asistencias
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 expuso los resultados de su articulación con la Línea de Emergencia 212 del Ministerio de la Mujer. El mecanismo busca mejorar la coordinación en situaciones de violencia y adecuar las respuestas a las características de cada caso.
La integración incluye el intercambio de información y el cruce de registros de denuncias y asistencias. De acuerdo con lo presentado ante el Gabinete, esta herramienta permitirá identificar recurrencias y zonas con mayor concentración de casos de violencia contra las mujeres.
Los datos también podrán orientar la distribución de recursos públicos y respaldar decisiones sobre la ubicación y el alcance de los servicios de atención.
El programa PRISMA prevé comenzar en 2027 en tres provincias
El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (PRISMA), cuya puesta en marcha está prevista para 2027. La iniciativa contempla ampliar la cobertura territorial a través de asociaciones sin fines de lucro que cumplan requisitos técnicos y operativos.
La viceministra técnica de Planificación y Desarrollo, Rosa Mejía, explicó que estas organizaciones se incorporarán bajo protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión definidos por el Ministerio.
La primera etapa se concentrará en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, provincias que aparecen con mayor intensidad de casos en el mapa de calor de la violencia. El objetivo es dirigir la capacidad de atención hacia los territorios con mayores necesidades.
Hacienda planteó desafíos en mortalidad materna y brechas de género
El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
El viceministro de Planificación e Inversión Pública, Martín Francos Rodríguez, informó sobre avances en reducción de la pobreza, cobertura sanitaria, prevención del embarazo adolescente y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social.
La exposición señaló pendientes en mortalidad materna, trabajo no remunerado, desigualdades territoriales y brechas de género. Entre las prioridades figura fortalecer la producción de información estadística y su uso en la planificación de las políticas públicas.
La Ley Mirabal busca un sistema integral de prevención y reparación
El Gabinete conoció además los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por la encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, Melina Zaiz.
La propuesta busca establecer un marco que reúna la prevención, la atención, la protección, el acceso a la justicia, la sanción y la reparación ante la violencia contra las mujeres. El texto contempla derechos y garantías para las víctimas, obligaciones para las instituciones y la organización de un Sistema Nacional de Protección Integral.
El proceso incluye la revisión de las iniciativas legislativas existentes y su articulación con el Código Penal y el Código Procesal Penal, a partir de las modificaciones recientes. Según el reporte, hubo consultas con organismos públicos, integrantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
