La defensa de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización investigada por presunta trata de personas en Bariloche, sumó un nuevo frente en la causa judicial. Una abogada costarricense presentó ante la Procuración General de la Nación una denuncia disciplinaria para que se investigue la actuación de tres fiscales del Ministerio Público Fiscal por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación.
Según pudo saber Infobae, la presentación fue realizada por Iveth Emilia Quesada Ugalde, quien aseguró actuar con autorización expresa de Rudnev y en coordinación con la defensa técnica argentina encabezada por el abogado Martín Sarubbi. El escrito aclara que no busca revisar las resoluciones judiciales dictadas en el expediente, sino que se investigue la conducta funcional de los fiscales Oscar Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, y de los fiscales Tomás Labal y Gustavo Révora, quienes intervinieron en distintas instancias de la causa.
La presentación se conoce semanas después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la prisión domiciliaria que había obtenido Rudnev. Al resolver, los jueces consideraron que persistía el riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos investigados, la falta de arraigo en el país y la presunta vinculación del imputado con una organización de alcance transnacional.
De acuerdo con la denuncia, existie un “patrón de actuación dirigido a sostener la prisión intramuros del señor Rudnev mediante argumentos fácticamente inexactos, omisión de elementos favorables, oposición injustificada a alternativas médicamente seguras y restricciones al ejercicio efectivo de la defensa”. La letrada remarcó que no toda postura fiscal contraria a la defensa constituye una falta disciplinaria, pero consideró que la acumulación de los hechos relatados justifica una investigación independiente.
Entre los puntos centrales de la denuncia figura el cuestionamiento a la afirmación fiscal de que Rudnev habría sido detenido con dos pasajes aéreos simultáneos, dato que la defensa asegura es falso y que habría sido utilizado para reforzar la hipótesis de riesgo de fuga.
El escrito también cuestiona la referencia a las 131 pastillas secuestradas durante la investigación. Según la denuncia, los peritajes realizados sobre esos comprimidos arrojaron resultado negativo, aunque la fiscalía habría continuado mencionándolos como sustancias psicotrópicas para sostener la gravedad de la imputación.
En la misma línea, rechaza la hipótesis de una organización criminal estructurada bajo el liderazgo de Rudnev y sostiene que esa conclusión se construyó únicamente sobre la coincidencia temporal del ingreso al país de distintos ciudadanos rusos.
La investigación también comprende imputaciones por presunta trata de personas, falsedad ideológica, delitos migratorios y otros hechos que la fiscalía atribuye a una organización integrada por ciudadanos rusos que operaba bajo la fachada de centros de yoga y espiritualidad.
La defensa niega esas acusaciones y sostiene que no existen pruebas suficientes para respaldarlas. En ese contexto, la denuncia pide determinar si los fiscales diferenciaron adecuadamente entre hechos acreditados, inferencias y meras hipótesis al momento de solicitar restricciones a la libertad del imputado.
El traslado después de la operación
Uno de los capítulos centrales de la denuncia está vinculado al estado de salud del ciudadano ruso y a su traslado luego de una intervención quirúrgica.
Rudnev fue operado el 26 de mayo pasado por una hernia inguinal. Según la presentación, pocos días después fue trasladado por vía terrestre desde la Unidad N.º 6 de Rawson hasta el domicilio donde cumple prisión domiciliaria en San Vicente, en un viaje que habría superado las veinte horas y que realizó sentado, sin camilla.
La defensa sostiene que previamente había solicitado que el traslado se realizara por vía aérea e incluso había ofrecido afrontar los costos, pero la fiscalía se opuso a esa alternativa. También afirma que la Policía Federal había informado que existía la posibilidad de utilizar una aeronave institucional, aunque esa alternativa finalmente no prosperó.
Como respaldo de ese planteo, la denuncia incorpora un informe firmado por el cirujano Julio César Bellido, quien consideró verosímil que el prolongado traslado terrestre pudiera haber provocado complicaciones sobre la hernia recientemente operada.
Además, la presentación rebate la idea de que Rudnev se hubiera negado sistemáticamente a someterse a exámenes médicos. La denuncia incorpora una declaración escrita del propio Rudnev, del 13 de mayo de 2026, en la que habría solicitado expresamente ser examinado por la hernia inguinal antes de cualquier traslado. La cirugía finalmente se realizó 13 días después, con diagnóstico de hernia inguinoescrotal voluminosa con contenido intestinal, lo que para la denunciante confirma que el cuadro de salud invocado no era instrumental, como había sugerido la fiscalía.
La presentación detalla además un dictamen médico-legal del 29 de mayo de 2026 que documenta canal cervical estrecho con cuadriparesia, cardiopatía hipertensiva y riesgo de accidente cerebrovascular, y señala que el alta quirúrgica contraindicaba expresamente traslados prolongados y el alojamiento en establecimientos penitenciarios. Pese a esa documentación, según la denuncia, el Ministerio Público Fiscal continuó impulsando el regreso de Rudnev a prisión.
Restricciones durante una audiencia
La denuncia también cuestiona el desarrollo de una audiencia testimonial. Según la presentación, la fiscalía dispuso que los imputados no pudieran presenciar la declaración, que las preguntas de la defensa debieran enviarse con anticipación para ser evaluadas previamente y que las cámaras y los micrófonos permanecieran apagados durante el acto. Para la denunciante, esas decisiones limitaron el derecho de defensa.
Además, la presentación rechaza la valoración realizada por la fiscalía sobre la capacidad económica atribuida a Rudnev. La defensa sostiene que el dinero y los bienes mencionados durante la investigación no fueron secuestrados al ciudadano ruso ni figuraban a su nombre, por lo que considera que esos elementos no podían utilizarse para sostener el riesgo de fuga.
Entre las medidas solicitadas a la Procuración General, la denunciante pidió preservar toda la prueba documental y digital vinculada al caso, designar a un fiscal ajeno a la sede de Bariloche para supervisar las decisiones relacionadas con la salud y la custodia de Rudnev mientras se analiza la presentación, garantizar la intervención de un intérprete ruso-español y tomar declaración a los abogados defensores y al cirujano que lo operó.
La carta pública
La presentación se conoce pocos días después de que Rudnev difundiera una carta pública en la que cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino y reclamó una Justicia “más transparente, responsable y justa”.
En ese documento, al que accedió este medio, sostuvo que no pretendía obtener un trato especial, sino que cualquier persona tuviera acceso a un análisis imparcial de su caso. También convocó a periodistas, abogados, jueces, académicos y organizaciones sociales a promover un debate sobre la calidad institucional, la valoración de las pruebas y las garantías procesales.
Con la denuncia presentada ante la Procuración General, la estrategia de la defensa sumó un nuevo capítulo, que se agrega a las apelaciones presentadas en la causa mientras continúa la investigación contra Rudnev y el resto de los imputados.
