El Gobierno de Bolivia congeló los precios de los combustibles hasta enero del próximo año, en medio de la crisis de abastecimiento y de cuestionamientos a la calidad de la gasolina. Además, asignó un monto adicional a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que pueda cubrir la diferencia en el costo de importación.
El Decreto Supremo 5652 establece que los precios del diésel, la gasolina, el gas natural vehicular (GNV), el gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas de aviación se mantendrán por un periodo de seis meses y luego la tarifa se calculará con base en el precio internacional y el tipo de cambio del dólar.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la aprobación de la norma modifica el Reglamento de Precios de los Productos Derivados de Petróleo que estableció los nuevos precios de los carburantes en diciembre, tras la eliminación de la subvención que mantuvo los precios fijos y por debajo del valor internacional durante 20 años.
Con la eliminación del subsidio, se establecieron precios de 6,96 bolivianos (equivalente entonces a un dólar) por litro de gasolina y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que supuso aumentos del 86 % y del 162 %, respectivamente. Sin embargo, la reciente aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar —que se tradujo en un 40% de incremento inicial— amenaza con incidir en los costos.
En ese contexto, el vocero Gálvez manifestó que el nuevo decreto fija esos precios por seis meses adicionales para evitar que las variaciones en el tipo cambiario se reflejen en el costo de esos productos. “La pertinencia del decreto es muy loable porque, en el fondo, evita que cualquier impacto en la modificación de la fluctuación del dólar con la moneda nacional tenga un efecto en el precio de estos productos”, mencionó Gálvez en una rueda de prensa.
El vocero afirmó que no es posible establecer cuánto costará cubrir la diferencia en la adquisición del combustible, al considerar el nuevo tipo de cambio y la fluctuación del precio internacional del petróleo. Sin embargo, una de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Economía a asignar recursos a YPFB hasta Bs 1.000 millones “para cubrir el diferencial” de los costos que correspondan a la importación.
Según Gálvez, el mantenimiento de los precios representa “un esfuerzo que hacemos todos para evitar que el impacto sea mayor en aquellos que están más necesitados”.
El congelamiento de los precios de los combustibles se produce en un contexto de crisis de abastecimiento que la administración de Rodrigo Paz atribuye a los nuevos protocolos de control de calidad, al contrabando en las fronteras y a los bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del país durante siete semanas entre mayo y junio.
Bolivia importa casi la totalidad del diésel que consume y más del 50% de la gasolina que necesita para cubrir su mercado interno. A raíz de la crisis económica y la falta de divisas que enfrenta el país, a raíz precisamente de la debacle de la industria de los hidrocarburos, la adquisición de carburantes se ha tornado cada vez más costosa y difícil de cubrir.
Desde hace casi tres años los bolivianos atraviesan periodos prolongados de escasez con filas interminables de vehículos en las estaciones de servicio. El conflicto se agravó a inicios de este año, semanas después de que se levantara el subsidio, cuando surgieron denuncias sobre la mala calidad de la gasolina cuando miles de vehículos reportaron daños mecánicos atribuidos al combustible.
El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” y creó un seguro de resarcimiento de daños para compensar a los usuarios afectados. En paralelo, afirmó que implementó aditivos a la gasolina y reforzó los controles de calidad en toda la cadena de distribución, motivo que estaría generando demoras en los despachos al menos hasta fin de mes, según la estatal petrolera.
