Las costas de Costa Rica, con 1,016 kilómetros en el Pacífico y 212 kilómetros en el Atlántico, constituyen un mosaico de biodiversidad y atractivo turístico, pero la expansión inmobiliaria y la gentrificación han provocado una transformación acelerada y desigual. Según el informe “Caminar la costa sin miedo: saberes comunitarios y justicia territorial”, elaborado por el Programa Interdisciplinario Costero (PIC) del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), las comunidades costeras enfrentan un modelo turístico dominante que ha modificado las relaciones entre territorio, cultura, economía y comunidad.
El documento, resultado de una mesa de trabajo intersectorial realizada el año pasado con residentes, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales, advierte que la presión sobre la tierra, la mercantilización del paisaje y el desplazamiento social reflejan la fragilidad de un esquema que prioriza la inversión extranjera en detrimento del bienestar local. Las instituciones participantes incluyeron la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Barcelona.
La investigadora Silvia Rojas, del PIC-Idespo, explicó que la sistematización busca traducir tanto preocupaciones como propuestas: “La idea es hacer ese conjunto de aportes desde lo legal, lo técnico y lo comunal en un texto didáctico que sirva como base de aporte hacia lo que viene”.
Entre las principales amenazas identificadas destacan las dificultades en la gobernanza. Aunque el país cuenta con un marco legal ambiental robusto, nueve leyes ordinarias y protecciones constitucionales, el informe señala baja efectividad en su aplicación. El texto denuncia la presencia de redes criminales y corrupción que funcionan como formas paralelas de poder, especialmente en gobiernos locales. “Aunque muchos proyectos cumplen formalmente la ley, persiste en la práctica un escenario marcado por la corrupción, el clientelismo y la captura institucional, donde convergen élites políticas, empresariales y criminales, lo que afecta la cohesión social y la economía local”, se afirma en el documento.
Un ejemplo relevante es el manejo de los planes reguladores, creados para el desarrollo sostenible pero que han quedado expuestos a intereses privados y procesos de aprobación poco transparentes. Esta situación afecta la capacidad de las autoridades para proteger los recursos y garantizar el acceso equitativo a la tierra para las comunidades.
El análisis destaca también la debilidad en la gestión socioambiental, sobre todo en la generación de datos. No se ha realizado una actualización sistemática de los mapas de cobertura boscosa en más de 25 años, lo que dificulta la planificación informada y permite edificaciones en zonas de amortiguamiento. Las consecuencias se evidencian en hechos como la muerte de monos congos en Guanacaste por la ausencia de pasos aéreos y la presión sobre el Parque Nacional Manuel Antonio, donde el desarrollo avanza en los límites del área protegida.
La investigación cuestionó la eficacia de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y la Ley Orgánica del Ambiente debido a su incapacidad para impedir la mercantilización progresiva de los espacios costeros. Los participantes señalaron que la falta de control y seguimiento ha facilitado la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de familias locales.
En el plano económico, el informe recoge testimonios sobre la transformación del acceso a la propiedad y la vivienda. Hace una década, se promovía la venta de terrenos comunitarios; hoy, la especulación ha disparado los precios y restringido la permanencia de las familias. “Costa Rica está tomando un modelo tipo Cancún… existe mucha impunidad”, relató uno de los asistentes, que pidió reserva de su identidad.
El documento sostiene que los beneficios del turismo quedan concentrados en grandes inversionistas, mientras las comunidades absorben los costos sociales y ambientales. La presión sobre el valor del suelo impide que muchas familias mantengan su arraigo y limita el acceso a la vivienda.
El informe enfatiza la necesidad de fortalecer la articulación social. Los participantes pidieron mayor asistencia técnica y legal, control ciudadano y redes de capacitación. También propusieron fomentar iniciativas socioproductivas basadas en economías locales, proteger los ecosistemas y preservar la identidad cultural.
La coordinadora del PIC-Idespo, Grethel Ulate, resumió el enfoque del estudio: “Resulta fundamental abrir espacios de diálogo y reflexión que permitan visibilizar estas problemáticas, así como reconocer y fortalecer las acciones que distintos colectivos comunitarios, universidades y de otros sectores vienen impulsando no solo para comprender el fenómeno, sino también para plantear propuestas más justas y sostenibles que garanticen el derecho de los habitantes a permanecer en los territorios”.
