Una investigación desarrollada durante nueve meses por las autoridades ecuatorianas y organismos de cooperación internacional derivó en la detención de cinco personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del área de Migración, señalados de integrar una estructura que habría facilitado la salida irregular de migrantes desde Ecuador hacia Estados Unidos y varios países europeos mediante el uso de identidades falsas y documentos auténticos pertenecientes a terceros.
El operativo fue ejecutado en las provincias de Guayas y Tungurahua, donde agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron siete allanamientos simultáneos. Las acciones formaron parte de una investigación coordinada con el Ministerio del Interior y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), especializada en delitos transnacionales vinculados al tráfico de personas, migración irregular y crimen organizado.
Según las autoridades, la organización operaba principalmente desde el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, una de las principales terminales aéreas del país. Allí, los funcionarios investigados habrían aprovechado sus cargos para facilitar el tránsito de personas que viajaban utilizando documentos de identidad ajenos.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio del Interior, la modalidad consistía en obtener pasaportes auténticos, ecuatorianos o españoles, así como visas estadounidenses legítimas pertenecientes a otras personas. Posteriormente, los integrantes de la red identificaban migrantes con características físicas similares a los titulares de esos documentos para intentar que superaran los controles migratorios y abordaran vuelos internacionales.
Las investigaciones apuntan a que los viajeros partían desde Ecuador con destino inicial a Colombia y desde allí continuaban sus desplazamientos hacia Estados Unidos o distintos países europeos. La participación de los funcionarios migratorios habría sido clave para permitir que las personas atravesaran los controles de salida sin ser detectadas pese a las inconsistencias en su identidad.
Las autoridades sostienen que los involucrados facilitaban el registro migratorio y estampaban los sellos oficiales de salida del país, permitiendo que los pasajeros continuaran su trayecto utilizando documentación que no les pertenecía. Una vez completado el viaje o detectada alguna irregularidad, los documentos regresaban a Ecuador para ser utilizados nuevamente por otros migrantes, lo que habría permitido mantener activo el esquema durante un período prolongado.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la investigación permitió establecer el funcionamiento de la estructura y documentar varios de los procedimientos utilizados para vulnerar los controles migratorios. Según explicó, la organización cobraba entre USD 5.000 y USD 8.000 por cada traslado, aunque algunas líneas investigativas apuntan a que el costo podía alcanzar montos cercanos a los USD 10.000 dependiendo del destino y de las facilidades requeridas para concretar el viaje.
Las pesquisas también identificaron al menos un caso de una persona que logró llegar hasta la ciudad de Nueva York utilizando esta modalidad. Sin embargo, al arribar a territorio estadounidense fue detectada por las autoridades migratorias, declarada inadmisible y posteriormente retornada a Ecuador. Tras su regreso, fue incorporada a la investigación que desarrollaban los organismos ecuatorianos.
Durante los allanamientos, los investigadores buscaron documentación, equipos electrónicos y otros elementos que permitan determinar la magnitud de la operación y establecer cuántas personas lograron salir del país mediante este mecanismo. Las diligencias también incluyeron oficinas vinculadas al sistema migratorio en el aeropuerto de Guayaquil.
La Fiscalía informó que los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia mientras continúan las investigaciones para identificar posibles conexiones adicionales dentro de la estructura. Las autoridades buscan establecer si existieron más funcionarios involucrados y determinar el número exacto de operaciones realizadas desde que comenzó a funcionar la red.
El caso se produce en un contexto de creciente atención sobre las rutas de migración irregular que conectan a Ecuador con Norteamérica y Europa. En los últimos años, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre la diversificación de los métodos utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, incluidas modalidades basadas en la falsificación documental, la suplantación de identidad y la utilización de redes de apoyo dentro de instituciones públicas.
