La Municipalidad de Concordia apartó de su cargo a un agente que, en lugar de presentarse a trabajar, atendía clientes en una peluquería del centro de la ciudad. El caso no se trató de un par de ausencias aisladas. La investigación administrativa determinó que el empleado acumuló más de 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses, un registro que, por sí solo, habría bastado para iniciar un proceso disciplinario. Pero la dimensión del asunto fue más allá del ausentismo: mientras el Estado le pagaba un salario, el agente ejercía un oficio por cuenta propia en ese mismo horario.
El protagonista del expediente es Gustavo Gutiérrez, quien prestaba funciones en la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio entrerriano. Su trayectoria dentro del Estado local no comenzó allí: con anterioridad, Gutiérrez ocupó un cargo en el Concejo Deliberante de Concordia como asesor de la concejal Claudia Villalba. El paso de la función legislativa a la administrativa no alteró, al parecer, una conducta que las autoridades municipales terminaron por documentar y sancionar.
Lo que convirtió al caso en algo difícil de ignorar fue el detalle que emergió durante la investigación: el propio Gutiérrez, según consta en el expediente, reconocía ante sus clientes que en ese momento debía estar cumpliendo funciones en la Municipalidad. No se trató de una deducción de los investigadores ni de un testimonio indirecto. El agente lo admitía en el lugar mismo donde desarrollaba la actividad privada, frente a quienes lo contrataban para cortarse el cabello.
La pesquisa fue llevada adelante por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó un patrón de ausencias entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. Ante la magnitud de las faltas, el área dispuso la apertura del correspondiente sumario administrativo. En el marco de esas actuaciones, los investigadores constataron que Gutiérrez no solo no concurría a su puesto de trabajo, sino que destinaba ese tiempo a atender la peluquería ubicada sobre calle Santa María de Oro, entre las calles Entre Ríos y San Luis, en pleno casco céntrico de la ciudad.
La acumulación de faltas y la comprobación de la actividad paralela llevaron al Departamento Ejecutivo a aplicar la sanción más grave prevista en el régimen disciplinario: la cesantía. La medida se encuadró en lo establecido por la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49 y fue notificada tanto al agente como a su defensora técnica, con lo que quedó formalmente completado el procedimiento administrativo.
Desde la gestión municipal remarcaron que la decisión forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada empleado cumpla efectivamente con las tareas por las que percibe una remuneración financiada por los contribuyentes. Las autoridades subrayaron que no habrá tolerancia ante situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos.
El caso de Gutiérrez pone en evidencia las brechas que pueden existir en los mecanismos de control del empleo público municipal cuando los sistemas de registro de asistencia no se articulan con verificaciones en terreno. La detección tardía —las ausencias se extendieron durante casi dos meses antes de que se abriera el sumario— ilustra los tiempos que suelen mediar entre el inicio de una irregularidad y su resolución formal dentro de la administración.
