El Gobierno nacional ultima los detalles de una reforma educativa que buscará modificar algunos de los pilares sobre los que funciona el sistema argentino. Aunque el proyecto todavía no fue enviado al Congreso y el texto definitivo continúa en elaboración, el borrador que circula desde hace varios meses reabrió una discusión que atraviesa a especialistas, docentes y funcionarios: cómo revertir el deterioro de los aprendizajes después de años de malos resultados y cuál debe ser el rol del Estado para lograrlo.
Ese fue el eje de la columna que Rosendo Grobo presentó en Infobae a la Tarde, donde repasó el diagnóstico que, según explicó, dio origen a la iniciativa y analizó algunos de los cambios que estudia el Gobierno. A lo largo de la exposición, el politólogo sostuvo que la discusión ya no pasa únicamente por cuánto dinero destina el Estado a la educación, sino por la capacidad del sistema para transformar esa inversión en mejores oportunidades para los estudiantes.
Para explicar la magnitud del problema eligió un dato que sintetiza, a su juicio, el deterioro educativo argentino. A partir de los resultados de las pruebas PISA segmentados por nivel socioeconómico, señaló que la clase media argentina obtiene peores desempeños que los sectores más pobres de Chile, una comparación que pone en cuestión uno de los rasgos históricos de la escuela argentina: su capacidad para funcionar como herramienta de movilidad social.
Para Grobo, esa fotografía refleja un problema que trasciende las diferencias económicas y alcanza incluso a sectores que durante décadas encontraron en la educación pública uno de los principales instrumentos de progreso.
Ese diagnóstico también explica otra de las discusiones que rodean la reforma: la eficiencia del gasto. Durante la columna mostró un estudio elaborado por Argentinos por la Educación que compara la inversión acumulada por alumno con los resultados obtenidos en matemática en distintos países. Según esos datos, Argentina destina alrededor de 40.000 dólares por estudiante a lo largo de su trayectoria escolar, pero obtiene desempeños inferiores a los que alcanzan otros sistemas con niveles de inversión similares.
“Tenemos peores resultados que la cantidad de plata que invertimos”, sintetizó antes de mencionar los casos de Uruguay, Serbia y Turquía, países que —según explicó— logran mejores indicadores educativos con un gasto comparable. La conclusión, sostuvo, es que el debate educativo ya no puede reducirse a una discusión presupuestaria: también debe incorporar la forma en que se utilizan los recursos.
Sobre esa base aparece uno de los cambios más importantes que analiza el Ejecutivo. Según explicó Grobo, el proyecto busca modificar el esquema de financiamiento del sistema educativo. En lugar de concentrar los recursos en la estructura administrativa o en la planta funcional de cada establecimiento, la propuesta plantea avanzar hacia un modelo que ponga el foco en los alumnos o en las propias escuelas, una lógica que encuentra antecedentes en experiencias como los vouchers o las escuelas charter.
El politólogo aclaró que el objetivo no pasa simplemente por reducir cargos docentes. De hecho, recordó que Argentina presenta una de las relaciones de personal por alumno más altas entre los países de la OCDE. El problema, sostuvo, es que esa estructura no logró traducirse en mejores aprendizajes, por lo que considera necesario revisar cómo se distribuyen los recursos y qué incentivos genera el sistema.
La reforma también incorpora un capítulo destinado a fortalecer la evaluación educativa, otro de los puntos que genera mayor debate. Entre otras medidas, el borrador propone publicar los resultados obtenidos por las escuelas en las evaluaciones nacionales, una práctica que hoy encuentra límites en la legislación vigente.
Para Grobo, contar con esa información permitiría que las familias conozcan el desempeño de cada institución y facilitaría la implementación de políticas de mejora. “Hay una corriente ideológica que sostiene que medir está mal porque estigmatiza. Pero lo que estigmatiza es que los chicos no aprendan”, afirmó. Desde esa misma perspectiva defendió la necesidad de transparentar los resultados y resumió su postura con una frase contundente: “Nada más ridículo que no medir”.
Dentro de ese mismo paquete de cambios aparece la creación del ENES, un examen nacional voluntario para estudiantes que finalicen la escuela secundaria. Según explicó, la evaluación buscaría establecer un parámetro común para todos los egresados, independientemente de la institución donde hayan cursado sus estudios, y ofrecer una herramienta adicional para acreditar conocimientos.
Grobo mencionó experiencias como las de Brasil y China para explicar el funcionamiento de este tipo de evaluaciones y sostuvo que podrían contribuir a igualar oportunidades entre alumnos provenientes de contextos muy diferentes. El planteo parte de un diagnóstico preocupante: según recordó durante la columna, apenas uno de cada diez estudiantes argentinos termina la secundaria en tiempo y forma con los conocimientos mínimos esperados en matemática y lengua.
Más allá del contenido específico del proyecto, el politólogo llamó la atención sobre un fenómeno que, según consideró, modificará el sistema educativo incluso si la reforma no prospera. La fuerte caída de la natalidad hará que durante los próximos años disminuya de manera sostenida la cantidad de alumnos que ingresan a las escuelas.
“Hace una década nacían alrededor de 800.000 chicos por año; hoy nacen cerca de 400.000”, explicó. Ese cambio demográfico obligará a reorganizar la infraestructura escolar, la distribución de docentes y la asignación de recursos. Pero, lejos de interpretar ese escenario únicamente como un problema, planteó que también podría convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad educativa si el sistema logra adaptarse a tiempo.
La implementación de cualquier reforma, de todos modos, dependerá del funcionamiento federal de la educación argentina. Aunque el Gobierno nacional impulse nuevos lineamientos, la administración de las escuelas corresponde a las provincias, que tendrán un papel central en la eventual aplicación de los cambios. Por ese motivo, Grobo advirtió que muchas de las transformaciones requerirán acuerdos políticos más amplios que la aprobación de una ley en el Congreso.
El borrador también incorpora otros puntos de discusión, entre ellos la regulación del homeschooling, una revisión de la carrera docente, mayores exigencias para la formación de maestros y la creación de consejos educativos con participación de las familias. Son iniciativas que despiertan posiciones encontradas dentro del mundo educativo, pero que, para el analista, forman parte de una conversación que la Argentina viene postergando desde hace demasiado tiempo.
“Los políticos dicen que la educación es lo más importante, pero después nunca termina siendo lo más importante”, afirmó durante la columna. A su entender, el deterioro de los aprendizajes, la discusión sobre el uso de los recursos públicos y el cambio demográfico configuran un escenario que obliga a repensar el funcionamiento del sistema más allá de las diferencias ideológicas.
En ese sentido, sostuvo que el verdadero desafío no será únicamente aprobar una nueva ley, sino construir políticas sostenidas que recuperen la calidad educativa y vuelvan a colocar a la escuela en el centro de la agenda pública. Como imagen de ese objetivo, cerró con una propuesta simbólica: “Me encantaría que, en vez de que un sponsor lleve la pelota al medio de la cancha, la lleve un docente con guardapolvo. Me gustaría que el maestro tuviera el lugar de relevancia social que se merece”.
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