Durante la celebración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, las diversas plataformas de la oposición nicaragüense, en conjunto con organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil asentados principalmente en el exilio, han elevado una enérgica solicitud formal a los Estados miembros.
La petición central radica en que la comunidad internacional otorgue de manera definitiva un tratamiento de total ilegitimidad al Gobierno de Nicaragua, el cual es copresidido de forma autocrática por el matrimonio compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta iniciativa busca que las delegaciones del hemisferio reconozcan formalmente que la administración de Ortega y Murillo carece de validez legal y democrática, fundamentando este reclamo tanto en su origen viciado como en el ejercicio represivo del poder. El documento presentado busca visibilizar de manera directa cómo el régimen ha desmantelado el orden constitucional y democrático a lo largo de los últimos años.
De igual manera, el documento compartido con los representantes internacionales actualiza los datos de una profunda crisis social y política que se extiende ya por un periodo de ocho años. Los datos estadísticos recabados hasta mayo de 2026 reflejan una realidad alarmante dentro de las fronteras nicaragüenses, donde las organizaciones de derechos humanos denuncian que el aparato estatal continúa utilizando la violencia institucionalizada como principal método de control de la población.
Entre las cifras más alarmantes presentadas en el escrito se destaca que permanecen al menos 46 personas recluidas bajo la condición de presos políticos, mientras que otras nueve personas se encuentran en un estado de desaparición forzada.
A este panorama se suma la privación arbitraria de la nacionalidad a 452 ciudadanos nicaragüenses, la confiscación y el cierre masivo de miles de organizaciones de la sociedad civil, la persecución y expulsión sistemática de periodistas independientes y líderes religiosos, y el desplazamiento forzado de más de 850,000 personas que han tenido que migrar al exterior desde el año 2018.
Un hecho de extrema gravedad mencionado explícitamente en el reporte es el fallecimiento bajo custodia estatal del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera. Rivera murió en mayo tras haber permanecido cerca de tres años detenido, incomunicado y bajo condiciones de desaparición forzada.
El bloque opositor denunció que el régimen de Ortega y Murillo solo admitió su detención cuando su estado de salud ya era completamente irreversible, lo que evidencia la vulneración absoluta del derecho a la vida de los disidentes y la urgencia de demandar pruebas de vida de todos los desaparecidos.
Un llamado urgente a la acción internacional
Frente a este escenario exasperante, la oposición nicaragüense ha enfatizado ante la Asamblea General de Panamá que “Nicaragua no puede esperar más”. Por consiguiente, han demandado de forma explícita a la OEA que se reafirme sin ambigüedades el derecho soberano del pueblo nicaragüense a elegir de manera libre, auténtica y transparente a sus legítimas autoridades gubernamentales a través de comicios genuinamente democráticos.
Finalmente, los opositores solicitaron formalmente a los Estados miembros del organismo hemisférico utilizar de manera coordinada todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales que estén disponibles en el derecho internacional. El objetivo es canalizar la crisis interna hacia una salida pacífica y democrática, exhortando a los gobiernos de la región a interponer sus buenos oficios para propiciar una transición política integral que cuente indispensablemente con la participación activa de los actores sociales y políticos de la oposición.
Nicaragua ha permanecido bajo el control político de Daniel Ortega desde el año 2007. El exguerrillero sandinista, de 80 años de edad, ha logrado perpetuarse en la presidencia mediante una sucesión de procesos electorales fuertemente cuestionados por la comunidad internacional.
