El caso Pandora II terminó, por ahora, con una derrota para el Ministerio Público y un sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción consideró que las pruebas presentadas durante la audiencia inicial no permitieron establecer la trazabilidad del dinero que la Fiscalía aseguraba había terminado financiando la campaña política de Hernández.
La acusación sostenía que entre 2010 y 2013 fueron movilizados más de L288 millones (aproximadamente US$10,74 millones) de recursos públicos a través de fundaciones y otras estructuras, y que al menos L62 millones (unos US$2,31 millones) habrían terminado beneficiando movimientos políticos relacionados con Hernández.
¿Qué vio el juez para cerrar el proceso?
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que la defensa presentó 31 pruebas documentales y un testigo, mientras el Ministerio Público evacuó 16 pruebas documentales, un testigo y tres pericias.
Según Silva, las pericias permitieron establecer que determinadas decisiones sobre utilización presupuestaria correspondían al Poder Ejecutivo, que en ese momento no era encabezado por Hernández, quien ejercía como presidente del Congreso Nacional.
El punto determinante fue que el juez no encontró suficiente conexión entre los recursos investigados y el entonces titular del Legislativo.
La resolución deja sin efecto las medidas judiciales impuestas a Hernández dentro de este expediente y permite extender la correspondiente carta de libertad.
La defensa: “la acusación no fue debidamente sustentada”
El abogado Félix Ávila sostuvo después del fallo que el Ministerio Público no logró sostener adecuadamente los hechos imputados y que la defensa consiguió desvirtuar la acusación.
Para Ávila, el resultado representa una “absolución total”.
Jurídicamente, sin embargo, la expresión más precisa en esta etapa es sobreseimiento definitivo, que es la figura utilizada por el juzgado.
El fallo tampoco es necesariamente la última palabra.
Silva confirmó que el Ministerio Público puede presentar recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La investigación fue presentada en 2023 contra ocho exfuncionarios y alcanzó también al expresidente Porfirio Lobo Sosa, al exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato y a antiguos funcionarios de Sefin y Banadesa.
UFERCO sostuvo que una red de funcionarios facilitó ampliaciones presupuestarias y desembolsos por más de L288 millones (US$10,74 millones) hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
La Fiscalía aseguraba que parte de esos recursos terminó desviada mediante empresas de maletín, prestanombres y contratos ficticios hacia actividades políticas.
El sobreseimiento de Hernández significa que, respecto de él, el juez consideró que los indicios presentados no eran suficientes para mantener abierta la persecución penal en esta causa.
La nueva batalla de JOH: recuperar sus bienes
Tras conocer la resolución, Hernández dirigió inmediatamente su atención hacia los bienes asegurados a él y a familiares.
El exmandatario afirmó que ya presentó ante el Ministerio Público documentación apostillada procedente de Estados Unidos y pidió públicamente una reunión con fiscales y sus abogados para reclamar la devolución.
También sostuvo que una parte considerable de los bienes proviene del patrimonio acumulado por su padre décadas antes de que él ingresara a la política.
Pero su propio abogado Félix Ávila marcó una diferencia importante: la incautación y eventual devolución de bienes corresponde a otro procedimiento.
Eso significa que el sobreseimiento en Pandora II no produce necesariamente una devolución automática.
Hernández también vinculó su reclamo con decisiones judiciales ocurridas en Estados Unidos. Sin embargo, su salida de prisión estadounidense se produjo después del indulto presidencial concedido por Donald Trump a finales de 2025, según los antecedentes públicos del caso.
Un caso cerrado en primera instancia, pero todavía apelable
La resolución representa una victoria judicial importante para Hernández después de su regreso al país.
Pero todavía existen dos preguntas abiertas. La primera es si el Ministerio Público apelará y logrará que un tribunal superior revise el sobreseimiento.
La segunda es qué ocurrirá con el patrimonio asegurado durante los procesos relacionados con el expresidente.
Pandora II dejó así de ser únicamente una discusión sobre fraude y lavado.
Ahora el debate se traslada a cómo perdió la Fiscalía una acusación por millones de lempiras y si el cierre del proceso será suficiente para que Hernández recupere también los bienes que reclama como propios.
