La expulsión masiva de estudiantes y médicos internos a raíz de la Resolución 04-2026 ha dejado al descubierto un vacío crítico en el funcionamiento del sistema público de salud en Nicaragua.
La medida, que afecta no solo a quienes cursaban desde el primero al quinto año de la carrera de Medicina, sino también a los internos del sexto año, ha provocado la salida de cerca del 40% de la fuerza operativa en hospitales y centros de salud, según reportó el medio digital DIVERGENTES en su más reciente investigación.
En la práctica hospitalaria, los médicos internos desempeñan tareas centrales en la atención cotidiana: reciben pacientes, elaboran historias clínicas, asisten en procedimientos básicos, rotan por áreas como Cirugía, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Centros de Salud, y forman parte de los equipos que cubren turnos extensos junto a médicos generales y especialistas.
De acuerdo con el especialista en salud pública José Antonio Delgado, citado por DIVERGENTES, estos estudiantes representan uno de los pilares que sostiene la operatividad del sistema hospitalario.
“El interno es uno de los médicos que hace el mayor trabajo operativo. Es el que más consultas hace, el que realiza más procedimientos menores…Eliminar de la cadena de trabajo a los internos es debilitar aún más al sistema”, explicó Delgado.
El impacto de la expulsión no se limita al ámbito formativo. Numerosos testimonios recogidos por el mismo medio confirman que la ausencia de internos ha comenzado a repercutir en la atención diaria.
Sonia, estudiante de Medicina que pidió anonimato, sostuvo que quienes celebran la medida desconocen la realidad de los hospitales públicos. “La demanda de pacientes ya no es la misma de hace diez o veinte años. Hoy los hospitales atienden a una población mucho mayor y dependen más del trabajo de los médicos internos para responder a esa carga asistencial”, afirmó en comunicación con DIVERGENTES.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citados por el mismo medio, muestran que Nicaragua dispone de apenas nueve médicos por cada 10, 000 habitantes, la tasa más baja de Centroamérica. Esta debilidad estructural se ha profundizado por el exilio y despido de personal sanitario tras la Rebelión de Abril de 2018, la pandemia del Covid-19 y la incapacidad de reemplazar especialistas en los últimos años.
La Resolución 04-2026, presentada como una medida para elevar la calidad de la formación médica, endureció los requisitos de permanencia y eliminó mecanismos de recuperación para estudiantes que reprueban asignaturas. Sin embargo, el propio texto de la resolución reconoce en su numeral quinto que los internos del sexto año continúan sujetos al Reglamento del Internado Rotatorio, que establece un sistema gradual de evaluación en el que la práctica clínica y el desempeño ético son componentes fundamentales.
DIVERGENTES documentó casos de internos expulsados de forma arbitraria por motivos que van desde reprobar asignaturas en años anteriores hasta retrasos originados por la pandemia o circunstancias personales. Para Mónica, estudiante que acaba de terminar el internado rotatorio en el Hospital Carlos Roberto Huembes, la experiencia confirma la magnitud de la responsabilidad asumida por los internos. “Uno llega pensando que va a aprender, pero rápidamente entendés que también estás trabajando. Atendíamos emergencias menores, elaborábamos historias clínicas, dábamos seguimiento a pacientes hospitalizados y asistíamos a los médicos en múltiples procedimientos. Sentíamos que nuestro trabajo realmente era útil”, relató al mismo medio digital.
La salida de los internos ha sobrecargado a los equipos médicos que ya enfrentaban un déficit histórico de personal. Una fuente que trabaja en dos hospitales públicos, también consultada por DIVERGENTES, aseguró que las tareas que antes asumían estos estudiantes ahora recaen sobre médicos generales y especialistas, lo que puede generar retrasos en la atención y aumentar los tiempos de espera para los pacientes. Sonia agregó que la ausencia se percibirá especialmente en los turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana, cuando suelen ser los internos quienes reciben a los pacientes y dan la atención inicial.
El especialista José Antonio Delgado advirtió que un sistema con menos personal no solo reduce la capacidad de respuesta, sino que también limita el tiempo de supervisión y formación de los futuros médicos. “Cuando un médico tiene que atender más pacientes de los que razonablemente puede asumir, dispone de menos tiempo para revisar cada caso, explicar tratamientos o acompañar la formación de quienes vienen detrás”, indicó en declaraciones recogidas por DIVERGENTES.
La controversia en torno a la resolución se da en un contexto de creciente control político sobre el gremio médico. En los últimos meses, el régimen endureció las acciones contra el sector, ordenando evaluaciones psicológicas masivas y criminalizando la práctica médica, de acuerdo con reportes previos de DIVERGENTES. Voces como las de los exrectores universitarios Ernesto Medina y Adrián Meza han señalado que las deficiencias en la formación médica no responden únicamente al rendimiento estudiantil, sino al deterioro institucional tras la confiscación de universidades y la reorganización de la educación superior bajo control estatal.
El Reglamento del Internado Rotatorio, citado por DIVERGENTES, dispone que la evaluación del interno debe integrar componentes teóricos y prácticos, así como criterios de desempeño clínico, ética y trabajo en equipo. Delgado sostiene que la calidad de la formación médica se construye fortaleciendo todo el proceso formativo y no endureciendo las condiciones para los estudiantes. “La calidad no se mejora expulsando estudiantes mientras persisten problemas estructurales en el propio sistema donde se forman”, concluyó Delgado en declaraciones citadas por DIVERGENTES.
