La Fiscalía General del Estado incorporó un nuevo testimonio dentro del denominado Caso Goleada, una investigación que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a varias personas de su entorno político y empresarial. Durante una diligencia judicial realizada en el marco de la causa, un testigo aseguró que el actual asambleísta Raúl Chávez habría sido el responsable de presentar a Álvarez con el expresidente Rafael Correa a cambio de una compensación económica que, según su versión, alcanzó los USD 250.000.
La declaración fue rendida por José Ricardo Cevallos, exgerente financiero de empresas vinculadas al entorno de Álvarez, quien compareció ante la Fiscalía para entregar información relacionada con la investigación. Durante su testimonio, sostuvo que el acercamiento entre el entonces empresario guayaquileño y el exmandatario ecuatoriano se produjo como parte de una estrategia política orientada a impulsar la candidatura de Álvarez a la Alcaldía de Guayaquil con el respaldo de sectores afines al correísmo.
Según la versión de Cevallos, Chávez habría facilitado los contactos entre ambas figuras políticas y desempeñado un papel relevante en las conversaciones que derivaron en la participación de Álvarez en el proceso electoral seccional de 2023. El testigo afirmó que el exmandatario habría visto en el empresario una opción competitiva para disputar la alcaldía debido a su nivel de conocimiento público y a su capacidad económica para sostener una campaña política.
Durante la diligencia, Cevallos aseguró que la contraprestación por esa gestión habría sido canalizada mediante una serie de operaciones realizadas desde empresas vinculadas a Álvarez. De acuerdo con su relato, los recursos fueron entregados a través de transferencias, bienes y vehículos que posteriormente habrían sido justificados mediante contratos y facturas por servicios de consultoría.
El testigo detalló tres operaciones específicas que, según dijo, formaban parte de ese acuerdo. La primera correspondió a la entrega de un vehículo utilitario deportivo valorado en aproximadamente USD 60.000 durante marzo de 2023. La segunda consistió en una transferencia de USD 150.000 realizada meses después a una compañía identificada como CHN S.A. Finalmente, señaló que una camioneta valorada en alrededor de USD 40.000 también habría sido entregada a la misma empresa durante octubre de ese año.
La suma de esas operaciones, según la declaración de Cevallos, alcanzó los USD 250.000 que habrían sido destinados a compensar la intermediación política realizada por Chávez. El testigo sostuvo además que dichas transacciones fueron registradas mediante documentos comerciales que buscaban respaldar los movimientos financieros.
En su comparecencia, Cevallos también afirmó que Álvarez habría realizado aportes económicos para respaldar campañas políticas vinculadas al correísmo, incluida la candidatura presidencial de Luisa González. Según indicó, esos apoyos formaban parte de una relación política que se fortaleció tras los contactos iniciales entre Álvarez y Correa.
Otra de las afirmaciones realizadas durante el testimonio fue que la estrategia política atribuida a Álvarez y Chávez contemplaba inicialmente obtener el respaldo del correísmo para alcanzar la Alcaldía de Guayaquil y posteriormente construir una organización política propia. Esa versión forma parte de las declaraciones entregadas por el testigo y deberá ser contrastada con otros elementos de la investigación.
Tras conocerse el contenido de la diligencia, Chávez rechazó públicamente las acusaciones y negó haber recibido pagos irregulares. Su defensa sostuvo que las operaciones económicas señaladas por la Fiscalía corresponden a actividades comerciales legítimas relacionadas con servicios de consultoría prestados por sus empresas.
El abogado del legislador manifestó que existen documentos contables, tributarios y periciales que respaldan la legalidad de las transacciones observadas. Según la defensa, los pagos recibidos fueron declarados ante las autoridades correspondientes y cuentan con sustento documental.
Chávez también cuestionó la credibilidad del testimonio y señaló que las afirmaciones forman parte de una versión que deberá ser verificada dentro del proceso judicial. Desde su entorno se ha insistido en que no existe evidencia que demuestre la comisión de delitos relacionados con los hechos descritos por el testigo.
