El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), amenazó con tomar una central eléctrica en la región Trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, si se vuelven a producir apagones de electricidad.
“Si otra vez nos cortan, nos movilizamos, tomamos una (planta de energía eléctrica) y la administramos para que nunca nos falte energía”, manifestó el exmandatario en una reunión con los sindicatos cocaleros en la localidad de Shinahota, a 190 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. “Está en nuestro territorio (…) aquí tenemos ingenieros, electricistas, administradores”, señaló.
En el último mes, los medios locales registraron al menos tres episodios de interrupción del suministro eléctrico en la región cocalera, donde el expresidente permanece desde hace casi dos años bajo custodia de sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de captura por una investigación que lo acusa de trata agravada de menores.
El primer caso se produjo el 27 de mayo, cuando un apagón de más de dos horas afectó a varios municipios de la región. La interrupción del servicio generó preocupación entre organizaciones sociales y sectores cocaleros, que reaccionaron con vigilias y medidas de protesta en distintas localidades.
Días después, el 6 de junio, medios regionales informaron sobre una nueva interrupción eléctrica, que afectó a Lauca Ñ y poblaciones cercanas, y el tercer episodio reportado ocurrió el 20 de junio cuando localidades como Shinahota, Lauca Ñ y Senda III quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas.
Los cortes de energía eléctrica, que según el exmandatario suman 30 horas, ocurrieron en un momento de tensión política y social, cuando diferentes organizaciones del país -entre ellas los cocaleros afines a Morales- protagonizaban bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien, a siete meses de gestión, enfrenta acusaciones de traición por parte de varios sectores sociales que cuestionan el incumplimiento de sus promesas de campaña electoral.
El expresidente manifestó que los apagones no responden a fallas técnicas, como afirmó inicialmente la compañía que provee servicios eléctricos, sino que se trata de “una política de castigo” contra su región. “Es una medida abusiva que afecta a miles de familias trabajadoras, productores, transportistas, estudiantes y comerciantes”, denunció días atrás el exmandatario en sus redes sociales.
El Gobierno boliviano rechazó estas afirmaciones y calificó la amenaza de tomar centrales eléctricas como un acto “criminal”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que van a desplegar a las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de la infraestructura estratégica del Estado y afirmó que “no hay nadie por encima de la ley”.
El cruce se produce en un ambiente de tensión política y social tras más de 50 días de bloqueos de carreteras que buscaban la renuncia del presidente. El sábado, el Gobierno firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) —una de las organizaciones que impulsaba las protestas— y horas después dictó un estado de excepción que desincentivó la continuidad de los bloqueos: los campesinos del altiplano se replegaron y los cocaleros de Cochabamba anunciaron una pausa en los bloqueos.
Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no registra piquetes, pero algunos tramos permanecen intransitables por los escombros que quedaron de las protestas.
Si bien el país parece haber recuperado el orden, sus secuelas permanecerán a largo plazo. Varios analistas advierten que la crisis social dejó pérdidas económicas irreparables, profundizó las fracturas sociales y reconfiguró las relaciones de poder entre el Gobierno, la oposición y los movimientos sociales.
